La base naval de Guantánamo, en Cuba, volvió al centro del debate migratorio en Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump anunciara, al inicio de su nuevo mandato, un plan para convertirla en un gran centro de detención para migrantes en proceso de deportación. La idea buscaba mostrar mano dura frente a la inmigración irregular y reforzar el mensaje político de control fronterizo. Sin embargo, más de 1 año después, la operación no refleja la magnitud prometida.
Según una revisión de documentos internos citada por CBS News, el gobierno mantenía solo 6 detenidos migratorios en Guantánamo el 11 de mayo. Todos eran ciudadanos de Haití. Esa cifra contrasta con la promesa inicial de habilitar 30 000 camas para personas sujetas a expulsión del país.
La diferencia entre el anuncio político y la realidad operativa alimentó nuevas críticas sobre el uso de recursos públicos, la legalidad del esquema y el papel simbólico de Guantánamo dentro de la estrategia migratoria de Trump. También reabrió preguntas sobre si el objetivo real era alojar a miles de personas o enviar un mensaje de disuasión a quienes planean entrar sin autorización a Estados Unidos.
¿Por qué Guantánamo sigue casi vacía?
El primer dato que llama la atención es la capacidad real de la base. Aunque Trump habló de 30 000 camas, los documentos federales citados por CBS News indican que Guantánamo tendría espacio para unas 400 plazas migratorias. Incluso tomando esa cifra menor, la ocupación reportada en mayo no llegaba al 2%, lo que evidencia una brecha enorme entre el discurso oficial y la infraestructura disponible.
Además, la operación ha movido a cientos de personas, pero no de forma estable. El mismo reporte señala que, durante el último año, 832 detenidos migratorios fueron trasladados a la base en más de 100 vuelos. Eso sugiere que Guantánamo ha funcionado más como un punto de paso temporal que como un centro masivo de internamiento prolongado.
A esa baja ocupación se suma otra paradoja: hay muchos más empleados que detenidos. La información entregada al Congreso muestra que el Departamento de Defensa asignó 522 miembros de personal a la misión. A ellos se agregan unos 60 trabajadores de ICE y personal no militar. Es decir, en algunos momentos la proporción habría rondado los 100 funcionarios por cada migrante detenido.
¿Cuánto cuesta esta operación y por qué genera críticas?
El segundo foco de controversia es el costo. La información proporcionada a la senadora Elizabeth Warren indica que la operación migratoria en Guantánamo podría costar 73 millones de dólares solo para el componente militar. Esa cifra supera con amplitud estimaciones anteriores, que habían situado el gasto en unos 40 millones.
Ese aumento resulta especialmente sensible porque la base no está siendo utilizada a plena capacidad. Mantener una estructura tan costosa con tan pocos detenidos ha llevado a críticos del plan a denunciar un uso ineficiente del dinero público. Warren acusó al gobierno de Trump y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, de gastar fondos de los contribuyentes en una agenda migratoria cruel, según declaraciones recogidas por CBS News.
Exfuncionarios y abogados especializados también cuestionan la lógica del proyecto. Theresa Cardinal Brown, exfuncionaria migratoria del DHS bajo los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama, sostuvo que Guantánamo y otras instalaciones polémicas parecen diseñadas más para presionar la autodeportación que para resolver un problema operativo real. Su argumento es simple: llevar recursos, personal y suministros a esa base aislada encarece todo el proceso.
La geografía explica parte del problema. Guantánamo no funciona como un centro de detención común dentro del territorio continental. Todo debe enviarse desde Estados Unidos a una instalación militar ubicada en Cuba. Esa condición eleva costos logísticos, complica la rotación de personal y vuelve más pesada una operación que ya enfrenta cuestionamientos judiciales y humanitarios.
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¿Quiénes están siendo enviados?
Otro elemento decisivo es el perfil de las personas trasladadas. Cuando empezó el programa, la Casa Blanca aseguró que enviaría a los peores delincuentes migratorios o a casos de alta prioridad. Sin embargo, reportes posteriores de CBS News indicaron que el sistema también permitió el envío de detenidos clasificados como de bajo riesgo, incluidos algunos sin antecedentes penales graves o incluso sin historial criminal conocido.
La operación distingue entre 2 grupos. Los considerados de bajo riesgo han sido llevados al Centro de Operaciones Migratorias, una instalación tipo barracón usada antes para personas interceptadas en el mar. En cambio, quienes son catalogados como de alto riesgo han sido enviados al Camp VI, una parte del complejo carcelario asociado durante años a los detenidos por terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre.
Ese punto es central porque Guantánamo tiene un peso simbólico enorme. La prisión se hizo conocida mundialmente por denuncias de abusos, tortura y violaciones al debido proceso. Por eso, trasladar a detenidos migratorios civiles a ese entorno abrió un debate jurídico inmediato. No se discute solo dónde están alojados, sino si el propio uso de esa base para inmigración civil resulta compatible con la Constitución y con estándares básicos de derechos.
La legalidad del esquema todavía está en litigio. En una decisión preliminar de diciembre, un juez federal en Washington determinó que el esfuerzo parecía “indebidamente punitivo” y probablemente ilegal, aunque no bloqueó la operación, según el texto judicial citado en el contenido base y enlazado en esta resolución preliminar. Para Lee Gelernt, abogado de la ACLU, el uso de Guantánamo es poco más que teatro político, porque no ofrece una meta de política pública clara frente a sus enormes costos y cargas logísticas.
¿Qué significa esto para la política migratoria de Trump?
El caso Guantánamo ayuda a entender cómo funciona la estrategia migratoria de Trump: anuncios muy duros, alto impacto mediático y un fuerte énfasis en la disuasión. Aunque la base siga casi vacía, el gobierno conserva un mensaje severo. La portavoz del DHS, Lauren Bis, afirmó que quien entre ilegalmente y viole las leyes podría terminar en Guantánamo, en CECOT o en un tercer país. El mensaje busca miedo preventivo más que simple administración de camas.
Desde esa perspectiva, el éxito político del plan no depende necesariamente de cuántas personas haya dentro de la base. También puede medirse por el efecto psicológico que produce en comunidades migrantes y en potenciales solicitantes de ingreso irregular. Sin embargo, esa lógica choca con otro límite: si la operación es carísima, opaca y vulnerable en tribunales, su sostenibilidad se vuelve frágil.
Para los lectores latinos en Estados Unidos, el tema importa por 2 razones. Primero, porque muestra hasta dónde puede llegar el gobierno federal en materia de detención migratoria. Y segundo, porque recuerda que la política migratoria no se define solo en la frontera. También se decide en tribunales, en el Congreso, en bases militares y en el terreno simbólico del miedo.
En este momento, Guantánamo no parece ser la megacárcel migratoria que prometió Trump. Parece, más bien, una pieza de presión política con baja ocupación, alta factura y fuerte disputa legal. Esa combinación la convierte en una de las medidas migratorias más visibles del gobierno, pero también en una de las más difíciles de justificar cuando se miran los números.
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