Los “encuentros” con migrantes indocumentados en la frontera sur de Estados Unidos han caído drásticamente a niveles no vistos en medio siglo. Según un análisis reciente del Centro de Investigación Pew, estas cifras fronterizas tocaron su punto más bajo desde 1970. Este histórico descenso refleja un cambio profundo en las políticas de seguridad implementadas durante el último año.
Durante el año fiscal 2025, la Patrulla Fronteriza registró únicamente 237 538 encuentros en toda la frontera con México. Esta cifra representa una caída brutal del 84.5% en comparación con los más de 1 500 000 encuentros registrados en 2024. Además, contrasta fuertemente con el récord absoluto de 2 200 000 cruces irregulares contabilizados durante el año 2022.
Es importante aclarar que el término oficial “encuentros” mide eventos de aprehensión y no la cantidad de personas individuales. Un mismo migrante puede ser detenido, deportado rápidamente e intentar cruzar de nuevo, sumando múltiples encuentros en las estadísticas. Esta drástica disminución comenzó en los últimos meses del gobierno de Joe Biden y se aceleró aceleradamente con Donald Trump.
¿Qué medidas iniciaron esta caída histórica?
El descenso inicial de los cruces irregulares comenzó a gestarse durante la administración demócrata en la primera mitad del 2024. En abril de ese año, el presidente Joe Biden firmó un importante acuerdo bilateral con el entonces mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Este pacto obligó a las autoridades mexicanas a intensificar fuertemente la vigilancia y frenar el flujo migratorio hacia el norte.
Sumado a este gran esfuerzo binacional, el gobierno de Biden impuso severas restricciones internas para desalentar la migración irregular. En los meses de junio y septiembre de 2024, la administración demócrata endureció drásticamente los requisitos para solicitar asilo en Estados Unidos. Estas medidas lograron reducir significativamente el número de personas dispuestas a arriesgarse cruzando el peligroso río Bravo o el desierto.
Sin embargo, tras asumir la presidencia en enero de 2025, Donald Trump llevó estas restricciones a un nivel mucho más agresivo. Inmediatamente después de juramentar, declaró una emergencia nacional fronteriza y ordenó al ejército militar asistir en labores de seguridad interna. Además, su gobierno eliminó definitivamente la aplicación móvil CBP One, cortando la principal vía legal para solicitar asilo previamente.
¿Cómo ha operado la Patrulla Fronteriza?
El efecto de las nuevas y estrictas políticas republicanas se reflejó inmediatamente en los números de aprehensiones mensuales oficiales. Desde febrero de 2025, el primer mes completo de la administración Trump, la Patrulla Fronteriza reportó menos de 10 000 encuentros mensuales. Estas cifras son incluso inferiores a las registradas en abril de 2020, cuando la migración mundial se paralizó por la pandemia.
La estrategia de seguridad actual prioriza la detención rápida y la expulsión inmediata de cualquier extranjero que ingrese ilegalmente. Anteriormente, muchos migrantes eran liberados condicionalmente con una orden formal de presentarse ante un juez de inmigración meses después. Hoy en día, ese proceso indulgente es la excepción y casi todos los detenidos enfrentan procesos judiciales sumamente acelerados.
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha celebrado públicamente estos resultados como un gran éxito de la nueva gestión republicana. Según las autoridades, el aumento masivo en los arrestos internos y las deportaciones rápidas disuade a nuevos grupos migratorios. El Comité de Seguridad Nacional destacó que, durante meses recientes, “cero extranjeros inadmisibles” fueron liberados en las calles estadounidenses.
¿Qué sucede ahora con los solicitantes de asilo?
Aunque el derecho legal a solicitar asilo humanitario sigue vigente en los textos, en la práctica enfrenta obstáculos casi insuperables. El gobierno endureció severamente los estándares requeridos para aprobar las difíciles entrevistas de “temor creíble”, el primer filtro del proceso asilar. Miles de familias desesperadas no logran demostrar que sus vidas corren verdadero peligro inminente si son devueltas a sus países.
La vía más utilizada por las autoridades migratorias actualmente es la llamada “deportación acelerada”. Este sumarísimo proceso permite a los agentes fronterizos expulsar al migrante en cuestión de pocos días, sin permitirle ver a un juez. Esta agresiva medida se aplica a cualquier persona indocumentada que no pueda demostrar fehacientemente llevar más de dos años residiendo en el país.
El fin de los programas humanitarios ha generado gran preocupación entre diversas organizaciones de derechos humanos y abogados defensores. Critican que las deportaciones exprés incluyan a menores y adolescentes vulnerables junto con sus familias, sin garantizarles el debido proceso legal. Mientras tanto, la frontera sur permanece más blindada que nunca, manteniendo a raya el histórico flujo migratorio latinoamericano.
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