En un inesperado y dramático giro de los acontecimientos políticos en el Capitolio, la representante demócrata por Florida, Sheila Cherfilus-McCormick, presentó su renuncia oficial este martes al Congreso de Estados Unidos. Lo hizo apenas 20 minutos antes de que sus propios colegas votaran para expulsarla definitivamente de la Cámara de Representantes.
La legisladora de 47 años, quien se encontraba en su tercer mandato representando a su distrito, enfrentaba graves acusaciones federales. Fue imputada formalmente en noviembre pasado por la malversación y sustracción ilegal de más de 5 millones de dólares provenientes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Además, según la fiscalía, Cherfilus-McCormick desvió estos críticos fondos —originalmente destinados a ayuda para desastres— para financiar su campaña electoral al Congreso en 2021.
En un último intento por defender su imagen política, la ahora excongresista publicó un mensaje en sus redes sociales momentos antes de dimitir. Aseguró que el Comité de Ética de la Cámara no concedió el tiempo necesario a sus abogados para preparar una defensa adecuada. “No permitiremos que las meras acusaciones anulen la voluntad del pueblo”, escribió. También advirtió sobre el peligro de castigar a los funcionarios públicos antes de completar el debido proceso legal.
A pesar de sus declaraciones de inocencia, el cerco legal y político sobre ella era inminente e insalvable. El Comité de Ética llevaba años investigando minuciosamente sus finanzas. Además de esto, estaba totalmente preparado para proceder con su expulsión inmediata este mismo martes. Por otro lado, de ser hallada culpable en el juicio federal que enfrenta, Cherfilus-McCormick, quien también se desempeñaba como copresidenta del Caucus sobre Haití, podría enfrentar una severa pena de hasta 53 años de prisión.
¿Qué está pasando con los migrantes haitianos en EE. UU.?
La repentina renuncia de la copresidenta del Caucus sobre Haití ocurre en un momento legislativo crucial y de máxima tensión para la comunidad caribeña en Estados Unidos. Tras la decisión de la administración de Trump de revocar el TPS para más de 520 000 migrantes haitianos ha surgido una inesperada y fuerte resistencia bipartidista en el Congreso. La medida dejaría vulnerables a la deportación a partir de agosto de 2026.
La tendencia actual muestra un inusual frente unido de apoyo legislativo. La Cámara de Representantes aprobó recientemente —con 224 votos a favor y 204 en contra— un proyecto de ley que obliga al DHS a extender el TPS para los haitianos hasta abril de 2029. Además, lo más sorprendente de este movimiento fue el apoyo de 10 congresistas republicanos (varios de ellos de Florida). Todos ellos desafiaron abiertamente la política de línea dura de la Casa Blanca.
En las últimas horas, el debate se ha trasladado intensamente al Senado. Las perspectivas del proyecto son aún inciertas ante la amenaza de veto presidencial. Por otro lado, la Casa Blanca argumenta que la extensión “socava las prioridades de aplicación de la ley”. En este sentido, las organizaciones de defensa civil y congresistas latinos enfatizan que la fuerza laboral haitiana es vital para la economía estadounidense. También destacan que la cancelación del TPS provocaría una crisis humanitaria y laboral sin precedentes.
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