La administración del presidente Donald Trump está recurriendo a cárceles locales en al menos 150 condados para albergar a migrantes, en medio de un aumento del 49% en las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desde el inicio de su mandato en enero de 2025. Este enfoque, que combina prisiones locales, federales y nuevos centros de detención como “Alligator Alcatraz” en Florida, responde a la creciente presión sobre el sistema migratorio, pero ha desatado críticas por falta de transparencia y condiciones inhumanas.
Un sistema al límite
En la primera mitad de julio, ICE reportó 55,568 migrantes bajo custodia, un salto significativo desde los 37,317 registrados a finales de enero, según datos oficiales de la agencia. Este incremento ha llevado a ICE a utilizar 436 sitios activos en junio, un 7.13% más que en enero y un 14.44% más que en el mismo mes de 2024, de acuerdo con la organización Vera Institute of Justice. Entre estos sitios, las cárceles locales destacan como el pilar principal, con al menos 6,600 migrantes detenidos en 150 prisiones de condado, según un análisis de The Marshall Project. Sin embargo, la Prison Policy Initiative estima que hasta 10,547 migrantes estuvieron en 80 cárceles locales entre mayo y junio.
Por su parte, el 71.1% de los migrantes detenidos no tienen condenas penales, según el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse. Esto contradice las afirmaciones de la administración Trump de priorizar a “criminales peligrosos”. Además, 30 de los 45 centros reportados por ICE operan por encima de su capacidad, con cárceles locales liderando esta sobrecarga.
Opacidad en los datos
La profesora Susan B. Long, cofundadora de TRAC, señaló que la falta de transparencia en los informes de ICE complica el seguimiento de los detenidos. Por ejemplo, “Alligator Alcatraz”, un centro de detención inaugurado el 3 de julio al oeste de Miami, no aparece en las estadísticas oficiales de ICE, a pesar de reportes que confirman su uso. “Hay un montón de sitios que cambian con el tiempo, y nuevos centros están apareciendo sin ser registrados”, explicó Long. Esta opacidad dificulta conocer la magnitud real del sistema, que incluye no solo cárceles locales, sino también prisiones federales y contratos con empresas privadas como CoreCivic y GEO Group.
Además, el Global Detention Project subraya que Estados Unidos mantiene el mayor sistema de detención migratoria del mundo, con más de 273,000 personas detenidas en 2023. Michael Flynn, director de la organización, destacó que el uso de cárceles locales no es nuevo, pero los números actuales son “impactantes”. Flynn criticó la falta de apego a tratados internacionales que exigen separar a migrantes de presos criminales, señalando que esta práctica genera “serios problemas” al tratar a los migrantes como amenazas de seguridad.
Críticas y conflictos de interés
La administración Trump ha asegurado un presupuesto de 45 mil millones de dólares hasta 2029 para expandir la red de detención de ICE, superando el presupuesto del sistema federal de prisiones, según el American Immigration Council. Jeff Migliozzi, de Freedom for Immigrants, alertó sobre conflictos de interés, ya que el 90% de los migrantes están en centros operados por contratistas privados con vínculos políticos, como GEO Group, que donó más de un millón de dólares a la reelección de Trump. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha promovido modelos como “Alligator Alcatraz” para futuros centros estatales.
Por otro lado, las condiciones en estos sitios han generado denuncias. Informes de la ACLU y otras organizaciones documentan hacinamiento, falta de atención médica y abusos en cárceles locales, donde los migrantes suelen carecer de acceso a asesoría legal. Desde enero, al menos tres personas han muerto en custodia de ICE, según el National Immigrant Justice Center. La administración también planea reducir los estándares de detención para alentar a más alguaciles locales a ceder espacio, una medida que, según el border czar Tom Homan, busca agilizar la capacidad de detención.
Mientras ICE busca alcanzar los 100,000 espacios de detención para fin de año, activistas y expertos advierten que la expansión masiva, junto con la falta de supervisión, podría agravar las violaciones de derechos humanos en un sistema ya criticado por su opacidad y condiciones precarias.
