El nuevo costo de 100.000 dólares por cada visa H-1B, anunciado por la administración del presidente Donald Trump, ha causado alarma en el sector sanitario estadounidense. Mientras la Casa Blanca defiende la medida como una forma de priorizar a los trabajadores nacionales, los hospitales rurales y los programas médicos advierten que la medida podría agravar la crisis de escasez de médicos en comunidades vulnerables y desatendidas.
Hospitales rurales, los más afectados
“El objetivo es animar a las empresas a contratar estadounidenses”, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, al presentar la nueva política. Sin embargo, para centros de salud como St. Luke’s Hospital, en Chesterfield, Missouri, la realidad es distinta.
“De ninguna manera vamos a pagar 100.000 dólares”, aseguró Carolynn Lundry, coordinadora del programa de residencia médica del hospital. Cada año, selecciona 16 residentes extranjeros de medicina interna. “Si eliminamos las visas H-1B, se reducen nuestras opciones y comprometemos la atención médica”.
Según un estudio de los Institutos Nacionales de Salud, el 64% de los médicos extranjeros trabaja en zonas con escasez de personal sanitario, y casi la mitad lo hace en áreas rurales. Pese a su papel esencial, la nueva tarifa complicará la contratación de estos profesionales, vitales para mantener los servicios médicos operativos.
Déficit de médicos agrava la crisis
La Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) calcula que Estados Unidos necesita más de 13.000 médicos adicionales para cubrir las vacantes actuales y proyecta que para 2037 el déficit llegará a 87.150 médicos de atención primaria.
Este panorama genera preocupación en hospitales rurales, clínicas y programas de salud comunitarios que dependen de médicos extranjeros bajo la visa H-1B. La doctora Lundry advierte que competir por graduados estadounidenses es casi imposible. “Muchos prefieren programas académicos de gran prestigio, lo que deja a hospitales como el nuestro sin opciones”, señaló.
La economía también siente el impacto
El incremento de la tarifa, que pasó de 3.000 a 100.000 dólares, ha provocado una reacción inmediata. La Cámara de Comercio de Estados Unidos demandó al Gobierno, argumentando que el costo resulta “prohibitivo para empleadores y pequeñas empresas”.
“Esta tarifa hará inaccesible el programa H-1B, diseñado precisamente para permitir que todas las compañías, sin importar su tamaño, accedan al talento global que necesitan para crecer”, expresó Neil Bradley, vicepresidente ejecutivo de la Cámara.
Mientras el sector tecnológico busca alternativas internas, la salud pública enfrenta un problema más urgente: mantener la atención médica en regiones donde ya escasea.
Médicos extranjeros en riesgo de quedar fuera
La Asociación Médica Estadounidense (AMA) y más de 50 sociedades médicas pidieron al Gobierno de Trump que excluya a los médicos del incremento tarifario. En una carta enviada al Departamento de Seguridad Nacional, las organizaciones advirtieron que muchos estados con déficit de profesionales se benefician directamente del trabajo de médicos extranjeros.
“El sistema de salud depende de estos profesionales para brindar atención accesible y de calidad”, señalaron. Sin embargo, la última guía del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aclara que la tarifa solo aplicará a nuevos solicitantes que residen fuera del país, no a quienes ya tienen una visa H-1B activa y deben renovarla.
Aun así, esta excepción no resuelve la crisis. Muchos graduados internacionales que desean iniciar su residencia médica en EE.UU. necesitarán presentar nuevas solicitudes, lo que los deja fuera de alcance financiero para hospitales con presupuestos limitados.
Voces del sistema sanitario
“El problema no solo es económico, sino social”, explicó Chuck Thigpen, director clínico y de estrategia de ATI Physical Therapy, una cadena con 450 puestos clínicos vacantes. Su empresa cuenta con 49 empleados H-1B y 97 con visa H-4, destinada a los familiares de estos trabajadores.
“Si tengo que pagar 100.000 dólares por cada contratación, tendré que cerrar clínicas”, advirtió Thigpen. “Hay más trabajos que solicitantes, y sin personal extranjero no podemos sostener el sistema”.
También preocupa el futuro de médicos refugiados, como Mykola, un profesional ucraniano que llegó a EE.UU. tras la invasión rusa. “He gastado miles de dólares en exámenes y certificaciones”, relató. “Quiero servir en comunidades donde falta atención médica, pero ahora no sé si algún hospital podrá patrocinarme”.
Crece la presión sobre la Casa Blanca
Ante las múltiples demandas, la administración Trump mantiene su postura. Desde la Casa Blanca aseguran que la nueva tarifa “garantiza seguridad y equidad” al evitar abusos del sistema. Según el Gobierno, la medida busca equilibrar el mercado laboral y reducir la dependencia de trabajadores extranjeros en sectores clave.
No obstante, los expertos advierten que esta política podría tener un efecto contrario. Con una población envejecida y una base médica reducida, el sistema de salud estadounidense corre el riesgo de perder talento especializado y dejar sin atención a las zonas más alejadas del país.
Por ahora, hospitales rurales y clínicas comunitarias continúan presionando a Washington para lograr una excepción médica en la norma, mientras algunas instituciones evalúan reducir sus servicios o cerrar programas de residencia ante los altos costos.
