El gobierno de Donald Trump ha llevado su enfrentamiento con los medios de comunicación a un nuevo nivel. Mientras la Casa Blanca presiona públicamente para que la cadena ABC despida al comediante Jimmy Kimmel, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) dio un paso drástico. La agencia, alineada con el presidente, ordenó una revisión anticipada de las licencias de transmisión de varias estaciones propiedad de Disney, matriz de ABC. Este movimiento marca el inicio de lo que promete ser una larga y amarga batalla legal.
La orden oficial, publicada el martes por la tarde, establece un ultimátum claro. “Por la presente se ordena a ABC de Disney que presente las renovaciones de licencia de todas sus estaciones de TV con licencia dentro de 30 días”, dicta el documento. Esto fija la fecha límite para el 28 de mayo de 2026. Aunque las estaciones locales no se verán afectadas de inmediato y Disney cuenta con sólidas protecciones, la medida representa una escalada extraordinaria en el uso del poder regulatorio estatal.
Oficialmente, la FCC argumenta que la exigencia de renovación anticipada es “esencial” bajo el estándar de interés público. La agencia justificó la acción aludiendo a una investigación en curso sobre posibles violaciones a la Ley de Comunicaciones, enfocándose en los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) de la compañía. Sin embargo, analistas y críticos coinciden en que la maniobra es una represalia directa por la negativa de ABC a silenciar a Kimmel tras sus recientes comentarios sobre la familia presidencial.
¿Qué originó la furia presidencial?
La controversia estalló tras un monólogo reciente donde Kimmel hizo una broma sobre la primera dama, Melania Trump. El presentador sugirió que Melania irradiaba “el aura de una futura viuda”, en referencia a la diferencia de edad con su esposo. El comentario generó una tormenta política, exacerbada luego de que ocurriera un incidente armado en las afueras de la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. A través de la red social Truth Social, Trump culpó al comediante de incitar la violencia y exigió que “debería ser despedido de inmediato”.
A pesar de la intensa presión pública, los ejecutivos de Disney optaron por el silencio institucional pero respaldaron a su estrella en la práctica. Emitir el programa de Kimmel el lunes por la noche fue interpretado como la defensa corporativa más contundente posible. En su regreso al aire, el comediante no retrocedió. Aclaró que su comentario fue solo una broma sobre la edad del mandatario, quien roza los 80 años, y defendió su derecho a la sátira.
“Trump tiene permitido decir lo que quiera decir, al igual que ustedes y al igual que yo”, expresó Kimmel ante su audiencia. Invocó la Primera Enmienda de la Constitución, recordando que como estadounidenses “tenemos el derecho a la libertad de expresión”. El monólogo rápidamente acumuló millones de vistas en plataformas digitales y le valió el respaldo generalizado de defensores de la libertad de prensa y colegas del gremio. Sin embargo, también desató la acción punitiva del gobierno.
¿Cómo está utilizando la FCC su poder?
La FCC es la agencia independiente encargada de gestionar el espectro público estadounidense, otorgando y renovando licencias de radiodifusión cada ocho años. Revocar una licencia es un evento excepcionalmente raro. Según el abogado Andrew Jay Schwartzman, “esta herramienta ciertamente no se ha desplegado contra una gran cadena de radiodifusión en muchas décadas“. Sin embargo, bajo la actual administración, la comisión presidida por Brendan Carr está ejerciendo su autoridad de formas inéditas para presionar a conglomerados mediáticos.
La orden reciente afecta específicamente a ocho estaciones que Disney posee y opera directamente en mercados clave como Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Houston. Curiosamente, las licencias de estas emisoras no vencían sino hasta dentro de varios años. Carr, un funcionario cercano a la línea dura del presidente, ya había adelantado esta posibilidad, argumentando que la ley autoriza a la agencia a requerir renovaciones anticipadas si existen dudas sobre el “carácter” de la empresa.univision+1
Carr ha liderado una cruzada contra las iniciativas de diversidad e inclusión corporativa, tildándolas de discriminatorias. Según el funcionario, la evidencia sugiere que Disney estaba “dividiendo y categorizando a los empleados según la raza y el género”. Esta investigación paralela sirve como armazón legal para justificar la revisión de las licencias, fusionando la agenda cultural del trumpismo con el poder regulatorio estatal. Para la única comisionada demócrata de la FCC, Anna Gomez, la maniobra “no tiene precedentes, es ilegal y no va a ninguna parte”.
¿Qué opciones legales tiene Disney?
Ante el embate gubernamental, Disney respondió con un firme comunicado. La compañía defendió su “largo historial de operar en pleno cumplimiento de las normas de la FCC y de servir a sus comunidades locales”. Aseguraron estar preparados para demostrar su idoneidad como licenciatarios a través de los canales legales apropiados, amparándose en la Ley de Comunicaciones y la Primera Enmienda. Los expertos coinciden en que la empresa del ratón Mickey tiene las de ganar en los tribunales.
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“El estándar legal para negar una renovación de licencia es casi insuperable”, explicó Schwartzman. El proceso implicará años de audiencias y revisiones judiciales, tiempo durante el cual las estaciones de ABC continuarán operando con total normalidad. Diversos analistas sugieren que la administración Trump es consciente de las bajas probabilidades de éxito legal. El verdadero objetivo, apuntan, es que “el proceso es el castigo previsto”: someter a Disney a un costoso y desgastante litigio para sentar un precedente intimidatorio.
Defensores de la libertad de prensa han condenado la medida de manera categórica. Seth Stern, de la Freedom of the Press Foundation, acusó a Brendan Carr de abandonar sus principios legales para “congraciarse con Trump y avanzar su carrera”. Para los críticos, la utilización de la FCC como herramienta de castigo contra el humor nocturno representa un abuso de poder. “La FCC no es ni la policía del periodismo ni la policía del humor”, concluyó Stern, resumiendo el sentir de una industria mediática en alerta máxima.
