Un juez federal de Estados Unidos ordenó este miércoles liberar bajo fianza a cientos de inmigrantes. Ellos fueron detenidos en las recientes redadas en el área de Chicago. Las acciones formaron parte de la llamada “Operación Midway Blitz”, impulsada por la Administración Trump, que en las últimas semanas ha generado fuertes reacciones en todo el país.
El juez de distrito Jeffrey Cummings aceptó la solicitud presentada por el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, cuyos abogados argumentaron que los arrestos violaron un acuerdo judicial vigente en Illinois y otros cinco estados del medio oeste. En consecuencia, las personas que cumplan los requisitos podrán solicitar su fianza antes del mediodía del 21 de noviembre.
Cientos de migrantes serán liberados bajo vigilancia
De acuerdo con la resolución, el número total de personas beneficiadas dependerá de cuántas sigan en territorio estadounidense. Muchas fueron deportadas o aceptaron salir del país voluntariamente, aunque la cifra de liberados podría superar el millar. La medida alcanza a quienes no tienen órdenes de detención obligatoria y no representan una amenaza significativa para la seguridad pública.
Además, el fallo establece que los liberados deberán permanecer bajo supervisión mediante alternativas a la detención, como monitores electrónicos o comparecencias periódicas ante funcionarios de inmigración. Algunos de estos controles se realizarán de manera virtual, utilizando aplicaciones móviles promovidas por el Departamento de Seguridad Nacional.
Un acuerdo que limita los arrestos sin orden judicial
En Illinois, el llamado “Consentimiento Castañon-Nava” de 2022 restringe los casos en los que los agentes federales pueden realizar detenciones sin orden judicial al aplicar las leyes de inmigración civil. Este acuerdo había surgido tras una serie de demandas colectivas que denunciaban abusos en redadas de años anteriores.
El juez Cummings determinó que los arrestos recientes vulneraron este compromiso legal. Por ello, ordenó al Departamento de Justicia revisar cada caso y presentar una lista completa antes del 19 de noviembre. A partir de esa fecha, las autoridades deberán tomar medidas para garantizar el cumplimiento del acuerdo.
La decisión llega después de que el propio magistrado concluyera, en octubre, que las operaciones en el área de Chicago violaron los términos del consentimiento judicial. Desde entonces, abogados y funcionarios han trabajado para identificar exactamente cuántos casos se vieron afectados.
Tensiones con el Departamento de Seguridad Nacional
El abogado Mark Fleming, del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, aseguró a medios estadounidenses que este tipo de situaciones se repiten con frecuencia y que los arrestos irregulares son una realidad cotidiana dentro de las operaciones migratorias. Según el letrado, la lista de personas detenidas de forma indebida podría superar las 3.000.
Por otro lado, informes oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mencionan cerca de 3.800 detenidos, mientras que la Patrulla Fronteriza reporta alrededor de 1.200. Sin embargo, varias entradas coinciden, por lo que se desconoce la cifra exacta. Además, unas 1.000 personas ya abandonaron Estados Unidos tras firmar órdenes de salida voluntaria.
Un debate legal sobre la autoridad judicial
Durante la audiencia, representantes del Departamento de Seguridad Nacional argumentaron que el Congreso retiró a los tribunales federales la autoridad para liberar de forma masiva a inmigrantes bajo custodia del ICE. Sostuvieron que esa atribución corresponde exclusivamente a la Secretaría de Seguridad Nacional y que ningún juez puede ordenar la libertad condicional de manera generalizada.
Pese a esos argumentos, Cummings justificó su decisión al amparo de la jurisdicción que le otorga el acuerdo de 2022. Según el magistrado, las personas afectadas por detenciones irregulares merecen una reparación equitativa. Por lo tanto, ordenó medidas específicas que garanticen el respeto de los derechos procesales de los inmigrantes en territorio estadounidense.
La resolución podría servir como precedente para otros estados que mantienen acuerdos similares con el Gobierno federal. Además, mantiene abierta la discusión sobre los límites legales en la aplicación de políticas migratorias y la responsabilidad del sistema judicial en su supervisión.
