La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció este jueves una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve al arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, duplicando la suma ofrecida en enero de 2025. La medida, que intensifica la presión sobre el líder chavista, refleja la postura de la administración de Donald Trump de señalar a Maduro como una amenaza clave para la seguridad nacional.
Una acusación de larga data
Desde 2020, durante el primer mandato de Trump, Estados Unidos acusó a Maduro de narcotráfico y terrorismo, vinculándolo al Cartel de los Soles, una presunta red criminal operada por funcionarios venezolanos. En un video compartido en redes sociales, Bondi calificó la recompensa como “histórica” y acusó a Maduro de colaborar con organizaciones como el Cartel de Sinaloa para introducir drogas en territorio estadounidense. “Maduro es uno de los mayores narcotraficantes del mundo, y sus acciones amenazan la seguridad de nuestra nación”, afirmó la fiscal.
Por su parte, el Departamento de Justicia ha intensificado sus esfuerzos contra el régimen venezolano. Bondi reveló que la Administración de Control de Drogas (DEA) ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus aliados, incluyendo siete toneladas directamente asociadas al presidente. Además, se han confiscado más de 700 millones de dólares en activos, incluyendo dos aviones privados y nueve vehículos, según datos del Departamento del Tesoro.
Impacto económico y político
La recompensa de 50 millones de dólares busca presionar al régimen de Maduro en un momento de creciente tensión internacional. En 2024, Venezuela exportó aproximadamente 600,000 barriles diarios de petróleo, de los cuales el 40% llegó a mercados asiáticos, según la Agencia Internacional de Energía. Sin embargo, las sanciones estadounidenses han reducido los ingresos del país en un 60% desde 2019, exacerbando una crisis económica que ha desplazado a más de 7.8 millones de venezolanos, según la ONU. La administración Trump ha señalado que estas medidas, junto con la recompensa, buscan debilitar las finanzas del régimen y forzar un cambio político.
Sin embargo, la estrategia ha generado críticas. Analistas como Francisco Rodríguez, de la Universidad de Denver, argumentan que la recompensa podría fortalecer la narrativa de Maduro de ser víctima de una “guerra imperialista”, consolidando su apoyo interno. En Venezuela, el régimen ha utilizado estas acusaciones para justificar la represión de opositores, con más de 1,500 detenciones reportadas en 2025, según la ONG Foro Penal.
Respuesta desde Caracas
El gobierno venezolano no tardó en responder. El canciller Yván Gil, en un mensaje en Telegram, calificó la recompensa como una “patética operación de propaganda” y una “cortina de humo” para distraer de los problemas internos de Estados Unidos. “Mientras desmontamos tramas terroristas orquestadas desde su país, esta señora monta un circo mediático para complacer a la ultraderecha venezolana derrotada”, afirmó Gil, refiriéndose a Bondi. El ministro también describió la medida como un “chiste” y aseguró que “la dignidad de Venezuela no está en venta”.
Por otro lado, el régimen de Maduro ha fortalecido su alianza con países como China y Rusia, que han condenado las acciones de Washington. En julio, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, anunció ejercicios militares conjuntos con Rusia, mientras que China prometió 500 millones de dólares en inversiones para 2026, según el Ministerio de Planificación venezolano.
Contexto de la escalada
La decisión de aumentar la recompensa se produce en un contexto de endurecimiento de la política exterior de Trump hacia Venezuela. Desde su regreso al poder en enero, el presidente ha reimpuesto sanciones al sector petrolero y ha presionado a aliados como México para limitar el comercio con Caracas. En mayo, el Departamento de Estado acusó a Maduro de usar el narcotráfico para financiar actividades terroristas, citando vínculos con grupos como Hezbolá.
Mientras tanto, la recompensa de 50 millones refuerza la narrativa de confrontación de la Casa Blanca. Organizaciones como Human Rights Watch han advertido que estas medidas, aunque buscan justicia, podrían agravar la crisis humanitaria en Venezuela, donde el 82% de la población vive en pobreza extrema, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. A medida que la tensión crece, el impacto de la recompensa sigue siendo incierto, tanto para Maduro como para las relaciones entre Washington y Caracas.
