Google se encuentra en el centro de una nueva polémica tras entregar datos personales y financieros de un estudiante y periodista a ICE sin que mediara una orden firmada por un juez. El caso involucra a Amandla Thomas‑Johnson, un estudiante de posgrado británico de la Universidad de Cornell. Thomas-Johnson asistió brevemente a una protesta pro Palestina en 2024. La entrega de información se realizó mediante un subpoena administrativo. Esta herramienta permite a agencias federales solicitar datos sin supervisión judicial previa. Por lo tanto, el hecho reaviva el debate sobre la privacidad y el poder de vigilancia de las grandes tecnológicas.
¿Por qué Google entregó datos a ICE?
Google respondió a una citación administrativa emitida directamente por U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), sin la aprobación de un juez. A diferencia de una orden judicial tradicional, este tipo de requerimiento es emitido por la propia agencia investigadora. Además, tiene un estándar de exigencia menor. El documento incluía una orden de silencio (gag order). Por esta razón, se impidió a Google notificar al usuario que su información estaba siendo solicitada en ese momento.
El contexto de la solicitud agrava la preocupación. Según Thomas‑Johnson, la petición de datos se produjo apenas dos horas después de que la Universidad de Cornell le informara que el gobierno estadounidense había revocado su visa de estudiante. Esta coincidencia temporal refuerza la sospecha de que la vigilancia podría haber sido una represalia por su participación en actividades políticas. Específicamente, por su asistencia a una protesta.
¿Qué datos personales compartió?
La información entregada por Google a ICE fue extensa y detallada. Según el reporte de The Intercept, la compañía proporcionó un “trove” de datos que incluía:
- Nombres de usuario asociados a la cuenta de Google.
- Direcciones físicas vinculadas a la cuenta.
- Un listado detallado de los servicios de Google utilizados (como Gmail, Drive, etc.).
- Direcciones IP que permiten rastrear la ubicación de conexión.
- Números de teléfono y otros identificadores de suscriptor.
- Información financiera sensible, incluyendo números de tarjetas de crédito y cuentas bancarias vinculadas a la cuenta.
Aunque las citaciones administrativas no permiten legalmente exigir el contenido de comunicaciones privadas (como el texto de los correos electrónicos) o datos de ubicación precisos en tiempo real, sí permiten obtener metadatos y datos de identificación que, en conjunto, pueden desanonimizar a una persona y perfilar su actividad digital y financiera con gran precisión.
¿Es legal que Google dé datos de usuarios?
Legalmente, las empresas tecnológicas como Google pueden responder a un subpoena administrativo, pero no están obligadas a hacerlo de manera automática. Tienen el derecho de impugnar la solicitud o exigir que un juez la revise si consideran que es excesiva o viola derechos fundamentales. En este caso, Google eligió cumplir con la citación tal como llegó, sin forzar una revisión judicial.
Las citaciones administrativas son una herramienta legal válida para agencias federales, diseñada originalmente para investigaciones regulatorias. Sin embargo, su uso para obtener datos de usuarios en contextos de libertad de expresión y protesta ha sido criticado por organizaciones de derechos civiles. La falta de supervisión judicial previa elimina un filtro clave que protege a los ciudadanos de investigaciones abusivas o políticamente motivadas.
La colaboración de las tecnológicas con ICE
La Electronic Frontier Foundation (EFF) reaccionó con dureza ante este y otros casos similares. Envió una carta abierta a gigantes tecnológicos como Amazon, Apple, Discord, Google, Meta, Microsoft y Reddit. En ella, instó a dejar de facilitar datos al Department of Homeland Security (DHS) —del que depende ICE— cuando se trate de citaciones administrativas.
La EFF argumenta que estas empresas están “fallando a la hora de desafiar vigilancia ilegal” y no defienden adecuadamente la privacidad de sus usuarios. La organización pide a las compañías dos acciones concretas:
- Exigir al DHS una orden judicial previa antes de entregar datos, forzando así a la agencia a justificar su petición ante un juez.
- Notificar a los usuarios con tiempo suficiente para que ellos mismos puedan impugnar la solicitud legalmente, algo que la “gag order” impidió en el caso de Thomas‑Johnson.
La EFF señala que el DHS ha utilizado estas citaciones para identificar a personas que documentan actividades de ICE o participan en protestas. Como consecuencia, convierte a estas herramientas administrativas en un mecanismo de vigilancia política sin control judicial.
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