Nuevo México se convirtió en el primer estado fronterizo en rechazar los centros de detención de migrantes operados por ICE. La gobernadora Michelle Lujan Grisham firmó este jueves la Ley de Seguridad de los Inmigrantes (HB 9). Además, esta medida elimina contratos existentes y frena la expansión federal. De esta forma, el estado protege a familias migrantes de políticas nacionales.
¿Qué prohíbe exactamente la nueva ley?
La ley impide que entidades con fondos públicos firmen acuerdos para detener migrantes por infracciones civiles. Por lo tanto, cancela contratos vigentes con ICE. Además, veta convenios 287(g) que permiten a policías locales actuar como agentes federales. Así, la policía y alguaciles del estado no cooperarán en redadas migratorias.
Nuevo México opera actualmente tres centros de detención, con capacidad para 3.000 personas. Estos incluyen instalaciones de CoreCivic en condados como Torrance y Cibola. Sin embargo, la norma obliga a terminar esos lazos estatales. De igual modo, prohíbe usar terrenos públicos para prisiones migratorias.
¿Por qué surge esta ley ahora?
La aprobación llega en medio de un impulso federal para más detenciones. Por ejemplo, el gobierno de Donald Trump busca convertir 20 bodegas en centros, como uno en Texas para 9.500 migrantes. No obstante, Nuevo México se opone a esta expansión. Además, en enero 73.000 migrantes estuvieron bajo custodia ICE, récord desde 2001.
Este año, 2026, ya se reportan al menos 3 muertes en centros de detención. El año pasado sumaron más de 30 fallecidos. Por eso, defensores destacan abusos como aislamiento prolongado y falta de atención médica. Entonces, la ley busca romper esa complicidad estatal.
¿Cómo reaccionan las autoridades y activistas?
Carla Law, de la ACLU de Nuevo México, celebró la firma. “Es una victoria para familias que lucharon años contra detenciones masivas”, dijo en comunicado oficial. Asimismo, la gobernadora Lujan Grisham enfatizó valores de dignidad y seguridad comunitaria durante la firma en vivo.
La ley reduce miedo en comunidades migrantes. Por ende, víctimas de crimen reportarán sin temor a deportación. Países con medidas similares tienen tasas de deportación hasta cuatro veces menores. Así, Nuevo México prioriza justicia local sobre la aplicación de la ley federal. Representantes como Eleanor Chávez impulsaron la norma con 19 cosponsores. Además, responde a protestas recientes contra acciones ICE en otros estados. De esta manera, el estado marca precedente contra políticas “crueles”, según activistas.
La firma ocurrió tras aprobación legislativa rápida. Por lo tanto, afecta contratos que expiran entre 2024 y 2026. CoreCivic, operador privado, evalúa impactos financieros en pueblos locales. Sin embargo, el estado ya no participará. Nuevo México desafía la agenda nacional. Mientras tanto, detenciones federales suben. Pero esta ley ofrece refugio estatal a migrantes. Finalmente, refuerza la autonomía en temas de derechos humanos.
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