A partir de 2026, seis estados de Estados Unidos implementarán nuevas restricciones que impedirán adquirir ciertos productos con fondos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), mejor conocido por sus siglas en inglés como Supplemental Nutrition Assistance Program. Esta medida, respaldada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), tiene como objetivo frenar el consumo de comida chatarra entre los beneficiarios del programa.
La disposición fue anunciada oficialmente el 4 de agosto y abarca a los estados de Texas, West Virginia, Florida, Colorado, Louisiana y Oklahoma. Según la información proporcionada por el USDA, estas restricciones se aplicarán a aproximadamente 8,5 millones de personas que reciben ayuda alimentaria en estas seis jurisdicciones.
Comida chatarra quedará fuera del SNAP en seis estados
Los gobiernos estatales obtuvieron la autorización federal a través de exenciones que permiten adaptar el uso de SNAP a sus prioridades locales. De esta forma, podrán excluir del programa ciertos productos considerados comida chatarra, como refrescos azucarados, bebidas energéticas, golosinas y postres industriales.
La lista exacta de artículos prohibidos varía entre estados. En Texas, por ejemplo, se restringirá la compra de refrescos, bebidas energéticas, dulces y postres. Louisiana limitará refrescos, golosinas y bebidas energéticas, mientras que Colorado y West Virginia solo prohibirán los refrescos. Las restricciones se ejecutarán mediante los sistemas de pago Electronic Benefit Transfer (EBT), que administran las compras de SNAP en comercios autorizados.
Un cliente observa las estanterías de un supermercado. EFE/Horacio Villalobos
Durante décadas, SNAP —anteriormente conocido como el sistema de cupones de alimentos— ha sido un pilar para combatir la inseguridad alimentaria. Actualmente, más de 40 millones de personas en todo el país dependen de este programa para adquirir alimentos básicos. Sin embargo, la compra de productos ultraprocesados con estos fondos ha sido una fuente de controversia recurrente.
Estados buscan controlar el acceso a comida chatarra con apoyo federal
Con esta decisión, el gobierno federal busca alinear el programa SNAP con sus estrategias de salud pública, en especial con la iniciativa nacional “Make America Healthy Again”, promovida por la administración del presidente Donald Trump. Según el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., “los beneficios de SNAP se han usado durante años para adquirir productos que alimentan la epidemia de enfermedades crónicas en el país”. Kennedy agregó que estas medidas “ponen alimentos reales en el centro del programa y empoderan a los estados para liderar la protección de la salud pública”.
La visión federal fue respaldada por líderes locales como el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien señaló que la nueva política permitirá “promover mejores hábitos alimenticios” y “apoyar una vida más sana y productiva para los texanos”.
La decisión también refleja una tendencia creciente a otorgar más autonomía a los estados para definir políticas alimentarias específicas. En lo que va del año, otros seis estados —Arkansas, Idaho, Indiana, Iowa, Nebraska y Utah— también recibieron aprobación para implementar restricciones similares. Así, ya son 12 los estados autorizados por el USDA para limitar el uso de SNAP en la compra de comida chatarra.
Implementación progresiva de la regulación sobre comida chatarra
La nueva reglamentación comenzará a aplicarse en 2026, pero los gobiernos estatales deberán comenzar a trabajar de inmediato en la actualización de sistemas de venta y comunicación con los beneficiarios. El USDA ha establecido como fecha límite el final de 2025 para que los estados implementen los ajustes necesarios.
Estos estados prohíben usar SNAP en comida chatarra. Foto: X/@CrimeInTheD
Esto implica que los comercios adheridos al programa SNAP —como supermercados, tiendas de conveniencia y mercados comunitarios— deberán adaptar sus terminales de pago EBT para restringir la compra de productos prohibidos. También deberán exhibir de manera clara y anticipada la lista de alimentos no elegibles para compra con SNAP.
Además, las autoridades sanitarias y sociales tendrán la responsabilidad de brindar orientación a los usuarios sobre las nuevas normas, asegurando que comprendan qué productos estarán incluidos y cuáles no. El objetivo es lograr una transición organizada y minimizar el impacto negativo en los hábitos de compra de millones de familias.
Comida chatarra fuera del SNAP: una medida que afecta a millones
El cambio afecta directamente a más de 8,5 millones de beneficiarios del SNAP en Texas, Florida, West Virginia, Colorado, Oklahoma y Louisiana. Esta cifra representa más del 20% de todos los usuarios del programa a nivel nacional.
Los responsables de la política alimentaria aseguran que, con esta medida, buscan reducir los niveles de obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedades cardiovasculares que afectan especialmente a las poblaciones con bajos ingresos. De acuerdo con datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS), los adultos con menores ingresos tienen tasas más altas de obesidad que los de ingresos medios o altos.
A su vez, organizaciones de salud pública como la American Heart Association han respaldado el enfoque, argumentando que la exclusión de comida chatarra del SNAP puede ayudar a mejorar la dieta de millones de personas y generar ahorros futuros en el sistema de salud pública.
No obstante, grupos defensores de derechos sociales han planteado preocupaciones sobre posibles consecuencias negativas. Algunos señalan que estas restricciones podrían limitar aún más las opciones de alimentos para familias que viven en “desiertos alimentarios”, donde los productos frescos y saludables no son fácilmente accesibles. Otros advierten sobre el riesgo de estigmatización hacia los usuarios del programa.
El USDA ha respondido que monitoreará de cerca los efectos de las restricciones, tanto en la salud nutricional como en el acceso real a alimentos frescos, y publicará evaluaciones periódicas tras la entrada en vigor de la medida.
Actualmente, SNAP representa una inversión anual superior a los 110.000 millones de dólares y cubre a casi uno de cada ocho residentes en Estados Unidos. Su estructura permite compras mensuales mediante tarjetas EBT, utilizadas en más de 250.000 puntos de venta autorizados en todo el país.
