Trump cancela el fondo a sus aliados, pero conserva beneficios fiscales para él y su familia.
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El panorama político en Washington ha registrado un vuelco drástico en las últimas horas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se vio obligado a ceder y cancelar de forma definitiva la creación del polémico fondo de 1.776 millones de dólares destinado a compensar a sus aliados. Sin embargo, el mandatario republicano logró conservar intactos los cuantiosos beneficios fiscales y la inmunidad de auditorías para él y su familia. Esta dualidad ha encendido las alarmas en el Congreso por el uso del aparato del Estado para provecho personal.
La millonaria partida presupuestaria, bautizada originalmente como el “fondo contra la instrumentalización de la justicia”, buscaba resarcir a quienes se sintieran perseguidos durante el mandato de Joe Biden. Entre los potenciales beneficiarios figuraban múltiples participantes del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. La iniciativa desató un escándalo generalizado y una rebelión interna entre las propias filas republicanas. Esto amenazaba con bloquear el financiamiento de sectores clave del Gobierno a solo meses de las elecciones de medio mandato.
A pesar de sepultar el fondo público, la Casa Blanca blindó la segunda pata del polémico pacto con el Servicio de Impuestos Internos (IRS). El acuerdo extingue inspecciones fiscales en marcha y protege al mandatario, a sus empresas y a sus hijos mayores de futuras demandas civiles o penales por declaraciones pasadas. Según expertos fiscalistas, este nivel de protección carece de precedentes históricos en la nación. El pacto evita que el jefe de Estado afronte una potencial multa tributaria estimada en 100 millones de dólares.
¿Qué explicaciones ofreció el fiscal general interino ante el Congreso?
El fiscal general interino, Todd Blanche, compareció ante la Cámara de Representantes para defender la validez jurídica del pacto de inmunidad. Los legisladores demócratas acusaron de forma enérgica al funcionario de actuar como el abogado personal de Trump y no como el máximo garante de la justicia. Blanche firmó el controvertido documento de protección fiscal pocas semanas después de asumir el cargo tras la baja de Pam Bondi. La congresista Rosa DeLauro increpó directamente al funcionario titular, afirmando que priorizó los intereses financieros de la familia presidencial sobre la ciudadanía.
“Usted no es digno de su cargo. ¿No le parece que hay un conflicto de intereses?”, le espetó la legisladora demócratas Rosa DeLauro al fiscal general interino.
Blanche rechazó de manera tajante la existencia de un conflicto de intereses y justificó las medidas. Argumentó que librar al afectado de las inspecciones en curso es una práctica habitual tras un litigio prolongado con Hacienda. Sostuvo que el convenio no otorga una inmunidad de cara al futuro ni representa un cheque en blanco para las corporaciones de Trump. Sin embargo, la oposición técnica recordó que el caso no derivó de una investigación de rutina, sino de una demanda interpuesta por el propio presidente.
Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, compareció al día siguiente ante el Comité de Finanzas del Senado y adoptó una estrategia de absoluto hermetismo. Bessent se negó a responder si la inmunidad frente a las auditorías del IRS continuaba vigente tras cancelarse el fondo millonario. El funcionario desvió de forma sistemática los cuestionamientos de los senadores, escudándose en que existían litigios legales abiertos en los tribunales federales de Florida.
¿Cómo reaccionaron los senadores ante el hermetismo del Gobierno?
La actitud evasiva del secretario del Tesoro desató la indignación inmediata de los miembros de la comisión parlamentaria. La senadora demócrata Catherine Cortez Masto acusó públicamente a Bessent de evadir sus responsabilidades institucionales ante la República. El presidente del comité, Ron Wyden, calificó el acuerdo fiscal como un abuso del IRS que supera cualquier precedente histórico de corrupción política. Wyden exigió aclarar cómo se fraguó el pacto, pero Bessent prefirió arremeter contra el senador mediante ataques personales vinculados a la política local.
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Incluso dentro del bloque conservador surgieron fisuras y críticas severas contra los beneficios otorgados al jefe de Estado. El senador republicano Bill Cassidy declaró a los periodistas que ningún ciudadano estadounidense debería recibir un trato preferencial de esa naturaleza por parte de la Hacienda pública. Paralelamente, especialistas en derechos de los contribuyentes compararon la situación con los peores escándalos de la década de 1970. Señalaron que el pacto evoca los intentos de Richard Nixon para utilizar los controles fiscales como un arma de beneficio personal.
El origen de la disputa radica en una demanda por 10.000 millones de dólares que Trump interpuso contra la Hacienda de su propio país. El gobernante alegaba perjuicios financieros debido a la filtración de sus declaraciones de impuestos a la prensa escrita durante su primer mandato. El mandatario aceptó retirar la querella legal a cambio de los fondos para sus aliados y el blindaje fiscal de su círculo íntimo. No obstante, una jueza federal de Florida ordenó reabrir el caso recientemente por sospechas de opacidad.
¿Se mantendrá cancelado el fondo para los asaltantes del Capitolio?
La magistrada de Florida, Kathleen Williams, amonestó al Departamento de Justicia por la falta de transparencia en la presentación de los documentos del acuerdo. Williams exigió a los abogados de Trump responder a las acusaciones de que el pacto se diseñó para esquivar la fiscalización de las cortes. Exfuncionarios judiciales señalaron que el proceso en Florida es crucial para determinar si el pacto es una estafa histórica. Mientras tanto, la redacción de la cláusula de inmunidad aprobada prohíbe de forma perpetua al Gobierno demandar a la organización Trump.
Pese a que el fondo de 1.800 millones de dólares está oficialmente muerto por la vía del Ejecutivo, la controversia legislativa promete continuar. El senador republicano Lindsey Graham propuso al Congreso diseñar una versión alternativa de la partida presupuestaria para sortear el veto judicial. El número tres del Departamento de Justicia, Stanley Woodward, manifestó inicialmente en redes sociales su respaldo a la iniciativa de Graham. Aunque el funcionario borró el mensaje horas después, analistas políticos advierten que el oficialismo buscará fórmulas alternativas para financiar a sus bases.
La tensión institucional se cruza además con cuestionamientos sobre el manejo financiero ético dentro de la Oficina Oval. La senadora Elizabeth Warren interrogó a las autoridades del Tesoro sobre las casi 4.000 transacciones de acciones comerciales efectuadas por Trump a inicios de año. Las operaciones sugieren el uso potencial de información privilegiada del Estado para beneficio de sus firmas privadas. El debate por el control de la recaudación fiscal y los límites de la inmunidad presidencial se agudizará en los tribunales federales.
