El Departamento de Seguridad Nacional reconoció ante tribunal de Texas haber deportado ilegalmente. Faustino Pablo Pablo era ciudadano guatemalteco protegido por orden federal de “prohibición de remoción”. El gobierno admitió que su deportación a Guatemala violó protecciones legales vigentes. Un juez federal ordenó al gobierno facilitar su retorno antes del 12 de diciembre. El caso expone fallos graves en procedimientos de deportación de la administración Trump. Las autoridades reconocieron formalmente que la remoción fue ilegal durante audiencia judicial.
¿Cuál era la protección legal que tenía?
Faustino Pablo Pablo ingresó a Estados Unidos en 2012 huyendo de la violencia centroamericana. Solicitó asilo argumentando que enfrentaría tortura si regresaba a Guatemala según su abogado. Años después, un juez de migración concluyó que probablemente enfrentaría tortura del gobierno guatemalteco. Obtuvo un amparo de prohibición de remoción que protegía específicamente contra su deportación. Esta protección legal fue otorgada hace más de una década según documentos judiciales.
El gobierno reconoció que Pablo residió regularmente en California reportándose continuamente. Se desempeñaba como trabajador en Los Ángeles sin incidentes legales desde su liberación 2013. La orden de prohibición de remoción fue válida completamente cuando lo detuvieron en noviembre. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no verificó esta protección vigente antes de proceder.
¿Cómo sucedió la deportación ilegal?
Faustino fue detenido el 5 de noviembre durante un control rutinario de inmigración en Nueva Orleans. Su abogado notificó inmediatamente a las autoridades sobre la protección vigente de prohibición de remoción. ICE ignoró la notificación legal y trasladó a Pablo a El Paso, Texas el 17 de noviembre. Le informaron que sería deportado a Guatemala sin permitir que se contactara adecuadamente con su defensa. Antes de que un juez federal pudiera intervenir, el 20 de noviembre, lo transportaron en un vuelo.
Las autoridades enviaron a Pablo directamente a la Ciudad de Guatemala sin poder objetar. El tribunal determinó que esta acción violó flagrantemente leyes de protección federal establecidas. El juez David Guaderrama reprendió fuertemente al gobierno por esta ilegalidad grave manifestada. Los abogados de ICE reconocieron abiertamente la expulsión fue “cometida erróneamente” por su agencia. Admitieron que programaron un vuelo de retorno provisional para el 4 de diciembre sin concretarse.
¿Qué dijeron las autoridades al respecto?
El juez Guaderrama también determinó que la deportación fue completamente ilegal e inaceptable. Ordenó al gobierno estadounidense facilitar el retorno inmediato de Pablo antes del 12 de diciembre. Subrayó que el migrante enfrenta riesgo claro y grave de sufrir daños irreparables en Guatemala. El tribunal instruyó a funcionarios de inmigración presentar reportes diarios sobre avances de retorno. La orden exige que el gobierno notifique a todos los agentes involucrados en caso del error deportación.
También requiere cooperación total con la defensa legal para localizar y coordinar traslado. El magistrado enfatizó que las autoridades violaron protección federal vigente durante más diez años. Se requiere coordinación inmediata entre DHS e ICE para cumplir la repatriación ordenada. Los abogados del gobierno deben cooperar completamente con defensa del migrante guatemalteco sin demoras adicionales.
Otros errores similares de deportación
El caso de Faustino Pablo Pablo no representa un error aislado dentro del sistema migratorio. En marzo pasado, Kilmar Armando Abrego García fue deportado a El Salvador ilegalmente pese contar protección vigente. Abrego también tenía una orden federal desde 2019 prohibiendo su remoción a El Salvador. Un tribunal federal ordenó inmediatamente su retorno al territorio estadounidense tras reconocer ilegalidad. De manera similar, Jordin Melgar-Salmeron fue removido tras obtener suspensión de deportación.
Un tribunal de apelaciones exigió al gobierno facilitar el regreso de Melgar-Salmeron completamente. Estos casos evidencian falta de procedimientos coordinados entre agencias de inmigración federales. Las organizaciones de derechos humanos expresan preocupación por aumento de deportaciones erróneas sistemáticas. Abogados especializados advierten que cientos de migrantes amparados enfrentan riesgo similares. La familia de Pablo espera su regreso pronto para reunirse en Nueva Orleans completo.
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