Mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) enfrenta un cierre parcial por falta de presupuesto, un nuevo informe del Senado revela un gasto millonario y controvertido. Además, la administración de Donald Trump ha desembolsado al menos 40 millones de dólares en el último año para deportar a apenas 300 inmigrantes a países que no son los suyos. Esto ocurrió según una investigación liderada por los demócratas del Comité de Relaciones Exteriores.
El documento, divulgado este viernes por la noche, califica estas operaciones de “caras, ineficientes y despilfarradoras”. Asimismo, señala que el gobierno estadounidense está financiando a regímenes extranjeros cuestionables mientras evade la supervisión del Congreso.
¿A qué países se está enviando a los migrantes?
El informe detalla que el gobierno ha pagado más de 32 millones de dólares directamente a cinco naciones para que acepten a estos deportados. Estas naciones son: Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Eswatini (antes Suazilandia) y Palau.
De los 300 migrantes trasladados bajo este esquema:
- 250 eran venezolanos enviados a El Salvador en marzo de 2025.
- 29 personas fueron enviadas a Guinea Ecuatorial, a un costo exorbitante de aproximadamente 282.000 dólares por persona.
- 15 individuos fueron trasladados a Eswatini.
- Curiosamente, Palau recibió 7,5 millones de dólares a pesar de no haber recibido a ningún deportado hasta la fecha del informe.
¿Por qué se critica esta estrategia?
La senadora Jeanne Shaheen, quien dirigió la investigación, denunció que la administración Trump ha sistematizado una práctica que antes era “excepcional”. Según Shaheen, el gobierno está poniendo el dinero de los contribuyentes “en manos de gobiernos extranjeros mientras cierra los ojos ante los costes humanos y el potencial socavamiento de nuestras relaciones diplomáticas”.
El informe revela un dato alarmante sobre la ineficacia del programa: más del 80% de los deportados a terceros países “ya han vuelto a sus países de origen o están en proceso de hacerlo”. En algunos casos absurdos, Estados Unidos pagó para enviar a migrantes a un tercer país, solo para tener que pagar nuevamente después para retornarlos a su nación natal.
El estatus legal de otros migrantes
Los senadores demócratas advirtieron que esta política no es aislada. El gobierno busca activamente retirar el estatus legal a miles de inmigrantes en EE.UU. Lo hace mediante la suspensión de beneficios como el TPS (Estatus de Protección Temporal) y el permiso humanitario. Por lo tanto, esta estrategia incrementa el riesgo de que se amplíen las deportaciones a terceros países. Utiliza a estas naciones como “depósitos” temporales de personas que EE.UU. quiere expulsar rápidamente.
El informe concluye exigiendo una “supervisión seria” de estos acuerdos, que hasta ahora han operado en gran medida en la oscuridad. No hay transparencia sobre los compromisos adquiridos con gobiernos extranjeros, algunos de ellos acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
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