Un juez federal en Chicago determinó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) violó un acuerdo judicial al realizar arrestos sin orden en el área metropolitana, considerada una de las regiones más activas en operativos migratorios. El fallo, emitido por el juez de distrito Jeffrey Cummings, establece que los agentes incurrieron en múltiples detenciones ilegales durante los primeros meses de la segunda administración del presidente Donald Trump.
La decisión judicial impone nuevas restricciones a las detenciones sin orden —conocidas como “arrestos colaterales”— y obliga a ICE a implementar medidas de control y reportes periódicos al tribunal. Además, amplía la vigencia del decreto de consentimiento Castañón Nava hasta el 2 de febrero de 2026.
“El DHS cumple con todas las órdenes judiciales legales y está abordando este asunto ante el tribunal”, indicó en una declaración la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin.
Arrestos sin orden y violación del acuerdo previo
Los “arrestos colaterales” se han convertido en una práctica común de ICE durante los operativos denominados Operación Midway Blitz, por los cuales los agentes detienen a personas sin orden judicial bajo el argumento de presencia ilegal o riesgo de fuga. Según el juez Cummings, estas acciones incumplen las condiciones del acuerdo firmado en 2022, que limita tales detenciones en Illinois y otros cinco estados vecinos.
El caso fue presentado por el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC) y la ACLU de Illinois, organizaciones que denunciaron la detención irregular de al menos 26 personas sin orden en los primeros meses de 2025. “Hemos visto una escala mucho mayor de arrestos indiscriminados sin causa probable, lo que constituye una violación clara de la Constitución”, explicó Mark Fleming, abogado del NIJC.
El acuerdo Castañón Nava, nombrado en honor al demandante original de la demanda de 2022, exige que ICE determine previamente la existencia de causa probable para detener a un individuo y que documente el riesgo de fuga antes de proceder. Según los abogados del NIJC, estas normas se han violado en más de 200 casos documentados en el área de Chicago.
El caso de Abel Orozco, símbolo de las detenciones ilegales
Entre los casos presentados ante el tribunal figura el de Abel Orozco-Ortega, un residente de Illinois de 47 años detenido el 26 de enero sin orden judicial. Orozco, quien ha vivido casi tres décadas en Estados Unidos, fue arrestado mientras regresaba del trabajo. La investigación reveló que los agentes tenían una orden migratoria dirigida a otra persona: su hijo.
“El informe de ICE muestra que los agentes notaron después de detener a Orozco que la fecha de nacimiento no coincidía con la orden original”, indicaron los abogados del NIJC. Pese a la confusión, los oficiales emitieron una nueva orden en el momento, usando formularios en blanco que llevaban consigo, una práctica que el juez calificó de “inválida”.
“Él era quien sostenía a la familia”, dijo su hijo, Eduardo Orozco. “Desde su arresto, no tenemos ingresos para pagar la renta ni los gastos básicos”. Actualmente, Orozco permanece detenido en un centro federal en Kentucky, mientras su defensa busca su liberación.
Repercusiones del fallo judicial
El juez Cummings ordenó que ICE capacite nuevamente a todos los agentes que hayan violado el decreto y presentó un calendario estricto de transparencia. A partir de ahora, el Departamento de Seguridad Nacional deberá reportar mensualmente al tribunal los nombres, números de registro y documentos de arresto de todas las personas detenidas sin orden judicial en el Distrito Norte de Illinois.
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Los abogados del gobierno aseguraron que evaluarán apelar el fallo. No obstante, organizaciones como el NIJC celebraron la decisión como un precedente contra los abusos de poder. “Este fallo representa un paso importante hacia la rendición de cuentas”, declaró Fleming. “Demuestra que incluso las agencias federales deben respetar los límites legales”.
Durante la conferencia de prensa posterior al veredicto, activistas y familiares de detenidos mostraron alivio y esperanza. “Para nuestra gente negra, morena e inmigrante, no siempre parece que esta tierra nos quiera”, expresó emocionada Xanat Sobrevilla, representante de Comunidades Organizadas Contra la Deportación. “Pero nosotros nos queremos, y eso puede bastar”.
Extensión del acuerdo a nivel nacional
Aunque el decreto del juez Cummings se aplica principalmente al área de Chicago, el NIJC señaló que las políticas establecidas en el acuerdo Castañón Nava han servido de base para procesos similares en otros estados.
El fallo podría afectar futuras operaciones migratorias, especialmente aquellas donde ICE utiliza tácticas agresivas o formularios sin firmar para justificar detenciones. Gil Soffer, analista jurídico y exfiscal federal, sostuvo que la decisión “envía una señal de alerta” a la administración Trump. “Si se cumple rigurosamente, ralentizará los procedimientos y exigirá mayor responsabilidad en el campo”, afirmó.
Los defensores de inmigrantes planean ahora solicitar la liberación de cientos de personas presuntamente arrestadas bajo las mismas condiciones. La resolución de Cummings, además de limitar las acciones de ICE, ordena una revisión exhaustiva de los arrestos realizados desde junio, marcando una victoria legal significativa para las organizaciones que luchan contra la criminalización de las comunidades migrantes en Estados Unidos.
