Este viernes, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió un fallo histórico que altera el rumbo de la política económica nacional. El tribunal dictaminó que el presidente Donald Trump violó la ley federal al imponer aranceles generalizados de manera unilateral. Esta decisión representa una derrota contundente para la agenda exterior de la Casa Blanca y sus estrategias de negociación comercial.
La sentencia marca un hito en la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial bajo el segundo mandato de Trump. Hasta ahora, la corte, de mayoría conservadora, había respaldado al presidente en temas de inmigración y recortes de gasto. Sin embargo, en esta ocasión, los magistrados determinaron que la administración sobrepasó sus límites constitucionales al ignorar la autoridad del Congreso en materia impositiva.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, fue el encargado de redactar la opinión de la mayoría. El resultado final de la votación fue de 6 a 3, reflejando una coalición inusual entre jueces de distintas tendencias ideológicas. Con este fallo, el máximo tribunal deja claro que el poder presidencial no es absoluto, especialmente cuando se trata de gravar el comercio internacional.
¿Cuál fue el argumento central de la Corte Suprema?
En el texto de la sentencia, Roberts fue tajante sobre las pretensiones del Ejecutivo. “El presidente se arroga la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados”, escribió el magistrado. La Corte subrayó que, dada la historia y el contexto constitucional, el presidente debe identificar una autorización clara del Congreso para ejercer tal poder.
La administración Trump intentó basar sus acciones en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). No obstante, el tribunal determinó que esta facultad de emergencia es insuficiente para la creación de nuevos impuestos. Según los jueces, cuando el Congreso otorga el poder de imponer aranceles, lo hace bajo restricciones rigurosas que no se cumplieron en este caso.
Roberts aclaró que el tribunal no busca ser experto en economía ni en relaciones exteriores. Su función se limita a defender el papel asignado por el Artículo III de la Constitución. Bajo esa premisa, sostuvieron que la IEEPA no autoriza al presidente a actuar como lo hizo. Los jueces Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch se unieron a la mayoría, desmarcándose de sus colegas más conservadores.
¿Qué pasará con los 134 mil millones de dólares recaudados?
A pesar de la claridad sobre la ilegalidad de los aranceles, el fallo dejó una gran interrogante en el aire. La mayoría de 6 a 3 no ofreció una hoja de ruta sobre qué hacer con el dinero ya cobrado. Hasta el 14 de diciembre, el gobierno federal había recaudado US$ 134 mil millones provenientes de más de 301.000 importadores, según datos de la CBP.
El juez Brett Kavanaugh, quien votó en contra del fallo junto a Clarence Thomas y Samuel Alito, expresó su preocupación. En su opinión discrepante, señaló que el tribunal no decidió si el Gobierno debe devolver estos fondos ni cómo proceder. Kavanaugh advirtió que el proceso de reembolso podría ser “un desastre” con consecuencias devastadoras para las finanzas públicas estadounidenses.
Esta falta de definición operativa traslada la presión a los tribunales inferiores. Es probable que miles de empresas, desde gigantes como Costco hasta pequeños importadores, inicien batallas legales para recuperar su dinero. El Departamento de Justicia ha sugerido que devolver tales sumas sería una tarea laboriosa y compleja que pondría en riesgo la estabilidad económica.
¿Cómo afecta esto a la economía de Estados Unidos?
Este caso es considerado el más significativo sobre la economía estadounidense que ha llegado a la Corte en décadas. Estaban en juego los aranceles del llamado “Día de la Liberación”, así como los impuestos aplicados a China, México y Canadá. Los aranceles “recíprocos” de Trump llegaron a aumentar los impuestos hasta en un 145 % para China en 2025.
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La administración argumentó que los aranceles eran una herramienta existencial, afirmando que “con aranceles, somos una nación rica”. Sin embargo, un informe reciente reveló que son los ciudadanos y empresas de EE.UU., y no los extranjeros, quienes terminan pagando estos costos. Esta realidad económica fue un punto clave para los demandantes, quienes denunciaron una “impresionante afirmación de poder” sin supervisión legislativa.
Incluso dentro del ala conservadora, se aplicó la “doctrina de las cuestiones importantes”. Esta norma establece que el Ejecutivo no puede tomar medidas de gran impacto económico sin permiso explícito del Congreso. Es la misma lógica que se usó anteriormente para bloquear la condonación de préstamos estudiantiles de Biden, lo que demuestra una consistencia legal por parte de Roberts y Barrett.
¿Qué otras opciones legales le quedan al presidente?
El fallo no elimina por completo la capacidad del presidente para influir en el comercio, pero sí la limita severamente. Existen otras facultades consolidadas, aunque con condiciones estrictas. Por ejemplo, una disposición permite subir aranceles hasta un 15 % por un máximo de 150 días. Otra opción es apelar a la seguridad nacional, pero requiere investigaciones previas del Departamento de Comercio.
El camino judicial de este caso comenzó con demandas de empresas como V.O.S. Selections y Learning Resources. Todos los tribunales inferiores coincidieron en que los aranceles de emergencia de Trump violaban la ley. Aunque el gobierno pudo seguir cobrando mientras se resolvían las apelaciones, ese periodo de gracia ha llegado a su fin con la sentencia definitiva de la Corte Suprema.
Este veredicto debilita la táctica de negociación de “subir y bajar barreras” que Trump utilizaba con socios comerciales. Al exigir la intervención del Congreso, la Corte ha restaurado el equilibrio de poderes. Ahora, la Casa Blanca deberá buscar consenso legislativo si desea mantener su política proteccionista, algo que parece difícil en el clima político actual.
