La colaboración entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y las fuerzas del orden estatales y locales se ha expandido a un ritmo sin precedentes durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump. Según el informe de FWD.us publicado en febrero de 2026, al 26 de enero de 2026 existen 1 372 acuerdos 287(g), distribuidos en 1 169 agencias, frente a los 135 acuerdos que había en enero de 2025, lo que representa un incremento exacto de 916% en un solo año.
Este crecimiento está directamente vinculado a la reactivación y expansión del modelo 287(g), en particular del llamado Modelo de Grupo de Trabajo (Task Force Model, TFM), que permite a oficiales locales realizar arrestos por infracciones migratorias civiles en sus comunidades tras recibir capacitación y delegación de autoridad por parte de ICE. El modelo había sido descontinuado en 2012 debido a denuncias de abusos y perfilamiento racial documentados en condados como Maricopa, Arizona, bajo el sheriff Joe Arpaio, y en Alamance, Carolina del Norte.
Sin embargo, fue reactivado al inicio del segundo mandato de Trump y, tras el anuncio de un nuevo esquema de financiamiento en septiembre de 2025, el número de adhesiones se disparó. Actualmente, el informe de FWD.us indica que existen 764 acuerdos bajo el Modelo de Grupo de Trabajo, con un crecimiento particularmente acelerado tras la promesa de financiamiento federal.
¿Qué es el programa 287(g) y por qué preocupa?
El programa 287(g) obtiene su nombre de la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, aprobada en 1996, que autoriza al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a firmar acuerdos con agencias estatales y locales para delegar ciertas funciones de aplicación de leyes migratorias. Esto significa que un oficial de policía o un alguacil local puede actuar con autoridad migratoria federal tras recibir entrenamiento de ICE.
Históricamente, estos acuerdos se dividían en 3 modelos: el modelo de aplicación carcelaria (donde oficiales revisan el estatus migratorio de personas ya detenidas en cárceles locales), el modelo de grupo de trabajo (donde oficiales salen a las calles a buscar y arrestar a personas por infracciones migratorias civiles), y un modelo híbrido que combinaba ambos.
La ACLU documentó en un informe de abril de 2022 que el perfilamiento racial ha proliferado en lugares donde el programa 287(g) está activo, señalando por ejemplo que en el condado de Davidson, Tennessee, las tasas de arresto de personas latinas por conducir sin licencia se duplicaron después de que el condado se unió al programa, y en el condado de Gaston, Carolina del Norte, el 83% de las personas arrestadas por oficiales designados bajo 287(g) fueron acusadas de violaciones de tránsito menores.
¿Cómo cambió el financiamiento y qué significa para las familias?
Uno de los cambios más significativos es el componente financiero. En septiembre de 2025, ICE anunció que cubriría no solo la capacitación e infraestructura tecnológica (como era la práctica anterior), sino también los salarios completos, beneficios, horas extra y bonificaciones por desempeño de los oficiales locales entrenados bajo el modelo de grupo de trabajo. Según el informe de FWD.us, esto se anunció a pesar de que la Ley de Inmigración y Nacionalidad establece que los oficiales designados pueden llevar a cabo esas funciones “a expensas del Estado o subdivisión política”, es decir, sin costo federal.
Número de agencias
Este cambio en el financiamiento ha sido el motor principal de la explosión en el número de agencias que se suman al programa. FWD.us estima que, con las agencias actualmente inscritas, ICE podría transferir entre $1 400 millones y $2 000 millones a fuerzas del orden locales y estatales en 2026, una cifra que supera ampliamente otros programas federales de financiamiento policial como COPS (que distribuyó $665 millones en 2024) y JAG-Byrne (que distribuyó $346 millones en 2024).
Para las familias latinas, esto significa un aumento drástico en el número de oficiales con autoridad migratoria que pueden detenerlas durante una parada de tránsito, una llamada de asistencia o cualquier otro encuentro cotidiano con la policía local. La diferencia clave es esta: antes, un oficial de policía local podía llamar a ICE si sospechaba que alguien era indocumentado, pero ahora, bajo el modelo de grupo de trabajo, ese oficial puede hacer el arresto migratorio directamente y procesarlo para deportación.
| Elemento del financiamiento | Monto estimado 2026 (según FWD.us) | Comparación con otros programas federales |
|---|---|---|
| Salarios, beneficios y bonificaciones para oficiales entrenados bajo 287(g) | $1 400 millones a $2 000 millones | Supera el programa COPS ($665 millones en 2024) y JAG-Byrne ($346 millones en 2024) |
| Equipos y vehículos para agencias que firmaron antes del 1 de octubre de 2025 | $137 millones (ya distribuidos) | Equivalente al 21% del presupuesto anual de JAG-Byrne |
| Proyección de fondos si continúa el ritmo de adhesiones en 2027 | $3 600 millones | Más de 5 veces el programa COPS completo |
¿Cuántos oficiales ya tienen autoridad migratoria?
Las cifras son alarmantes. Según FWD.us, hasta septiembre de 2025, 8 501 oficiales locales ya habían sido entrenados bajo el Modelo de Grupo de Trabajo, con 2 000 adicionales en proceso de capacitación. Desde entonces, se han sumado 296 agencias adicionales. Si envían un número similar de oficiales para entrenamiento, la estimación es que entre 13 800 y 15 800 policías y alguaciles en todo el país ya han sido capacitados por ICE, una cifra que supera incluso los 12 000 nuevos agentes contratados directamente por ICE desde la segunda toma de posesión de Trump.
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Esto tiene un impacto profundo en la vida diaria. Para una madre que lleva a sus hijos a la escuela, para un trabajador de construcción que maneja al sitio de trabajo, para un dueño de negocio que abre su tienda, el riesgo de un encuentro con un oficial local que tiene autoridad migratoria se ha multiplicado exponencialmente. Y, a diferencia de los agentes de ICE que suelen operar en áreas urbanas específicas, estos oficiales locales están distribuidos por todo el país, incluyendo áreas rurales y suburbios que antes no eran focos de aplicación migratoria intensiva.
Además, el informe destaca que la administración ha establecido una cuota de 3 000 arrestos diarios, lo que equivaldría a más de 1 millón de personas al año, y señala que ICE y CBP han realizado más de 380 000 arrestos en el último año, incluyendo un aumento de 11 veces en arrestos en la vía pública. La rápida proliferación de acuerdos 287(g) distribuidos por todo el país amplía la capacidad operativa para alcanzar esas metas.
¿Por qué ahora participan más departamentos de policía que sheriffs?
Otro cambio estructural significativo es la composición de las agencias participantes. Históricamente, los acuerdos 287(g) se firmaban principalmente con oficinas del sheriff (alguaciles de condado). Sin embargo, bajo la actual expansión, el informe de FWD.us indica que el 53% de las agencias participantes son departamentos de policía municipales, frente a 40% de oficinas del sheriff y 7% de agencias estatales.
Este dato es clave porque existen aproximadamente 12 000 departamentos de policía locales en el país, frente a unos 3 000 departamentos del sheriff. La entrada masiva de policías municipales amplía de manera significativa el alcance potencial del programa, tanto geográficamente como en el número de oficiales involucrados. Después del anuncio de financiamiento, la Orden Fraternal Nacional de Policía (National Fraternal Order of Police) emitió una declaración instando a los departamentos a inscribirse en los 3 modelos de 287(g), destacando el apoyo financiero en el modelo de grupo de trabajo.
| Tipo de agencia | Porcentaje de acuerdos bajo Modelo de Grupo de Trabajo (según FWD.us) | Por qué importa para las comunidades latinas |
|---|---|---|
| Departamentos de policía municipales | 53% | Mayor frecuencia de encuentros cotidianos: paradas de tránsito, llamadas de asistencia, patrullaje vecinal |
| Oficinas del sheriff (condado) | 40% | Control de cárceles locales y áreas no incorporadas; históricamente más involucrados en 287(g) |
| Agencias estatales (patrulla de carreteras, investigaciones) | 7% | Menos contacto directo, pero con autoridad amplia en carreteras interestatales y casos complejos |
¿Qué puede hacer una familia para protegerse?
Ante esta expansión masiva, la información y la preparación son las herramientas más poderosas. En primer lugar, es crucial conocer los derechos básicos. Todo individuo en territorio estadounidense, independientemente de su estatus migratorio, tiene el derecho a permanecer en silencio, el derecho a no firmar documentos sin entenderlos, y el derecho a consultar con un abogado. La ACLU enfatiza que el perfilamiento racial está intrínsecamente vinculado al programa 287(g), y que estar en el negocio de aplicación migratoria lleva a las fuerzas del orden locales a enfocarse en inmigrantes por violaciones menores y arrestos pretextuales.
En segundo lugar, las familias deben tener un plan de seguridad familiar. Esto incluye identificar quién cuidará a los niños si un padre es detenido, dónde están los documentos importantes (actas de nacimiento, pasaportes, números de contacto de abogados), y cómo comunicarse rápidamente con familiares o una organización comunitaria. Muchas organizaciones ofrecen talleres gratuitos sobre “conozca sus derechos” y ayudan a las familias a elaborar estos planes.
En tercer lugar, es importante verificar si la agencia de policía local o el departamento del sheriff de su condado ha firmado un acuerdo 287(g). Esta información suele estar disponible en el sitio web de ICE o a través de organizaciones locales de derechos de inmigrantes. Saber esto permite a las familias tomar decisiones informadas sobre cómo interactuar con las autoridades locales y cuándo es esencial tener asesoría legal presente.
Finalmente, evitar estafas es crucial. En momentos de miedo elevado, aparecen personas que ofrecen “protección” falsa o “arreglos” migratorios rápidos a cambio de dinero. No existe un pago que garantice protección contra ICE o contra oficiales locales con autoridad 287(g). La asesoría legal válida debe brindarla un abogado licenciado o representante acreditado por el Departamento de Justicia, no un “notario”.
¿Qué preguntas frecuentes tienen las familias sobre 287(g)?
1) ¿Cómo sé si mi policía local tiene un acuerdo 287(g)?
>>El sitio web de ICE mantiene una lista de agencias participantes, aunque organizaciones como FWD.us y la ACLU también rastrean estos acuerdos y ofrecen mapas actualizados. Buscar información en organizaciones comunitarias locales también puede ayudar.
2) ¿Qué es una “bonificación por desempeño” y cómo afecta a mi comunidad?
>>Según FWD.us, ICE está pagando bonificaciones basadas en el número de arrestos migratorios que hace cada oficial, lo que crea un incentivo financiero directo para detener a más personas. Esto puede llevar a perfilamiento racial y arrestos pretextuales.
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3) ¿El programa 287(g) se enfoca en criminales peligrosos?
>>La ACLU documentó que en algunos condados, hasta el 83% de personas arrestadas bajo 287(g) fueron acusadas de violaciones de tránsito menores, no de delitos graves, lo que sugiere arrestos pretextuales y perfilamiento racial.
4) ¿Puedo negarme a responder preguntas sobre mi estatus migratorio?
Sí. Todo individuo tiene el derecho constitucional a permanecer en silencio. No está obligado a responder preguntas sobre su lugar de nacimiento, nacionalidad o estatus migratorio, aunque debe identificarse con nombre si se lo piden.
5) ¿Qué hago si un oficial local me detiene y menciona ICE?
Mantener la calma, no huir, no mentir, y pedir hablar con un abogado. No firme ningún documento sin entenderlo completamente o sin asesoría legal. Anote el nombre del oficial, la agencia y el número de placa si es posible.
6) ¿Dónde puedo obtener ayuda legal confiable?
Organizaciones como la ACLU, el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC), y clínicas legales locales ofrecen recursos gratuitos o de bajo costo. Desconfíe de “notarios” o personas que prometen arreglos rápidos por dinero.
