Miles de migrantes que trabajaron y cotizaron al sistema recibirán aviso de que perderán su cobertura de Medicare en 2027. El cambio aplica a quienes se legalizaron en Pensilvania y Nueva Jersey y cumplieron diez años de pago al programa. También alcanza a refugiados, víctimas de trata y solicitantes de asilo con discapacidad.
Razones del cambio en elegibilidad
La nueva normativa surge de la llamada “big beautiful bill” impulsada por la Casa Blanca. Solo los residentes permanentes legales y personas de Cuba, Haití y ciertos países del Pacífico podrán seguir en Medicare. Quedan fuera quienes recibieron libertad condicional humanitaria o asilo. El recorte forma parte de la política migratoria que establece cuotas de hasta 3 000 arrestos diarios y aumentó el presupuesto de ICE de miles de millones de dólares para nuevas tecnologías de vigilancia.
Afectados y alcance de la medida
Se estima que 100 000 migrantes perderán Medicare y 1,4 millones quedarán sin seguro médico por esta restricción. Entre ellos, adultos mayores y personas con discapacidad que no pueden trabajar. Sin esa cobertura, deberán comprar planes privados a precio completo, un costo inalcanzable para muchos. Además, dejarán de acceder a Medicaid y a créditos fiscales para seguros en el mercado de salud de Obamacare.
El programa de Medicare cubre a 68 millones de beneficiarios y costó 1,3 billones de dólares en 2023. El recorte de elegibilidad para migrantes busca ahorrar 5 100 millones para 2034. Sin embargo, expertos como Natalie Kean, de Justice in Aging, advierten que nunca antes se había excluido a quienes ya cotizaron al sistema desde 1965.
Reacciones y desafíos legales
Defensores de derechos civiles alertan sobre el impacto en personas vulnerables. Alberto Fox-Cahn, de STOP, señala que utilizar información de redes sociales para deportaciones socava la democracia y la privacidad. Gabriela González, de Cerrando La Brecha en Camden, destaca la desinformación entre migrantes sobre sus cambios de estatus.
La American Immigration Council y Mijente exigen auditorías independientes de los sistemas de IA que procesan datos migratorios. Abogados en Miami relatan casos de clientes asustados por fotos en redes sociales. Además, refugiad@s que huyen de guerras y violencia dependen de Medicare y Medicaid para atención médica urgente. Entre 2018 y 2024, Pensilvania acogió a más de 12 200 refugiados, de los cuales 1.5% tenía más de 65 años.
Mientras tanto, el Departamento de Salud y Servicios Humanos no ha aclarado el proceso para identificar correctamente quiénes perderán Medicare. Expertos temen errores masivos y detenciones injustas. La falta de transparencia en los criterios de exclusión alimenta la incertidumbre sobre el futuro de estos migrantes en el sistema de salud pública.
