Las recientes auditorías electorales impulsadas por el Gobierno de Trump han comenzado a afectar a ciudadanos estadounidenses. Varios votantes legítimos están recibiendo notificaciones de eliminación de los registros estatales. El objetivo oficial es buscar inmigrantes no elegibles en las listas de votantes. Sin embargo, errores administrativos están poniendo en riesgo el derecho al sufragio. Este esfuerzo federal utiliza bases de datos que críticos consideran desactualizadas o imprecisas.
¿Cómo afectan las auditorías a los ciudadanos?
El caso de Sofía Minotti ilustra perfectamente la problemática actual. Ella es una ciudadana estadounidense naturalizada que reside en Texas. En octubre, recibió una carta de su oficina electoral local con una advertencia. Le informaban que sería eliminada del registro si no presentaba pruebas de ciudadanía. Minotti tuvo que actuar rápidamente para salvar su derecho al voto.
Ella envió una copia escaneada de su pasaporte a la Oficina Electoral del Condado de Denton. Gracias a esto, pudo votar en las primarias de Texas del próximo mes. “Me sentí ofendida”, declaró la estudiante de posgrado de 24 años. Minotti ha votado en todas las elecciones desde que cumplió 18 años. Ahora, su estatus legal estaba siendo cuestionado injustamente por el sistema.
Texas es uno de los estados que utiliza una base de datos federal revisada. No obstante, el sistema ha detectado problemas en un porcentaje minúsculo de consultas. Un funcionario republicano admitió a CNN que las bases de datos no están actualizadas. Por ello, existe el temor de privar del voto a ciudadanos elegibles.
¿Qué herramienta utiliza el Gobierno de Trump?
La administración está empleando la herramienta conocida como SAVE para estas revisiones masivas. SAVE se utiliza tradicionalmente para verificar el estatus migratorio de solicitantes de beneficios. El año pasado, el gobierno amplió sus funciones vinculándolo con datos de seguridad social. Además, permitió a los estados cargar registros de votantes de forma gratuita.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (ICE) instó a los estados a usar este sistema. Matthew Tragesser, portavoz de ICE, afirmó que buscan “eliminar el fraude electoral”. Sin embargo, estados demócratas se han negado a participar en el programa. Argumentan que SAVE no es confiable para fines electorales y genera coincidencias defectuosas.
Desde abril, los estados han realizado casi 59 millones de consultas de verificación. El sistema identificó a más de 18.000 presuntos extranjeros entre ellos. A pesar de esto, la precisión de estos resultados sigue siendo motivo de debate.
¿Existen errores en la verificación de votantes?
Texas procesó su lista completa de más de 18 millones de votantes el año pasado. La Secretaria de Estado, Jane Nelson, afirmó que detectaron 2724 presuntos extranjeros. Estos casos fueron remitidos a los condados para una investigación más profunda. Lamentablemente, funcionarios locales han identificado a muchos ciudadanos marcados por error.
En el condado de Denton, se identificaron inicialmente a 84 posibles no ciudadanos. Tras una revisión, 15 de ellos, incluida Minotti, demostraron su ciudadanía legal. Pero la mayoría de las personas señaladas no respondieron a los avisos enviados. Como resultado, se les ha cancelado el registro electoral en el condado.
El administrador electoral, Frank Phillips, teme que muchos simplemente no vieron la carta. Por ende, podrían presentarse a votar sin saber que han sido eliminados. Emily French, de Common Cause Texas, advierte sobre el impacto en naturalizados. “La víctima número uno de esto siempre son los ciudadanos recién naturalizados”, explicó.
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¿Qué busca la administración con estas medidas?
El presidente Donald Trump ha prometido federalizar las elecciones para garantizar su integridad. Su administración busca asegurar que los padrones estén libres de errores. La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, defendió la “plena autoridad” del gobierno. Aseguran que buscan eliminar a votantes no ciudadanos registrados ilegalmente.
Sin embargo, críticos ven esto como una táctica de supresión de votantes. Nikhel Sus, asesor de CREW, argumenta que imponen requisitos de prueba documental “por la puerta trasera”. Además, el Departamento de Justicia ha demandado a estados que se niegan a cooperar. Exigen acceso a los padrones completos, incluyendo números de la Seguridad Social.
Finalmente, Trump firmó un decreto exigiendo prueba de ciudadanía para registros federales. Esto ocurre mientras insta a trazar nuevos distritos para ganar escaños adicionales. Mientras tanto, votantes como Minotti deben estar alertas para proteger sus derechos civiles.
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