Una residente legal permanente de Massachusetts demandó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras denunciar una violenta detención que, según sus abogados, vulneró sus derechos constitucionales. La mujer, identificada como Hilda Ramírez Sanan, presentó la querella junto a sus dos hijos ciudadanos estadounidenses, quienes también resultaron lesionados durante el incidente.
El grupo de defensa Lawyers for Civil Rights presentó la demanda el lunes ante el Tribunal Federal de Massachusetts. El caso acusa a ICE de “uso excesivo de la fuerza” y “violación de libertades civiles” por un operativo ocurrido en septiembre en la ciudad de Chelsea.
Una detención sin orden judicial
El 26 de septiembre, Ramírez Sanan acompañaba a su cuñado a una audiencia judicial cuando cuatro vehículos sin identificación la interceptaron cerca del juzgado. Según la demanda, agentes de ICE rodearon su automóvil y lo bloquearon sin emitir advertencias ni mostrar credenciales.
Los documentos judiciales relatan que los oficiales utilizaron una herramienta afilada para romper las ventanas delanteras y traseras del lado del conductor, lanzando fragmentos de vidrio que impactaron a la mujer y a su cuñado. “No dieron explicaciones, no se identificaron ni ofrecieron oportunidad de cooperar”, afirmaron los abogados defensores.
Posteriormente, los agentes inmovilizaron a Ramírez Sanan, de 50 años, torciéndole los brazos para esposarla mientras la arrojaban al suelo frente a sus hijos. La demanda sostiene que uno de los oficiales pateó a la mujer mientras otro le aplicaba presión en el cuello.
El trauma de los hijos
Durante el operativo, uno de los agentes metió la mano por la ventana rota para desabrochar el cinturón de seguridad del hijo de 13 años de Ramírez. El menor, quien está en el espectro autista, fue arrastrado del vehículo por la fuerza. Los abogados afirman que los agentes interrogaron al niño sobre su estatus migratorio, edad y domicilio, amenazándolo con arrestarlo si no respondía.
El segundo hijo, de 8 años, presenció la escena desde el asiento trasero, gritando y llorando mientras pedía ayuda a los transeúntes.
Según la denuncia, los agentes intentaron obligar a la mujer a subir a uno de los vehículos sin identificación, hasta que un oficial de la policía local de Chelsea exigió verificar su documentación. Solo en ese momento, ICE desistió y abandonó el lugar.
Lesiones y secuelas
Franklin Justice, abogado del grupo Lawyers for Civil Rights, informó que una ambulancia trasladó a la familia al hospital tras el operativo. Ramírez Sanan fue diagnosticada con una conmoción cerebral, hematomas múltiples y parálisis parcial del nervio radial a causa de la torsión de su brazo.
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“Mi familia está destrozada y nunca volverá a ser la misma”, declaró Ramírez. “No sé cómo explicarles a mis hijos por qué ICE nos trató así. Cada día sigo sufriendo por las lesiones y por el miedo que ellos ahora sienten”.
Sus hijos también recibieron atención médica por heridas menores y crisis nerviosas. Los terapeutas que los evalúan determinaron que ambos padecen síntomas de trauma postraumático. La madre aseguró que aún temen salir de casa o ver autos con apariencia de vehículos oficiales.
Solicitan compensación y reformas
La demanda solicita un millón de dólares por daños físicos, emocionales y económicos. Además, pide que ICE adopte protocolos de identificación obligatoria y prohíba detenciones de residentes legales sin orden judicial.
Jillian Lenson, abogada principal de Lawyers for Civil Rights, calificó el operativo de “cruel y fuera de la ley”. “La brutalidad infligida a esta familia no puede justificarse bajo ningún procedimiento migratorio. Es una muestra alarmante de cómo se están ejecutando detenciones sin control ni supervisión”, afirmó.
La abogada agregó que el caso busca sentar precedente para impedir que otros inmigrantes o residentes legales sufran situaciones similares. “La conducta de estos oficiales fue ilegal, descarada e inhumana. Nadie en este país debería ser tratado así, y mucho menos una madre que ha vivido aquí más de dos décadas”, insistió.
ICE guarda silencio
Hasta el momento, ICE no ha emitido comentarios sobre la demanda ni ha respondido a las solicitudes de información enviadas por los medios locales. Tampoco se ha informado si alguno de los oficiales involucrados enfrenta medidas disciplinarias.
Organizaciones de derechos civiles en Massachusetts exigieron una investigación federal sobre el incidente, señalando que refleja un patrón más amplio de abusos durante detenciones migratorias en todo el país.
Hilda Ramírez Sanan obtuvo su residencia permanente hace 20 años y trabaja como asistente de salud en el área de Boston. Es madre soltera de dos hijos nacidos en Estados Unidos y no tiene antecedentes criminales.
Los defensores de inmigrantes advierten que el caso podría convertirse en uno de los más relevantes de 2025 sobre abuso de autoridad por parte de ICE, al poner en evidencia los límites del poder federal frente a los derechos constitucionales de residentes y ciudadanos estadounidenses.
