El gobierno de El Salvador ha dicho a la ONU que la administración del presidente Donald Trump controla a muchos migrantes venezolanos. Estos migrantes fueron deportados desde Estados Unidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Este es una gran prisión en El Salvador, famosa por sus duras condiciones. Esta revelación, presentada en documentos judiciales el 7 de julio de 2025, contradice lo que dice Washington. Afirma que los deportados están fuera de su jurisdicción. Esto ha desatado un debate sobre la legalidad de las políticas migratorias de Trump y el futuro de los detenidos.
Declaraciones de El Salvador ante la ONU
En respuesta a un grupo de trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, funcionarios de El Salvador confirmaron algo importante. Dicen que Estados Unidos tiene la “jurisdicción y responsabilidad legal” sobre los 238 venezolanos. Estos venezolanos fueron deportados al CECOT en marzo de 2025. “Las autoridades extranjeras tienen el control exclusivo sobre estas personas”, dijeron los documentos. Esto desafía la idea de la administración Trump de que no puede ayudar en su situación. Esta admisión ocurre mientras la ONU investiga las condiciones de los deportados. Muchos de ellos fueron enviados a pesar de una orden judicial de EE. UU. que pedía detener los vuelos.
Controversia por el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros
La administración Trump justificó las deportaciones masivas usando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esta ley, de tiempos de guerra, permite expulsar a extranjeros sin un debido proceso en casos de “invasión”. El gobierno dijo que los deportados eran parte de la banda venezolana Tren de Aragua. Sin embargo, investigaciones de CBS News mostraron que el 75% de los 238 venezolanos no tenía antecedentes penales en Estados Unidos. La operación, que incluyó un pago de 6 millones de dólares a El Salvador para albergar a 300 migrantes durante un año, ha sido criticada por carecer de transparencia y violar derechos humanos.
Condiciones inhumanas en el CECOT
El CECOT, ubicado en Tecoluca, a 75 kilómetros de San Salvador, es un complejo de 40,000 plazas construido en 2023 bajo el gobierno de Nayib Bukele. Según Human Rights Watch, los presos viven en condiciones muy malas. Tienen celdas de solo 0.6 metros cuadrados por persona. También sufren falta de comida adecuada. No hay visitas ni programas educativos disponibles para ellos. Reportes de Amnistía Internacional documentan al menos 366 muertes en cárceles salvadoreñas desde 2022, con denuncias de tortura y negligencia médica. Videos oficiales muestran a deportados con grilletes, cabezas rapadas y obligados a caminar encorvados, lo que ha generado indignación entre defensores de derechos humanos.
Casos de deportaciones erróneas
Un caso destacado es el de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado por error desde Maryland pese a una orden judicial que lo protegía. Tras meses de resistencia, la administración Trump facilitó su regreso en mayo de 2025, pero ahora enfrenta cargos de tráfico de personas. Otro caso involucra a Andry Hernández Romero, un maquillador venezolano sin antecedentes penales, deportado tras ser señalado como miembro de Tren de Aragua por un tatuaje. “La evidencia del gobierno se basa en características superficiales como tatuajes o ropa”, afirmó Lindsay Toczylowski, abogada de Hernández, destacando la falta de pruebas sólidas.
Batallas legales y reacciones
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward representan a más de 100 deportados. Han demandado al gobierno de El Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Exigen la liberación de 18 venezolanos. Una coalición de defensores de migrantes también busca anular el acuerdo entre ambos países, argumentando que viola la Constitución al negar el debido proceso. La senadora demócrata Jeanne Shaheen ha solicitado explicaciones sobre el uso de fondos para deportaciones, mientras el gobierno de Venezuela calificó las acciones como una “criminalización” de sus ciudadanos.
Implicaciones internacionales
El acuerdo entre Trump y Bukele, quien ha elogiado las deportaciones, ha fortalecido su alianza, pero también ha generado críticas globales. La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han cuestionado las condiciones en el CECOT, comparándolas con violaciones a los estándares internacionales de detención. Mientras las familias de los deportados, como Myrelis Casique López, denuncian no haber recibido noticias de sus seres queridos, el caso sigue escalando en tribunales, con el Supremo de EE.UU. listo para revisar el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros.
