La seguridad de los jueces federales en Estados Unidos enfrenta una crisis sin precedentes. Desde que el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato en 2025, sus críticas públicas a los magistrados que han bloqueado sus políticas han coincidido con un aumento alarmante de amenazas, incluyendo el envío de pizzas no solicitadas a sus hogares como una forma de intimidación. Estas acciones, conocidas como “pizza doxings”, han afectado a decenas de jueces, generando temores sobre la independencia judicial y la seguridad personal de quienes integran el sistema.
Una ola de intimidación
En los últimos meses, las amenazas contra jueces federales han crecido exponencialmente. Según datos del Servicio de Alguaciles de EE.UU., 162 jueces recibieron amenazas entre el 1 de marzo y el 14 de abril de 2025, más del doble de las 80 reportadas en los cinco meses anteriores, según The Washington Post. Estas intimidaciones van desde llamadas y correos amenazantes hasta tácticas como el envío de pizzas no solicitadas, a menudo a nombre de Daniel Anderl, hijo de la jueza Esther Salas, asesinado en 2020 por un litigante descontento. En total, se han registrado más de 100 casos de “pizza doxings” desde 2024, la mayoría en 2025, según Salas.
Por su parte, jueces como John J. McConnell Jr., de Rhode Island, han sido blanco tras fallar contra las políticas de Trump, como los recortes presupuestarios masivos. McConnell recibió una llamada que exigía su asesinato, según una grabación compartida en un evento de Speak Up for Justice. El juez Robert S. Lasnik, de Washington, reportó pizzas enviadas a su casa y a las de sus hijos, interpretándolo como un mensaje de “sabemos dónde vives”. En 2024, las amenazas contra jueces federales alcanzaron las 822, una caída desde las 1,362 de 2022, pero el repunte en 2025 es alarmante, según el Servicio de Alguaciles.
Críticas presidenciales y sus ecos
El presidente Trump ha intensificado sus ataques al poder judicial, calificando a los jueces que fallan en su contra como “enfermos” y “peligrosos” en publicaciones en redes sociales. En marzo, pidió el impeachment del juez James Boasberg tras su orden de detener deportaciones a El Salvador, según The New York Times. Aliados como Elon Musk, quien dirige el Departamento de Eficiencia Gubernamental, han amplificado estas críticas, tildando a los jueces de “corruptos” en más de 30 publicaciones desde enero, según Reuters. Estas declaraciones han desatado una ola de acoso en línea, con posts que piden el despido o incluso la ejecución de al menos 51 jueces, según un análisis de Reuters.
Además, el Departamento de Justicia de Trump demandó a todos los jueces federales de Maryland por sus reglas en casos de inmigración, un paso sin precedentes, según The Guardian. La jueza Esther Salas, quien perdió a su hijo en un ataque, ha instado a Trump y sus aliados a moderar su retórica. “Están invitando a que nos hagan daño”, dijo en un evento reciente, advirtiendo que estos ataques no son aleatorios, sino coordinados.
Llamados a proteger la judicatura
Pese a todo, los jueces están tomando medidas. Más de 60 magistrados, incluidos algunos nombrados por Trump, reciben protección en línea adicional, como la eliminación de su información personal de internet, según dos jueces en una carta al Congreso. En 2022, se aprobó la Ley Daniel Anderl, que permite a los jueces demandar a sitios web para proteger su privacidad. Sin embargo, la financiación para la seguridad judicial se ha mantenido estancada en 1.34 mil millones de dólares en 2024, a pesar de un aumento del 19% solicitado para 2026, según la Oficina Administrativa de los Tribunales de EE.UU.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, ha condenado las amenazas, calificándolas de “inaceptables” en su informe anual de 2024. Algunos jueces, como John Coughenour, han enfrentado incidentes de “swatting” tras fallos contra las políticas de Trump, como la eliminación de la ciudadanía por nacimiento. La jueza Amy St. Eve, en un testimonio al Congreso, destacó un “ambiente de amenazas dinámico y preocupante”. Mientras tanto, propuestas como la del senador Cory Booker para trasladar el Servicio de Alguaciles al control judicial buscan garantizar la independencia de los jueces, pero enfrentan resistencia en un Congreso controlado por republicanos, según The New York Times.
