Un migrante indocumentado fue detenido el 22 de enero en Miami durante una investigación sobre un presunto boleto de lotería fraudulento. Agentes especiales de la Lotería de Florida, certificados bajo el programa de colaboración 287(g) con ICE, aprehendieron al hombre tras detectar irregularidades en la verificación del boleto. Posteriormente, fue trasladado al centro de detención del ICE en Miramar, en el área metropolitana de Miami. Allí permanece bajo custodia federal. Las autoridades nunca revelaron la identidad ni nacionalidad del detenido, ni precisaron los cargos específicos relacionados con el fraude presunto.
El gobernador Ron DeSantis utilizó el caso para reforzar su narrativa política sobre control migratorio. A través de redes sociales, declaró: “Incluso la Lotería de Florida está haciendo su parte para que los extranjeros ilegales rindan cuentas”. El incidente ejemplifica cómo la administración DeSantis ha expandido el programa 287(g) a agencias estatales no tradicionales. Así, permite que organismos enfocados en fraude y control de juegos participen en detenciones migratorias.
¿Qué es el programa 287(g) y cómo funciona en Florida?
El programa 287(g) es un acuerdo federal que permite a agencias estatales y locales colaborar directamente con ICE en la identificación, interrogatorio y detención de personas sin estatus migratorio legal. Bajo este programa, oficiales estatales pueden ejercer funciones migratorias federales cuando una persona es detenida en el contexto de una investigación criminal o de rutina. A diferencia de los agentes de ICE, estos funcionarios estatales no tienen autoridad para arrestar únicamente por violaciones migratorias. Sin embargo, pueden retener a personas sospechosas hasta que ICE determine su situación.
En Florida, desde que Trump regresó a la presidencia, DeSantis ha intensificado las medidas para que todas las agencias estatales firmen acuerdos 287(g). La División de Seguridad de la Lotería normalmente investiga fraudes con boletos y estafas contra la agencia. Sin embargo, ahora también asume funciones federales de inmigración. Además de la Lotería, el programa se extendió al Departamento de Negocios, la División de Regulación de Bebidas Alcohólicas y Tabaco (ABT) y la Comisión de Control de Juegos (FGCC).
¿Cuáles son los números de detenciones?
Durante un discurso el 14 de enero ante el Congreso estatal, DeSantis anunció que agentes policiales han entregado casi 20,000 migrantes indocumentados al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en los últimos nueve meses. Cifras aún más dramáticas provienen de la Operación Tidal Wave. Esta es una iniciativa conjunta entre Florida e ICE que, según DeSantis, ha resultado en más de 10,400 arrestos desde abril de 2025.
Esta expansión de facultades ha sido respaldada con financiamiento federal sustancial. El estado ha recibido 28 millones de dólares en fondos de aplicación de leyes migratorias, con 10 millones adicionales para fuerzas del orden locales. Según ICE, estos fondos incluyen 2.7 millones para transporte de agencias locales y 7.3 millones para equipar a 974 agentes locales. Además, más 1 millón en transporte estatal y 27.5 millones para equipar a 3,676 agentes estatales.
Las detenciones migratorias
El caso de la Lotería refleja una estrategia más amplia de control migratorio en Florida bajo DeSantis. El estado implementó la ley SB 1718, considerada una de las legislaciones antiinmigrantes más estrictas de Estados Unidos. Esta ley penaliza el transporte de indocumentados y obliga a los hospitales a preguntar sobre el estatus legal de los pacientes. Además, DeSantis ha advertido públicamente que “Si crees que puedes lanzar ataques contra ICE en este estado, te equivocas”, declarando que enfrentarán consecuencias “con gran rapidez y severidad”.
La Patrulla de Carreteras de Florida ahora puede interrogar a conductores sobre su estatus migratorio durante paradas de tráfico bajo el programa 287(g). Incluso DeSantis, en mayo de 2025, no descartó pedir prueba de ciudadanía para comprar boletos de lotería, sugiriendo una expansión aún mayor de estos mecanismos de control. Además, organizaciones de derechos civiles han criticado estas políticas por considerar que desalientan la cooperación comunitaria con fuerzas del orden y criminalizan actividades ordinarias como la compra de boletos de lotería.
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