California anunció un nuevo grupo de leyes. Estas leyes comenzarán a aplicarse entre 2025 y 2026. Se centran en proteger a la comunidad migrante. También buscan mejorar la transparencia policial. Además, quieren aumentar la seguridad en las escuelas. Las medidas, impulsadas por la Legislatura estatal en septiembre y octubre de 2025, buscan reforzar la posición de California como un “estado santuario” frente a las políticas migratorias federales.
El conjunto de normas, que abarca desde el acceso a asesoría legal para jóvenes inmigrantes hasta el límite del accionar de las fuerzas del orden, consolida a California como pionera en materia de derechos civiles y protección humanitaria.
Escuelas seguras ante redadas migratorias
Una de las normas más emblemáticas es la AB 49, conocida como California Safe Haven Schools Act. Promulgada el 20 de septiembre de 2025, convierte a las escuelas públicas en espacios protegidos frente a intervenciones de agentes migratorios.
La ley prohíbe el ingreso de oficiales de inmigración a zonas no públicas de los centros educativos sin una orden judicial. También impide divulgar información estudiantil o familiar sin el consentimiento escrito del interesado o una orden válida. Además, otorga capacitación al personal académico para responder con protocolos claros si se detecta presencia de agentes migratorios.
Aun cuando la ley ya entró en vigor, su implementación se desplegará en fases hasta finales de 2026. De ese modo, las escuelas contarán con tiempo para adaptar sus políticas internas y coordinar sus mecanismos de protección.
Complementando esta iniciativa, la SB 98 amplía ese marco de seguridad en el entorno educativo. Obliga a cada institución a activar un protocolo de notificación inmediata a padres, tutores y empleados en caso de que se confirme la presencia de autoridades migratorias en los campus. También exige que las universidades y colegios comunitarios mantengan sistemas de alerta institucional ante situaciones similares.
Estas normas nacen como respuesta a incidentes previos en los que comunidades escolares denunciaron presencia de agentes en búsqueda de familiares de alumnos, generando temor entre las familias migrantes.
Transparencia y control policial
Otra medida relevante es la SB 627, que establece nuevas reglas sobre la actuación policial. A partir del 1 de julio de 2026, los agentes no podrán utilizar máscaras o cubiertas que impidan su identificación, salvo en casos justificados como operaciones encubiertas o situaciones de riesgo extremo.
Con esta ley, el estado pretende fortalecer la confianza entre la comunidad y las autoridades, especialmente tras las críticas surgidas por intervenciones policiales donde los agentes actuaban sin elemento visible de identificación. Todas las agencias deberán publicar antes de esa fecha su política oficial sobre el uso de cubiertas faciales.
En esa misma línea, la SB 805 ordena que los oficiales sin uniforme porten una identificación visible con su nombre, número de placa y el nombre de la agencia correspondiente cada vez que participen en detenciones o actividades de control público.
Desde el 1 de enero de 2026, todas las fuerzas del orden deberán contar con protocolos internos que garanticen la identificación correcta de su personal, medida que también busca prevenir suplantaciones durante protestas o manifestaciones.
Más acceso a justicia para jóvenes migrantes
En el ámbito de los derechos humanos, la ley AB 1261 representa un paso significativo. Autoriza al Departamento de Servicios Sociales del Estado a destinar fondos para contratar abogados o entidades sin fines de lucro que brinden representación legal a menores inmigrantes.
Esta norma, aprobada el 12 de octubre de 2025, prioriza la asistencia gratuita a jóvenes no acompañados o involucrados en procesos de deportación. Aunque su aplicación depende del presupuesto estatal, la iniciativa marca un precedente en la defensa jurídica de niños y adolescentes en situación migratoria vulnerable.
Protección a la privacidad médica de migrantes
Otra reforma de peso llega con la SB 81, promulgada el 20 de septiembre de 2025. La ley amplía la protección de la información médica y prohíbe que hospitales y clínicas divulguen el estado migratorio o el lugar de nacimiento de sus pacientes sin una orden judicial o un consentimiento explícito.
Asimismo, las instituciones de salud deben impedir el ingreso de agentes migratorios a áreas no públicas sin una orden específica. Los centros médicos tuvieron hasta noviembre de 2025 para implementar sus nuevos protocolos de seguridad y capacitación al personal.
Un nuevo modelo de estado inclusivo
Con este paquete de leyes, California reafirma su liderazgo en políticas inclusivas en medio del endurecimiento migratorio a nivel federal. A lo largo de 2026, las distintas normas entrarán en vigor de manera escalonada conforme las agencias educativas, judiciales y policiales ajusten sus procedimientos internos.
En conjunto, estas medidas definen una nueva etapa para el estado, centrada en la defensa de los derechos humanos, la justicia educativa y la transparencia institucional.
