La industria turística de Estados Unidos enfrenta una nueva amenaza política. La administración de Donald Trump evalúa retirar agentes de Aduanas y Protección Fronteriza, conocidos como CBP, de aeropuertos ubicados en llamadas ciudades santuario. La sola posibilidad ya encendió alarmas en aerolíneas, grupos empresariales y autoridades del sector.
La advertencia fue reiterada por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. Según la Asociación de Viajes de Estados Unidos, el funcionario confirmó que está considerando esa medida durante una reunión con representantes de la industria. El planteamiento aparece en un momento especialmente sensible para los viajes internacionales y el comercio aéreo.
Si la idea se ejecuta, los efectos podrían ser inmediatos. Los aeropuertos necesitan agentes de CBP para procesar ingresos internacionales, revisar documentación y permitir el flujo regular de pasajeros y carga. Sin ese personal, muchas operaciones quedarían comprometidas o sufrirían retrasos severos. Por eso, el debate ya no es solo migratorio. También es económico y logístico.
¿Por qué preocupa tanto la amenaza contra los aeropuertos?
La Asociación de Viajes de Estados Unidos reaccionó con rapidez. El grupo afirmó que una medida de ese tipo tendría consecuencias devastadoras para la industria del turismo y para las comunidades que dependen de las visitas internacionales. No se trata de una advertencia menor. El turismo mueve empleo, consumo y actividad comercial en muchas ciudades estadounidenses.
Las principales aerolíneas también condenaron de inmediato el planteamiento. Airlines for America, una de las asociaciones más influyentes del sector, advirtió que reducir personal de CBP en grandes aeropuertos causaría un efecto devastador. La organización alertó sobre interrupciones operativas importantes para aerolíneas, viajeros y carga internacional. En otras palabras, el daño no se limitaría a los pasajeros.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, también tomó distancia de la propuesta. Durante una audiencia en el Congreso, dijo que esa idea no le parecía lógica. Reconoció que no conocía todos los comentarios de Mullin, pero dejó clara su preocupación. A su juicio, sería una mala señal comenzar a restringir viajes por diferencias políticas. Esa postura mostró que dentro del propio gobierno no existe una línea completamente uniforme.
¿Qué son las ciudades santuario y por qué están en la mira?
El término ciudad santuario no tiene una definición única y estricta. En general, se usa para describir jurisdicciones con cooperación limitada con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Es decir, gobiernos locales o estatales que no adoptan un apoyo total a ciertas acciones migratorias federales. Esa distancia ha sido una fuente constante de conflicto con Trump desde su primer mandato.
El presidente ha atacado durante años ese tipo de políticas. Ya antes había amenazado con retirar fondos federales a ciudades santuario. Sin embargo, los tribunales frenaron esos intentos. Durante su primer mandato, en 2017, cortes federales bloquearon su plan para recortar recursos a esas jurisdicciones. Ese antecedente legal todavía pesa sobre cualquier nuevo intento de presión política o administrativa.
Ahora, la discusión se traslada a los aeropuertos. En vez de hablar de fondos, la amenaza gira en torno al retiro de personal federal esencial para el funcionamiento de vuelos internacionales. La maniobra sería distinta, pero mantendría el mismo objetivo político. Castigar a gobiernos locales que no coinciden con la agenda migratoria de la Casa Blanca. Por eso, el tema ha generado tanta inquietud en el sector privado y en el Congreso.
¿Qué impacto tendría retirar agentes de CBP?
La pregunta central es práctica. ¿Qué pasaría si un aeropuerto internacional pierde agentes de CBP? La respuesta preocupa a toda la cadena del transporte aéreo. Sin ese personal, el ingreso de viajeros del exterior se volvería más lento, más caótico y, en algunos casos, inviable. La revisión migratoria y aduanera es parte esencial del sistema aeroportuario.
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El impacto también alcanzaría a la carga internacional. Muchos aeropuertos no solo reciben turistas. También procesan mercancías, insumos y productos que dependen de un flujo constante y supervisado. Una reducción de personal federal afectaría tiempos, costos y operaciones comerciales. Eso golpearía a empresas, importadores y destinos que viven del movimiento de bienes y visitantes.
Sean Duffy resumió esa preocupación con un argumento simple. Dijo que no se deberían suspender o restringir los viajes aéreos en un estado que no esté de acuerdo con la política del gobierno federal. Su frase dejó ver una tensión más profunda. La política migratoria puede endurecerse, pero usar la infraestructura aérea como herramienta de castigo abre un conflicto mucho mayor.
¿Qué ciudades podrían verse afectadas por esta medida?
Ese es otro de los grandes vacíos del debate. No está claro a qué ciudades o aeropuertos podría apuntar exactamente Markwayne Mullin. El Departamento de Justicia publicó el año pasado una lista con unas tres docenas de estados, ciudades y condados que considera jurisdicciones santuario. Sin embargo, no existe hasta ahora una ruta oficial sobre cómo se aplicaría una eventual retirada de agentes.
Esa falta de precisión aumenta la incertidumbre. Aeropuertos, gobiernos locales y empresas del sector no saben si la amenaza es un mensaje político o un plan administrativo en preparación. The Atlantic fue el primer medio en publicar detalles de la reunión donde el tema fue planteado. Desde entonces, la preocupación escaló porque el turismo no puede planificarse sobre supuestos ambiguos.
El temor también crece porque los viajes internacionales dependen de previsibilidad. Las aerolíneas programan rutas, personal, escalas y conexiones con mucha anticipación. Cualquier cambio brusco en el funcionamiento de aduanas y controles fronterizos puede alterar toda la red. Si a eso se suma un criterio político para definir qué ciudades son castigadas, el problema se vuelve todavía más delicado.
¿Puede avanzar la propuesta o quedará en advertencia?
Por ahora, no está claro cuánto respaldo interno tiene esta idea dentro de la administración. Duffy marcó distancia. El sector aéreo la rechazó. La industria turística la consideró devastadora. Eso no significa que el riesgo haya desaparecido, pero sí muestra que la propuesta enfrenta resistencia inmediata más allá de los gobiernos locales cuestionados por Trump.
Aun así, la amenaza ya produjo un efecto concreto. Volvió a instalar el miedo de que la política migratoria se use para condicionar el funcionamiento económico de ciudades enteras. Si el turismo internacional se resiente, no solo perderían las jurisdicciones catalogadas como santuario. También perderían aerolíneas, comercios, empleos y servicios vinculados al flujo de visitantes y Trump dejaría sin agentes CBP.
En este escenario, la presión empresarial puede ser decisiva. Las asociaciones del sector entienden que no solo se discute una diferencia ideológica. Se debate si el gobierno federal puede poner en riesgo aeropuertos y vuelos internacionales para castigar posturas locales. Esa es la razón por la que el tema ya salió del terreno migratorio. Hoy toca también la economía, la conectividad y la estabilidad operativa del país.
