California avanza hacia un marco legal más estricto en materia de protección animal. El gobernador Gavin Newsom firmó el 9 de octubre de 2025 cuatro proyectos de ley que establecen nuevas regulaciones sobre la cría, venta y cuidado de las mascotas. Estas iniciativas tienen como propósito erradicar prácticas comerciales abusivas y reforzar la transparencia en las transacciones.
Las leyes incluyen AB 506, AB 519, SB 312 y AB 867, sumándose a políticas adoptadas en años anteriores para reducir el maltrato animal. Todas estas disposiciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2026 y buscan cerrar las lagunas legales que permiten la operación de intermediarios y criadores sin supervisión efectiva. En un comunicado oficial, Newsom expresó la urgencia de estas medidas. «Es hora de denunciar las fábricas de cachorros», señaló el gobernador.
«Una mayor transparencia en la compra sacará a la luz prácticas abusivas que se aprovechan de las mascotas para explotar a los posibles dueños. Esta legislación protege tanto a los animales como a los californianos al abordar las prácticas fraudulentas». Las nuevas normas apuntan a exponer prácticas irregulares donde muchas veces los compradores desconocen el origen o las condiciones de salud de los animales que adquieren.
Regulaciones sobre venta y documentación de mascotas
La Ley AB 506, presentada por el asambleísta Steve Bennett, introduce regulaciones que afectan directamente las transacciones entre vendedores y compradores de perros, gatos y conejos. A partir de 2026, se prohíbe incluir depósitos no reembolsables en los contratos de transacción. Si esto se lleva a cabo, el acuerdo se considerará nulo y el comerciante deberá reembolsar el dinero dentro de 30 días máximo.
Además, la legislación establece que los vendedores están obligados a entregar información completa sobre el origen del animal. Esto incluye el nombre y número de licencia del criador, el estado de nacimiento, y un registro detallado de vacunas y tratamientos veterinarios. En caso de incumplimiento, los compradores podrán presentar demandas civiles para recuperar el dinero o solicitar sanciones legales.
La ley también autoriza a las autoridades estatales, como el fiscal general o los fiscales locales, a supervisar y sancionar a quienes infrinjan estas normas. Se establecen exenciones únicamente para refugios públicos, agencias de control y transacciones que involucren perros guía o de servicio. La Ley AB 519, redactada por el asambleísta Marc Berman, prohíbe a brokers o intermediarios vender o poner en adopción animales de terceros con fines de lucro. Esta medida se enfoca en frenar el funcionamiento de las llamadas «fábricas de cachorros», negocios que crían en masa sin control sanitario.
Certificación veterinaria e intervenciones quirúrgicas
El Senado de California aprobó la SB 312, impulsada por el senador Thomas Umberg, que modifica los requisitos de importación de perros destinados a la venta. La ley exige que el canino ingresado al estado cuente con un certificado de salud emitido por un veterinario autorizado, con una fecha no mayor a diez días antes de su traslado. El documento debe presentarse electrónicamente tanto al comprador como al Departamento de Alimentos y Agricultura de California (CDFA). Debe incluir información detallada sobre vacunas, historial médico, lugar de origen y número de licencia del criador registrado ante el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
Los certificados se mantendrán como registros públicos durante cinco años y podrán ser consultados por cualquier ciudadano. Con esta medida, el gobierno busca evitar el ingreso de animales enfermos o provenientes de criaderos no regulados. La cuarta ley firmada, AB 867, redactada por el asambleísta Alex Lee, prohíbe la desungulación de gatos salvo que exista una justificación médica. El procedimiento, conocido como oniquectomía, solo podrá realizarse si es necesario para tratar una infección, enfermedad o lesión.
Cualquier intervención con fines estéticos o de conveniencia será considerada violación de la normativa. La legislación autoriza a la Junta Veterinaria Médica a suspender licencias o imponer multas a los profesionales que incumplan. Esta regulación no impide procedimientos no quirúrgicos como el recorte de uñas o la colocación de cubiertas protectoras.
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