El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este miércoles el inicio del operativo migratorio “Catahoula Crunch” en Nueva Orleans, Louisiana. La agencia explicó que la campaña se enfocará en “extranjeros indocumentados delincuentes que han salido de prisión y regresado a comunidades estadounidenses”.
La estrategia y el objetivo del operativo
El DHS detalló que la operación tiene como objetivo detener a personas con antecedentes criminales que, según la agencia, fueron liberadas por jurisdicciones consideradas “santuario”, como Nueva Orleans. Estas ciudades, explicó la subsecretaria Tricia McLaughlin, “se niegan a cumplir con las órdenes de detención de ICE y liberan a extranjeros indocumentados criminales que continúan cometiendo delitos contra ciudadanos estadounidenses”.
McLaughlin afirmó que las políticas “santuario” obligan a las fuerzas del orden a “arriesgar sus vidas para expulsar a estos extranjeros delincuentes que nunca deberían haber vuelto a las calles”. La funcionaria utilizó términos fuertes para describir a los objetivos: “es una locura que estos monstruos hayan sido liberados en las calles de Nueva Orleans para cometer más delitos”.
Los delitos que buscan prevenir
El comunicado del DHS especificó que los principales delitos que buscan combatir con el operativo incluyen allanamiento de morada, robo a mano armada, robo de vehículos y violación. Entre los 10 presuntos delincuentes señalados inicialmente, ocho eran hispanos.
La operación no es aislada. Agentes de la Patrulla Fronteriza ya han realizado operativos similares en Chicago y Charlotte, y ahora se despliegan en Louisiana y Mississippi. Se estima que la campaña pretende detener a unas 5,000 personas en la región.
Reacciones y medidas locales
Gregory Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza, es quien liderará la campaña en Louisiana y Mississippi. Sin embargo, la comunidad local y los funcionarios han respondido con preocupación. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó la operación como una “maniobra publicitaria” y acusó al gobierno federal de “atacar indiscriminadamente a los inmigrantes”.
En Nueva Orleans, el alcalde Jacob Frey aseguró que la ciudad apoya a sus migrantes y que la policía local no participará en el operativo. El regidor de St. Paul, Melvin Carter, expresó que “lo último que necesitamos es que los agentes federales vengan a la ciudad a crear caos”.
La comunidad inmigrante en alerta
La población en Nueva Orleans es diversa, aunque solo alrededor del 6.7% es de origen extranjero. La comunidad latina representa cerca del 14% de la población metropolitana. En los días previos al operativo, abogados de inmigración reportaron un aumento en las consultas.
Miguel Elías, abogado local, comparó la preparación de la comunidad con la que se hace antes de un huracán: familias almacenan alimentos y hacen arreglos para que sus hijos vayan a la escuela con amigos, con el fin de limitar sus salidas. Grupos de defensa ofrecen talleres sobre derechos y cómo actuar si los agentes federales llegan.
Impacto económico y social
La propietaria del restaurante Toups Meatery, Amanda Toups, advirtió que la operación podría tener un impacto negativo en la economía de la ciudad, que depende del turismo. “Si se ahuyenta incluso al 5% de los turistas, eso es devastador”, afirmó.
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La operación también ha generado temor entre los residentes, independientemente de su estatus migratorio. “¿Eres moreno y vas caminando por la ciudad y te puede detener ICE aunque seas ciudadano estadounidense? ¿Eso te da ganas de viajar a Nueva Orleans?”, preguntó Toups.
Cambios legislativos en Louisiana
La Legislatura de Louisiana, dominada por los republicanos, ha aprobado leyes para obligar a las agencias locales a alinearse con la postura de línea dura de la administración Trump. Ahora es delito realizar acciones que “obstaculicen, retrasen, impidan o interfieran” en los controles migratorios federales, con penas de hasta un año de cárcel.
Funcionarios que se nieguen a cumplir con las solicitudes de ICE pueden enfrentar hasta 10 años de prisión por prevaricación. Además, se prohíbe a la policía y a los jueces liberar a personas que hayan entrado o permanecido ilegalmente en EE. UU. sin notificarlo a ICE.
