EN PORTADA: MÉXICO ENFRENTA A EE.UU.

La posible denuncia de México podría complicar aún más las relaciones bilaterales, ya tensas por las amenazas de Trump de imponer aranceles por el tráfico de fentanilo.
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Foto: EFE

Sheinbaum expresó “solidaridad” con la familia de un mexicano muerto en redada de ICE y advirtió que evalúa una denuncia.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su gobierno evalúa presentar una denuncia formal en tribunales estadounidenses tras la muerte de Jaime Alanís, un trabajador mexicano de 57 años que falleció tras caer de un tejado durante una redada del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Glass House Farms, una plantación de cannabis en Camarillo, California. “Es inaceptable. “No puede haber otro caso como este. Por eso, se debe poner la denuncia en los tribunales de allá”, dijo Sheinbaum en su conferencia matutina. Ella expresó “toda la solidaridad y apoyo” a la familia de Alanís, que es de Huajúmbaro, Michoacán.

El incidente marca la primera muerte conocida durante las operaciones migratorias intensificadas de la administración de Donald Trump. Alanís, un padre y esposo que trabajaba en la granja desde hace diez años, cayó 30 pies. Esto ocurrió mientras intentaba escapar de agentes federales. Sufrió fracturas en el cráneo y el cuello, y también una arteria rota. Esta información fue confirmada por su familia y el Ventura County Medical Center. Fue desconectado del soporte vital tras no mostrar signos de actividad cerebral, según el abogado Jesús Arias, contratado por la familia a través del consulado mexicano.

Una tragedia que sacude a México

La tragedia ha desatado una ola de indignación y tensiones diplomáticas. Sheinbaum, con un tono firme, dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) está revisando las leyes para la denuncia. Esto podría ser un precedente contra las tácticas migratorias de EE.UU. Desde que las redadas se intensificaron, México registró 435 repatriaciones relacionadas con estos operativos y un total de 1,427 desde enero. En total, 75,341 personas han sido deportadas, de las cuales 68,790 son mexicanas, según datos oficiales.

El operativo en Camarillo, donde se detuvieron a unas 200 personas y se identificaron al menos 10 menores migrantes, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), desencadenó protestas masivas. Los videos muestran a trabajadores corriendo por la plantación. Ellos suben a los tejados para evitar arrestos. Mientras tanto, cientos de manifestantes se enfrentan a agentes federales. Algunos lanzan piedras y otros enfrentan gases lacrimógenos. Un manifestante disparó contra los agentes, lo que llevó al FBI a ofrecer una recompensa de 50,000 dólares por información sobre el caso.

Un contexto de políticas agresivas

La muerte de Alanís llega en un momento crítico, tras la orden de la jueza federal Maame Frimpong de frenar las detenciones indiscriminadas en Los Ángeles y seis condados circundantes, calificándolas de “ilegales”. Esta decisión responde a múltiples demandas contra las tácticas agresivas de la administración Trump, que busca ejecutar la mayor deportación masiva en la historia de EE.UU.

Sheinbaum ha condenado repetidamente estas redadas, calificándolas de “injustas” y perjudiciales para la economía estadounidense. En una conferencia, afirmó que sin la mano de obra mexicana, “las cosechas en California se quedarían sin recolectar”. La presidenta también ha intensificado el apoyo consular, con líneas de emergencia activadas y un aumento presupuestal para asistencia legal a migrantes. Desde enero, más de 67,000 mexicanos han sido deportados por avión, según datos oficiales.

La familia de Alanís, devastada, ha recaudado más de 150,000 dólares a través de una campaña en GoFundMe, iniciada por su sobrina Yesenia Duran, quien lo describió como “un agricultor honesto y trabajador” que enviaba dinero a su esposa e hija en México. “Nos quitaron a un miembro de nuestra familia. Necesitamos justicia”, escribió Duran. La Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW), aunque no representa a los trabajadores de Glass House Farms, expresó su apoyo: “Nuestros corazones están con la familia de Jaime Alanís. Estas acciones federales crueles aterrorizan comunidades y amenazan la cadena alimentaria”.

Caos y críticas

Las redadas han generado críticas más allá de México. El congresista Salud Carbajal, representante de California, exigió respuestas al DHS sobre los detenidos, mientras el gobernador Gavin Newsom compartió videos de niños huyendo del gas lacrimógeno en Camarillo. El DHS, por su parte, niega responsabilidad en la muerte de Alanís, afirmando que no estaba bajo custodia ni siendo perseguido cuando cayó. “Los agentes pidieron un helicóptero médico de inmediato”, dijo Tricia McLaughlin, portavoz del DHS.

El incidente también ha reavivado el debate sobre el impacto económico de las deportaciones. Aproximadamente el 50% de los trabajadores agrícolas en EE.UU. son indocumentados, y la industria advierte que su expulsión masiva podría colapsar la producción de alimentos. Sheinbaum, en un evento en Puebla, defendió a los migrantes mexicanos, destacando que “no son criminales” y que ciudades como Los Ángeles “no serían lo que son sin ellos”.

Tensiones diplomáticas en aumento

La posible denuncia de México podría complicar aún más las relaciones bilaterales, ya tensas por las amenazas de Trump de imponer aranceles por el tráfico de fentanilo. En marzo, Sheinbaum se reunió con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien luego la acusó de alentar protestas violentas en Los Ángeles, algo que la presidenta mexicana desmintió categóricamente en X, reafirmando su llamado a manifestaciones pacíficas.

La muerte de Alanís no es un caso aislado en el contexto de las redadas. En junio, protestas en Los Ángeles tras la detención de 42 mexicanos derivaron en enfrentamientos, con quema de vehículos policiales. Sheinbaum condenó la violencia, pero insistió en el respeto al debido proceso. El aumento de la retórica antiinmigrante, alimentada por comentarios de la administración Trump que califican las protestas como una “invasión”, ha generado temor en comunidades migrantes.

A medida que México evalúa acciones legales, la comunidad internacional observa. La SRE ha prometido acompañar a la familia de Alanís, facilitando el traslado de sus restos a Michoacán. Mientras tanto, las protestas continúan, y la Casa Blanca enfrenta presión para moderar sus tácticas. La muerte de Alanís, un hombre que buscaba una vida mejor para su familia, pone en evidencia el costo humano de estas políticas y el creciente desafío de México ante EE.UU.

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