Continúa la huelga de hambre en el centro de detención de Nueva Jersey

La protesta en el Centro de detención Delaney Hall expone denuncias por comida deficiente, demoras judiciales y presión sobre familias migrantes.
Continúa la huelga de hambre en el centro de detención de Nueva Jersey
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La huelga de hambre y de trabajo dentro de Delaney Hall, un centro de detención migratoria ubicado en Newark, mantiene encendida la tensión política y humanitaria en Nueva Jersey. La protesta fue confirmada por legisladores que visitaron el lugar y escucharon directamente a varios detenidos, según reportó Gothamist.

El senador Andy Kim y el representante Rob Menendez realizaron una visita de supervisión a la instalación, donde los detenidos iniciaron la protesta el viernes por la mañana. Los inmigrantes reclaman mejores condiciones de reclusión y, además, exigen avances reales hacia su liberación o una revisión justa de sus casos. La visita ocurrió mientras familiares y activistas se manifestaban frente al edificio para pedir el cierre del centro.

La escena mostró dos relatos opuestos sobre una misma crisis. Por un lado, legisladores y familiares describieron una protesta activa y sostenida. Por otro, un comunicado atribuido al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia matriz de ICE, sostuvo que “en este momento no hay ninguna huelga de hambre en Delaney Hall”. Esa diferencia no es menor, porque ICE no suele reconocer formalmente una huelga hasta que supera las 72 horas.

¿Qué denuncian los detenidos en Delaney Hall?

Los reclamos no comenzaron esta semana. Desde su reapertura en 2025, varios detenidos han denunciado comida de mala calidad, acceso médico insuficiente y trabas sistemáticas para ejercer su derecho al debido proceso. A inicios de mayo, una carta abierta firmada por 300 detenidos insistió en que el sistema migratorio les está negando garantías básicas y prolongando encierros sin respuestas claras.

Las denuncias también alcanzan a las familias. Gabriela Soto, de 28 años, aseguró que su esposo, Martin Soto, detenido en Delaney Hall desde febrero, ha sido presionado por personal del centro. Según su testimonio, también hubo amenazas sobre sus derechos de visita y cuestionamientos por las protestas que ella organiza fuera de la instalación. La acusación apunta a posibles represalias indirectas contra familiares visibles en el activismo.

Rob Menendez dijo sentirse preocupado por la posibilidad de que ICE intente presionar a los huelguistas. El congresista sostuvo que una huelga de hambre es una forma de protesta poderosa, pero también muy vulnerable frente a una autoridad con amplio control sobre la vida diaria de los detenidos. Esa observación agrava el debate, porque convierte una protesta humanitaria en una disputa por transparencia, supervisión y límites del poder institucional.

¿Por qué el centro volvió al centro del debate migratorio?

Delaney Hall no es un centro cualquiera. Su operación está ligada al sistema federal de detención migratoria y a la participación de una empresa privada, GEO Group, un modelo que lleva años bajo fuerte crítica pública. Tanto ICE como GEO Group han rechazado las acusaciones sobre represalias y malas condiciones, de acuerdo con el reporte de Gothamist. Sin embargo, las denuncias persistentes han reabierto el debate sobre el uso de centros privados para retener migrantes.

El caso también escaló porque involucra a figuras políticas estatales y federales. La gobernadora Mikie Sherrill dijo estar “profundamente preocupada” por los informes sobre condiciones precarias y pidió acceso a las instalaciones. No obstante, Delaney Hall es una instalación federal, por lo que el margen de acción del gobierno estatal es limitado. Esa tensión institucional explica por qué el caso depende, en gran parte, de supervisión congresional y decisiones federales.

El senador Cory Booker también aparece en el trasfondo de esta disputa. Booker visitó el centro en enero y presentó un proyecto de ley para prohibir que el gobierno federal utilice este tipo de centros privados de detención. Ese antecedente da más peso político a la huelga actual, porque conecta las denuncias concretas del presente con una discusión mayor sobre el modelo de detención migratoria en Estados Unidos. Por eso, lo que ocurre en Newark ya dejó de ser un conflicto local.

¿Qué revela esta protesta sobre el sistema migratorio?

La protesta no solo refleja malestar interno. También expone un cuello de botella judicial que afecta a miles de migrantes en todo el país. Andy Kim afirmó haber escuchado testimonios de personas que llevaban casi 1 año esperando audiencia. Además, describió casos de detenidos que seguían encerrados pese a decisiones favorables en recursos de habeas corpus o pese a inconsistencias severas en su situación procesal. Esa combinación sugiere desorden administrativo y un sistema con capacidad limitada para responder.

La magnitud del atraso quedó resumida en un dato concreto. Kim señaló que un juez de inmigración en Newark tenía previsto atender 74 casos cuando el tribunal reabriera sus puertas este martes. Para el senador, esa carga vuelve casi imposible escuchar con cuidado, valorar pruebas y resolver con justicia. Su crítica fue frontal: si un solo juez debe enfrentar semejante acumulación, el problema ya no es individual, sino estructural.

En términos políticos, la huelga también revela algo más profundo. Los centros migratorios no solo retienen personas. También concentran tensiones sobre derechos constitucionales, supervisión estatal, lucro privado y trato humano. Cuando un detenido deja de comer para ser escuchado, el sistema queda bajo una luz mucho más dura. La protesta transforma una estadística migratoria en una historia de cuerpo, tiempo y resistencia.

A corto plazo, la gran incógnita es si la presión pública obligará a una respuesta federal más clara. Los congresistas prometieron mantener la supervisión y trabajar junto con el gobierno estatal y con defensores migratorios. Sin embargo, el poder real para reformar, intervenir o cerrar el centro sigue en manos federales. Mientras eso no cambie, la huelga seguirá siendo una prueba de resistencia para los detenidos y una prueba de credibilidad para el sistema.

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