El intento del presidente Donald Trump por eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos recibió un nuevo revés judicial. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito bloqueó la orden ejecutiva que buscaba negar este derecho a hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio estadounidense.
La decisión, con una votación de 2-1, respalda el fallo previo del juez federal John C. Coughenour, del estado de Washington. El magistrado había determinado que la medida de Trump contradecía abiertamente la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos, siempre que estén sujetas a su jurisdicción.
Fallos judiciales reafirman la ciudadanía por nacimiento
La orden del Noveno Circuito destaca: “El tribunal de Distrito concluyó correctamente que es inconstitucional la interpretación propuesta en la Orden Ejecutiva, que niega la ciudadanía a muchas personas nacidas en Estados Unidos. Estamos totalmente de acuerdo”.
Una demanda presentada por los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón impulsó este caso. Los fiscales generales dijeron que la interpretación de Trump rompía la Cláusula de Ciudadanía en la Constitución. También tenía efectos legales y sociales negativos para las familias inmigrantes.
Trump rodeado de niños pequeños. Foto: X/@ActualidadRT
Aunque el Departamento de Justicia aún puede apelar el fallo ante la Corte Suprema, esta decisión representa un paso importante en la defensa del derecho a la ciudadanía por nacimiento.
Otra corte también bloqueó la orden de Trump en New Hampshire
El pasado 10 de julio, otro tribunal federal bloqueó a nivel nacional la misma orden ejecutiva. El juez Joseph Laplante, de New Hampshire, apoyó una demanda colectiva. Esta fue liderada por una mujer hondureña embarazada y un inmigrante brasileño. La esposa del inmigrante dio a luz en marzo.
Laplante concluyó que la medida presidencial implicaba un “daño irreparable” para los recién nacidos y consideró innecesario limitar su fallo a una región específica. Así, amplió su alcance a nivel nacional y permitió que la demanda colectiva avanzara en nombre de todas las personas potencialmente afectadas por la orden ejecutiva.
“La orden preliminar no es una decisión difícil para el tribunal”, sostuvo el juez, quien enfatizó que negar la ciudadanía desde el nacimiento va contra los principios constitucionales fundamentales.
Hay muchos niños norteamericanos con padres indocumentados en los Estados Unidos. Foto: X/@SIN24Horas
La ciudadanía por nacimiento sigue en disputa, pero con apoyo judicial
En total, al menos nueve demandas han sido presentadas en distintas cortes del país para impugnar la orden de Trump. Algunos de estos procesos judiciales han tenido que ajustarse tras una decisión previa de la Corte Suprema que limita el alcance nacional de los fallos emitidos por tribunales de distrito.
Sin embargo, la estrategia de los demandantes en New Hampshire fue clave para sortear esa limitación y lograr que su caso se aplicara de forma nacional. De continuar los recursos legales por parte del gobierno, será la Corte Suprema quien finalmente decida si el intento de eliminar la ciudadanía por nacimiento tiene base legal o no.
Hasta el momento, todos los fallos judiciales han coincidido en que la medida de Trump es inconstitucional. La Decimocuarta Enmienda ha sido la defensa principal en estos procesos, como ha ocurrido históricamente desde su adopción en 1868 tras la abolición de la esclavitud.
Apoyo y oposición frente a la ciudadanía por nacimiento
Este intento de cambio legal ha generado posturas encontradas. Mientras organizaciones proinmigrantes celebran los fallos como una victoria para los derechos civiles, sectores conservadores afines a Trump insisten en que la ciudadanía por nacimiento debería limitarse para evitar el llamado “turismo de nacimiento” o los “beneficios automáticos” para indocumentados.
Cabe recordar que el debate sobre este derecho constitucional no es nuevo. En 2018, durante su presidencia, Trump ya había expresado su intención de revocar por decreto la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes sin estatus legal. Sin embargo, constitucionalistas, legisladores y defensores de los derechos humanos criticaron ampliamente su iniciativa.
Por ahora, (las leyes) continúan protegiendo legalmente la ciudadanía por nacimiento, mientras los tribunales federales se pronuncian de forma clara contra los intentos de restringirla por vía ejecutiva.