Los registros de emergencias han encendido las alarmas sobre las condiciones que enfrentan los niños inmigrantes bajo custodia del gobierno estadounidense. Recientes audios y bitácoras del 911 revelan que el personal médico del Centro de Procesamiento Familiar de Inmigración de Dilley, en Texas, solicita ambulancias frecuentemente. Además, las llamadas exponen episodios graves que involucran a menores con fiebre alta, dificultad respiratoria, convulsiones y posibles fracturas.
Este centro es administrado por la empresa privada CoreCivic bajo contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Además, alberga a familias con niños pequeños. Según documentos revisados por diversos medios, los servicios de emergencia (EMS) han sido enviados a las instalaciones al menos en 11 ocasiones desde mediados de septiembre de 2025 para tratar a niños en peligro médico. Por otro lado, estas revelaciones ponen en duda la capacidad de la instalación para manejar necesidades pediátricas complejas.
La situación es particularmente crítica porque el centro de Dilley se ubica en una zona rural, a más de 70 millas del sur de San Antonio. En al menos tres ocasiones recientes, los niños tuvieron que ser trasladados a un hospital pediátrico en San Antonio. Este hospital, por supuesto, cuenta con el equipo necesario para tratar condiciones potencialmente mortales.
¿Cuáles han sido los casos médicos?
Uno de los casos más dramáticos documentados en los registros del 911 involucró a un bebé de dos meses llamado Juan Nicolás. El infante fue llevado de urgencia a una sala de emergencias local debido a severas dificultades respiratorias provocadas por una bronquitis. Los registros de emergencia del condado de Frio muestran que la condición del niño era tan grave que los paramédicos intentaron trasladarlo en helicóptero a un hospital mayor. Sin embargo, el mal clima impidió el vuelo. Poco tiempo después de ser dado de alta, el bebé, su madre y su hermana fueron deportados a México.
Otro incidente preocupante, reportado a principios de año, afectó a una niña de 18 meses identificada como Amalia. La menor fue ingresada en un hospital infantil en San Antonio tras desarrollar neumonía, COVID-19 y virus sincitial respiratorio (VSR). Según una demanda federal, la niña estuvo diez días hospitalizada y requirió terapia de oxígeno. Al ser dada de alta, el personal médico indicó que Amalia necesitaba tratamientos con nebulizador y suplementos nutricionales. Sin embargo, ICE la devolvió al centro de detención de Dilley. Allí, sus padres denunciaron que se les negaron los medicamentos recetados por los médicos del hospital.
Además de las enfermedades respiratorias, los registros muestran que el personal ha solicitado asistencia médica urgente por lesiones físicas. En otro caso documentado en registros judiciales anteriores, un padre denunció que el personal médico de Dilley debatió durante dos horas si debían llevar a su hijo al hospital, a pesar de que el brazo del niño se estaba hinchando visiblemente. Finalmente, en la sala de urgencias, un médico confirmó que el brazo del menor de ocho años estaba fracturado.
¿Qué advierten los pediatras?
La frecuencia de estas llamadas al 911 refleja un problema sistémico y no solo incidentes aislados. Diversos especialistas advierten que los centros de detención no están equipados adecuadamente para atender urgencias pediátricas. Mantener a niños pequeños en entornos restrictivos y masificados facilita la rápida propagación de infecciones virales y bacterianas.
Pediatras especializados en cuidados críticos señalan que el confinamiento prolongado agrava enfermedades comunes y dificulta la detección temprana de complicaciones. Un simple resfriado puede evolucionar rápidamente a una insuficiencia respiratoria severa si no se evalúa correctamente a tiempo. De hecho, ICE confirmó recientemente la presencia de casos de sarampión dentro de la instalación. Esto generó pánico entre los abogados que representan a las familias inmigrantes por temor a un brote generalizado.
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Las condiciones generales de vida en el centro también contribuyen al deterioro de la salud física y mental de los menores. Defensores de los derechos humanos y organizaciones como RAICES han denunciado sistemáticamente la escasez de atención médica, la calidad deficiente de los alimentos y el agua, y el severo impacto psicológico.
¿Cuál es la postura oficial del gobierno?
Frente a la creciente ola de críticas, las autoridades federales han defendido sus políticas de detención. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calificó de falsas las afirmaciones sobre condiciones inhumanas en las instalaciones de ICE. Además, Todd Lyons, director interino de la agencia, aseguró que el centro de Dilley no es punitivo ni correccional. Él afirma que es un entorno seguro donde las familias reciben atención médica y servicios educativos mientras esperan su deportación.
CoreCivic, la empresa penitenciaria privada que administra y opera el centro, respaldó la postura gubernamental. La compañía sostiene que la salud de los detenidos es su principal prioridad y afirma que cuentan con más de 120 profesionales médicos en el lugar. Además, negaron rotundamente que a los niños bajo su custodia se les haya negado tratamiento médico o hayan experimentado retrasos en sus evaluaciones clínicas.
Sin embargo, las familias y sus abogados insisten en que la realidad dentro del centro difiere enormemente de las declaraciones oficiales. Las llamadas desesperadas al 911 y los testimonios judiciales dibujan un panorama en el que el acceso a un cuidado médico oportuno sigue siendo un desafío constante.
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