Un juez federal de San Francisco ha asestado un golpe significativo a las políticas migratorias del presidente Donald Trump al bloquear su plan para recortar fondos federales a 34 ciudades santuario, incluyendo Chicago, Los Ángeles y Denver. La decisión, emitida el 22 de agosto, protege los recursos financieros de estas jurisdicciones, que limitan la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este fallo, el segundo revés judicial para Trump en 24 horas, resalta la tensión entre el gobierno federal y las ciudades que priorizan la seguridad de sus comunidades inmigrantes. A continuación, se explora el impacto de esta resolución y su contexto.
Un freno a la presión económica
El juez William Orrick dictaminó que cortar fondos federales a ciudades santuario es “inconstitucional” y viola la separación de poderes, extendiendo una orden preliminar que impide al gobierno de Trump condicionar o suspender las subvenciones federales. Ciudades como Boston, Portland, Oakland, Sacramento y San Diego, entre otras, seguirán recibiendo miles de millones de dólares esenciales para servicios como educación, salud y seguridad pública. En mayo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) identificó a más de 500 jurisdicciones como “santuario” por no colaborar con los operativos de ICE, amenazándolas con sanciones económicas, según un comunicado del DHS.
Por ejemplo, Los Ángeles, que recibe 1,200 millones de dólares anuales en fondos federales, habría enfrentado recortes que afectarían programas de vivienda y transporte, según la alcaldesa Karen Bass. La orden de Orrick, respaldada por una coalición de 18 ciudades y condados que demandaron al gobierno, asegura que estos recursos permanezcan intactos mientras el caso avanza.
El precedente de 2017
Esta no es la primera vez que Orrick desafía a Trump. En 2017, durante su primer mandato, el juez bloqueó un intento similar de recortar fondos, argumentando que la medida violaba la autonomía local. La decisión actual refuerza ese precedente, declarando que el gobierno federal no puede castigar a las ciudades por ejercer su derecho a limitar el uso de recursos locales en tareas migratorias civiles. “La independencia de poderes está en juego”, afirmó Orrick en su fallo de 92 páginas, citado por medios locales.
Además, el fallo llega un día después de que una jueza en Florida ordenara el cierre del centro de detención migratoria “Alligator Alcatraz” en 60 días, prohibiendo el traslado de nuevos migrantes debido a condiciones inhumanas, como hacinamiento y falta de atención médica, según reportes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.
¿Qué son las ciudades santuario?
Las ciudades santuario, un término sin definición legal estricta, son jurisdicciones que restringen la colaboración con ICE para proteger a los inmigrantes indocumentados de la deportación. Por ejemplo, Chicago prohíbe a su policía compartir información migratoria con ICE, salvo en casos de delitos graves, según su Ordenanza de Bienvenida de 2012. En 2024, estas ciudades albergaron a 11.8 millones de inmigrantes, de los cuales 4.2 millones son indocumentados, según el Pew Research Center. Las políticas santuario buscan fomentar la confianza entre las comunidades y las autoridades locales, permitiendo que los inmigrantes denuncien crímenes sin temor.
Sin embargo, la administración Trump, liderada por la fiscal general Pam Bondi y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, considera estas políticas un desafío a la ley federal. Una orden ejecutiva de enero de 2025 instruyó a las agencias federales a retener fondos de estas jurisdicciones, acusándolas de “fomentar el crimen”, aunque datos del FBI muestran que las tasas de delitos violentos en ciudades santuario como Nueva York son un 12% menores que el promedio nacional.
Reacciones y próximo pasos
La decisión ha sido celebrada por líderes locales. La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, afirmó que el fallo protege “la diversidad y la fuerza” de su ciudad, mientras que el concejo de Denver destacó que los fondos federales son vitales para programas de vivienda asequible. Por su parte, la Casa Blanca no respondió de inmediato, pero el “border czar” Tom Homan calificó la decisión como un “obstáculo temporal” y prometió apelar, según un comunicado del 22 de agosto.
Pese a todo, la batalla legal continúa. El Departamento de Justicia ha demandado a ciudades como Nueva York y Los Ángeles, alegando que sus políticas han contribuido a disturbios, aunque un juez en Illinois desestimó una demanda similar en julio por falta de evidencia. Mientras tanto, las ciudades santuario se preparan para más enfrentamientos, con 12 estados y decenas de condados listos para contrademandar. La lucha por los derechos de los inmigrantes y la autonomía local está lejos de terminar.
