La administración de Donald Trump evalúa una medida que podría transformar el tráfico aéreo internacional en Estados Unidos. El gobierno estudia reducir o frenar operaciones federales en aeropuertos de ciudades consideradas “santuario”, es decir, aquellas jurisdicciones que limitan su cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El plan fue discutido recientemente en reuniones privadas encabezadas por el nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin. Según un reporte de la revista The Atlantic, Mullin se reunió con líderes de aerolíneas y representantes de la industria turística para advertirles sobre esta posibilidad. La propuesta consiste en disminuir el personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en aeropuertos clave.
Esta posible reducción de agentes federales impediría el procesamiento normal de pasajeros y carga provenientes del extranjero. En la práctica, un aeropuerto sin suficientes oficiales de aduanas no puede recibir vuelos internacionales, lo que obligaría a las aerolíneas a desviar o cancelar rutas. Para las ciudades afectadas, el impacto logístico y económico sería inmediato.
¿Qué aeropuertos están en la mira del gobierno?
Durante las reuniones en Washington, se mencionaron aeropuertos específicos que podrían sufrir los primeros recortes de personal. Las fuentes indican que la medida afectaría instalaciones en Oregón y en el área de Nueva York. Entre los nombres que surgieron están el Aeropuerto Internacional de Portland, el John F. Kennedy y Newark Liberty.
Otros funcionarios y reportes periodísticos sugieren que la lista final podría ser mucho más amplia si la medida se concreta. Ciudades como Los Ángeles, Chicago, San Francisco, Filadelfia y Seattle también están bajo presión por sus políticas de no cooperación con la agenda migratoria de la Casa Blanca.
El plan, según se discutió en privado, no se implementaría de forma inmediata. Se estima que el gobierno esperaría a que concluya el Mundial de la FIFA en julio para comenzar con estas reducciones. El objetivo es evitar que un evento deportivo global sufra bloqueos aéreos, para luego aplicar presión sobre alcaldes y gobernadores rebeldes.
¿Por qué el sector turístico advierte consecuencias devastadoras?
La reacción de la industria de viajes fue de rechazo casi inmediato. Dirigentes y ejecutivos del sector turístico advirtieron sobre consecuencias económicas y logísticas graves si el plan avanza. Reducir agentes de aduanas no solo castiga a las ciudades locales, sino que altera toda la red aérea del país y perjudica directamente a las aerolíneas comerciales.
Un experto citado en los reportes lo explicó de forma sencilla: retirar oficiales aduaneros perjudica a los aeropuertos y aerolíneas, pero no garantiza que cambie la postura política de las ciudades afectadas. Además, aeropuertos más pequeños en estados conservadores no tienen la infraestructura física ni el personal necesario para recibir el enorme tráfico internacional desviado desde Nueva York o California.
“El mensaje fue que se trata de una propuesta real que la administración está considerando”, declaró una fuente a The Atlantic. Para las compañías, esto significa incertidumbre operativa a largo plazo. Cualquier alteración en puertos de entrada tan grandes genera un efecto dominó que retrasa conexiones, eleva costos operativos y afecta la cadena de suministro internacional.
¿Se trata de una decisión definitiva o una táctica de presión?
Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido una decisión final. Un alto funcionario de la Casa Blanca confirmó que la administración explora métodos alternativos para ganar influencia sobre las políticas locales. La idea de los vuelos es una de varias herramientas sobre la mesa.
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Entre las opciones en evaluación también destaca la posibilidad de restringir beneficios migratorios federales. Esto incluiría demorar procesos a cargo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, como la entrega de permisos de residencia o ciudadanías en las jurisdicciones rebeldes. La meta de la administración Trump es lograr acceso a cárceles locales para que los agentes de ICE asuman la custodia de personas con órdenes de deportación antes de que queden libres.
Esta iniciativa surge tras frustraciones previas en los tribunales, donde los intentos de quitar fondos a ciudades santuario no prosperaron legalmente. Por ahora, los aeropuertos operan con normalidad y no hay cambios vigentes para los viajeros. Sin embargo, la presión del secretario Markwayne Mullin indica que la actual ofensiva migratoria busca nuevos caminos institucionales para cumplirse.
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