El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) anunció la revocación de cerca de 17,000 licencias comerciales de conducir (CDL) emitidas a inmigrantes que no cuentan con estatus de residencia permanente en Estados Unidos. La decisión se produce tras una auditoría federal impulsada por el Departamento de Transporte de EE. UU., en el marco de la política migratoria implementada por la Administración Trump.
El secretario de Transporte, Sean P. Duffy, fue el encargado de confirmar la medida. En un comunicado, criticó al gobernador demócrata Gavin Newsom y lo acusó de “haber permitido que miles de personas sin ciudadanía ni residencia permanente obtuvieran licencias para conducir vehículos de carga y autobuses”.
“Esto es solo la punta del iceberg. Vamos a garantizar que ningún inmigrante sin estatus legal maneje camiones o autobuses escolares en territorio estadounidense”, expresó Duffy. Según el funcionario, su equipo continuará presionando al estado para asegurar el cumplimiento de las normas federales.
California defiende la legalidad de sus permisos
Desde Sacramento, el gobierno californiano respondió de inmediato a las acusaciones. Voceros del DMV afirmaron que todas las licencias comerciales otorgadas fueron emitidas a personas con permisos de trabajo válidos, aprobados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
“Los conductores contaban con autorización laboral federal, lo cual acredita su elegibilidad para obtener una licencia comercial”, explicó la agencia estatal en un comunicado. Las autoridades defendieron la política adoptada bajo la legislación conocida como AB 60, que permite a los inmigrantes con documentación de trabajo conducciones legales en el estado.
Sin embargo, el enfrentamiento político entre California y la Casa Blanca se ha intensificado desde el inicio de esta revisión. Para el Gobierno federal, la política californiana vulnera las normas de seguridad y crea “un precedente riesgoso” que podría repetirse en otros estados con políticas migratorias más flexibles.
Tras accidentes mortales, crece la presión federal
La tensión aumentó luego de una serie de accidentes fatales en los que se vieron implicados conductores inmigrantes. El más reciente ocurrió el pasado 12 de agosto en una carretera de Florida, cuando un camión de carga giró en una zona no autorizada, provocando la muerte de tres personas. El conductor, Harjinder Singh, de origen indio, poseía una licencia comercial otorgada por California y un permiso de trabajo temporal emitido por el DHS.
El secretario Duffy citó este caso como “un ejemplo claro de las deficiencias del sistema de licencias californiano”. No obstante, el DMV defendió que Singh cumplía todos los requisitos legales y que la tragedia no puede atribuirse a irregularidades administrativas.
Pese a estas aclaraciones, el Departamento de Transporte (DOT) exigió una auditoría completa de todas las licencias emitidas a no residentes. El objetivo, según Duffy, es confirmar que el estado ha anulado los permisos “emitidos ilegalmente” y corregido cualquier falla en sus procesos de verificación.
Multas y fondos retenidos por incumplimientos
En octubre, el Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció la retención de más de 40 millones de dólares en fondos federales destinados a California. La decisión se basó en el resultado de una investigación previa que concluyó que el estado incumplió los estándares de dominio del inglés exigidos por el Gobierno federal para los conductores comerciales.
La Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) consideró que las evaluaciones estatales no garantizaban que los conductores pudieran comunicarse adecuadamente en inglés, algo que, según el Gobierno Trump, representa un riesgo para la seguridad vial.
El Departamento de Transporte también advirtió que la revocación de licencias podría ampliarse si la auditoría encuentra más irregularidades en el registro de permisos. En ese sentido, Duffy aseguró que la medida busca “proteger la integridad del sistema de transporte comercial del país y garantizar que solo conductores plenamente autorizados y verificados operen en las carreteras de Estados Unidos”.
Un nuevo frente político entre Washington y Sacramento
El caso suma una nueva disputa entre el presidente Trump y el gobernador Newsom. California ha sido uno de los estados más críticos de la agenda federal en materia migratoria, energética y ambiental. Funcionarios estatales aseguran que las medidas del Gobierno central tienen motivaciones políticas y buscan desafiar las políticas inclusivas del estado.
Aun así, el impacto de la revisión podría extenderse más allá de California. Analistas locales prevén que otros estados con programas similares, como Nueva York o Illinois, enfrenten presiones federales para endurecer sus requisitos de licencias profesionales, especialmente en sectores vinculados al transporte y la logística.
