El reloj avanza en Washington D.C. y el tiempo se agota. A menos de 4 días del 30 de enero, el Congreso enfrenta nuevamente la posibilidad de un cierre parcial del gobierno federal. Este escenario devastador apenas quedó atrás hace apenas 2 meses, tras un histórico apagón de 43 días en octubre y noviembre de 2025.
La situación actual es diferente. Las muertes recientes de 2 ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Minneapolis han encendido una disputa política que amenaza con dejar sin fondos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esto podría paralizar partes clave del gobierno federal estadounidense. Las comunidades latinas, trabajadores federales e inmigrantes enfrentan riesgos inmediatos.
Según El País, el líder demócrata del Senado Chuck Schumer advirtió que “los senadores demócratas no proporcionarán los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley de asignaciones si se incluye el proyecto de financiación del Departamento de Seguridad Nacional”. Schumer busca separar la financiación del DHS del paquete presupuestario completo. Esto permitiría que se apruebe el resto del gobierno mientras se renegocia la política migratoria de manera específica.
¿Qué provocó la crisis presupuestaria esta semana?
El detonante fue la muerte de Alex Pretti el 24 de enero en Minneapolis. Pretti era enfermero de cuidados intensivos de 37 años y ciudadano estadounidense. Un agente de la Patrulla Fronteriza lo baleó durante una protesta contra operativos de ICE. Días antes, el 7 de enero, un agente de ICE mató a Renee Good, también de 37 años. Good era madre de 3 hijos y ciudadana estadounidense. Ambas muertes ocurrieron en la misma ciudad dentro de menos de 3 semanas.
Conforme a reportes de CNN en español, videos grabados por testigos contradicen la versión oficial. Los videos muestran a Alex Pretti sosteniendo un teléfono celular, no un arma, cuando fue reducido por los agentes. Las autoridades afirmaban que Pretti portaba una pistola semiautomática de 9 milímetros. Sin embargo, las grabaciones no muestran evidencia clara de que tuviera un arma visible durante el forcejeo inicial con los agentes federales.
El caso de Good fue similar en circunstancias perturbadoras. Según reportes de BBC Mundo, Good fue baleada 3 veces tras intentar bloquear una calle para protestar. El agente Jonathan Ross disparó cuando Good comenzaba a moverse lentamente hacia adelante en su vehículo, alejándose de los oficiales, no hacia ellos. La autopsia reveló que Good fue impactada en el pecho y la cabeza. Una investigación federal está en curso.
La indignación en el Senado fue inmediata y generalizada. Patty Murray, la principal demócrata del Comité de Asignaciones, anunció públicamente: “Los agentes federales no pueden asesinar a personas a plena luz del día y quedar impunes”. Elizabeth Warren hizo una declaración similar, prometiendo votar en contra de cualquier financiación del DHS sin reformas significativas a los poderes de ICE y la Patrulla Fronteriza.
¿Qué necesita suceder para evitar el cierre del Gobierno?
La Cámara de Representantes aprobó el 22 de enero un paquete de 1.2 billones de dólares que agrupa 6 proyectos de apropiaciones. Cinco de ellos —financiando al Pentágono, Salud y Servicios Humanos, Educación, Justicia y otros— avanzaron con apoyo bipartidista en votaciones previas. Estos 5 proyectos tienen sustentación política.
El problema es el Senado. El paquete completo necesita 60 votos para superar el umbral legislativo requerido por la regla de obstrucción (filibuster). Los republicanos controlan 53 escaños y los demócratas 47, incluyendo 2 independientes. Con una mayoría tan ajustada, los republicanos necesitan exactamente 7 votos demócratas para avanzar. Sin embargo, los demócratas se niegan a proporcionarlos si la financiación del DHS permanece sin cambios significativos.
Conforme a reportes de Bloomberg Línea, los líderes republicanos del Senado planean rechazar las demandas demócratas. Esperan aprobar el paquete completo sin dividir la financiación del DHS de los otros 5 proyectos. Esta posición inflexible aumenta dramáticamente el riesgo de cierre parcial del gobierno.
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El tiempo también juega en contra de cualquier acuerdo rápido. Una tormenta invernal obligó a cancelar la sesión del Senado el lunes 26 de enero. Esto redujo aún más las horas disponibles para negociar antes del viernes 30 de enero. Lo que ya era una carrera contrarreloj ahora es un sprint político de último minuto con solo 96 horas de margen.
¿Por qué también los republicanos se oponen a ciertos aspectos del DHS?
Sorprendentemente, la presión no es solamente demócrata. Varios senadores republicanos han pedido investigaciones exhaustivas sobre los tiroteos en Minneapolis. El senador Thom Tillis de Carolina del Norte calificó la muerte de Pretti como “increíblemente perturbadora” y pidió una pesquisa “exhaustiva e imparcial” que no sea obstruida por oficiales de la administración.
Bill Cassidy de Luisiana advirtió que “la credibilidad del ICE y del DHS está en riesgo” y solicitó una investigación conjunta federal y estatal. Lisa Murkowski de Alaska fue aún más clara al declarar que “los agentes de ICE no tienen carta blanca en el ejercicio de sus funciones”. Susan Collins de Maine señaló que la situación “podría haberse resuelto sin violencia” y pidió una investigación para determinar si se usó “fuerza excesiva”.
Pete Ricketts
Incluso Pete Ricketts, considerado un cercano aliado de Trump, pidió una “investigación prioritaria y transparente”. Ricketts escribió: “Mi apoyo a la financiación del ICE no cambia, pero también debemos defender nuestros valores fundamentales, incluido el derecho a protestar”.
Esta división interna republicana complica significativamente el panorama político. La administración Trump ha intentado defender agresivamente a los agentes involucrados. Kristi Noem, secretaria del DHS, afirmó que Pretti fue el agresor principal. Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, lo calificó directamente de “terrorista doméstico”. Sin embargo, sus afirmaciones han sido contradicidas repetidamente por videos públicos analizados por medios independientes y testigos presenciales.
| Demócrata | Posición | Declaración Clave |
|---|---|---|
| Chuck Schumer (Líder) | Bloquea DHS sin reformas | “Senadores demócratas no votan sin cambios” |
| Patty Murray | Bloquea DHS sin reformas | “Agentes no pueden matar civiles impunemente” |
| Elizabeth Warren | Bloquea DHS sin reformas | “Votaré en contra de la financiación del DHS” |
| Catherine Cortez Masto | Bloquea DHS sin reformas | “Esto es brutalizar, no proteger ciudadanos” |
| Angus King (Independiente) | Podría bloquear | “Podría bloquear si no hay modificaciones” |
| Republicano | Posición | Declaración Clave |
|---|---|---|
| Thom Tillis | Critica DHS, pide pesquisa | “Pesquisa exhaustiva e imparcial necesaria” |
| Bill Cassidy | Critica DHS, pide pesquisa | “Credibilidad del ICE está en riesgo” |
| Lisa Murkowski | Critica DHS, pide pesquisa | “Agentes no tienen carta blanca” |
| Susan Collins | Critica DHS, pide pesquisa | “Podría haberse evitado la violencia” |
| Pete Ricketts | Critica DHS, pide pesquisa | “Debemos defender derechos fundamentales” |
| Líderes republicanos (Mayoría) | Rechazan dividir presupuesto | “No separaremos el paquete presupuestario” |
¿Cuál fue el impacto del cierre anterior de 43 días?
El cierre anterior ofrece una perspectiva aterradora de lo que podría venir. Desde el 1 de octubre hasta el 13 de noviembre de 2025, Estados Unidos vivió su cierre gubernamental más largo registrado en la historia nacional. Aproximadamente 800 000 empleados federales fueron suspendidos completamente sin pagar sus salarios. Otros 700 000 fueron obligados a trabajar sin recibir compensación inmediata.
Según reportes de BBC Mundo, el cierre fue catalogado como el “más prolongado jamás registrado” en la historia moderna estadounidense y dejó consecuencias profundas: cancelación de miles de vuelos, retrasos significativos en programas sociales, caída notable de confianza del consumidor y pérdida económica estimada de 11 000 millones de dólares en la economía nacional. Cada semana adicional de cierre redujo el Producto Interno Bruto (PIB) en aproximadamente 0.1 puntos porcentuales.
Los trabajadores federales acumularon deudas durante 43 días sin salarios. Conforme a la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), los empleados federales perdieron aproximadamente 16 000 millones de dólares en salarios no pagados durante esos 43 días. Algunos empleados recurrieron a bancos de alimentos comunitarios. Otros incurrieron en deudas significativas de tarjetas de crédito. Aunque se pagaron retroactivamente después de que reabrió el gobierno, muchas familias enfrentaron dificultades financieras inmediatas y pérdidas de confianza crediticia.
Las investigaciones científicas federales fueron paralizadas completamente. Los parques nacionales cerraron sus puertas a visitantes. Los sitios históricos estadounidenses permanecieron cerrados. Medicare y Medicaid continuaron operando como servicios “esenciales”, pero muchas otras agencias redujeron drásticamente su personal operativo y suspendieron actividades clave. Los datos económicos dejaron de ser recopilados y publicados.
¿Qué pueden esperar las comunidades inmigrantes y latinas?
Para las comunidades latinas e inmigrantes, un cierre del gobierno crea incertidumbre extrema y riesgos reales. Los servicios de inmigración no se consideran “esenciales” bajo la clasificación estándar del gobierno, por lo que muchas oficinas de USCIS (Servicios de Ciudadanía e Inmigración) funcionarían con personal mínimo o cerrarían completamente. Las entrevistas de asilo podrían aplazarse indefinidamente. Los procesos de solicitud de permisos de trabajo se ralentizarían significativamente.
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Las redadas de ICE probablemente continuarían sin interrupción, ya que se consideran “operaciones esenciales” para cumplimiento de la ley. Sin embargo, los procesos posteriores de deportación podrían sufrir retrasos administrativos. Los centros de detención migratorio enfrentarían limitaciones operativas, especialmente para servicios médicos y asistencia legal.
Los trabajadores inmigrantes empleados por el gobierno federal también estarían sin pagar durante el cierre. Muchos contratistas privados que trabajan con agencias federales no recibirían pago retroactivo después, según precedentes establecidos en cierres anteriores. Esto afecta desproporcionadamente a comunidades latinas que dependen de estos empleos.
Preguntas frecuentes sobre el cierre potencial
¿Cuál es la fecha límite exacta del posible cierre?
El gobierno federal se cerraría parcialmente a la medianoche del viernes 30 de enero de 2026 si el Senado no aprueba la financiación antes. Desde esta redacción, quedan 96 horas aproximadamente.
¿Qué significa precisamente “cierre parcial” del gobierno?
Un cierre parcial significa que ciertas agencias y servicios federales dejan de operar inmediatamente. Las agencias clasificadas como “esenciales” como Defensa continúan operando, pero con personal muy reducido sin pagar salarios. Los servicios “no esenciales” como la mayoría de agencias migratorias cierran completamente.
¿Recibirán salarios los empleados federales durante el cierre?
No recibirán salarios inmediatamente durante el cierre. Aproximadamente 800 000 empleados federales no recibirían compensación durante la paralización. Sin embargo, la mayoría recibiría pago retroactivo después de que se reabra el gobierno, basado en el precedente establecido durante el cierre anterior de 43 días.
¿Continuarían las redadas de ICE durante un cierre?
Sí. Las operaciones migratorias se consideran “esenciales” bajo clasificaciones del gobierno, por lo que ICE continuaría sus redadas durante cualquier cierre. Sin embargo, los procesos posteriores de deportación sufrirían retrasos por limitaciones administrativas y recursos reducidos.
¿Cerrarían completamente las oficinas de USCIS?
Probablemente sí. La mayoría de oficinas locales de USCIS cerrarían sus puertas. Las entrevistas de asilo, solicitudes de permisos de trabajo (Autorización de Empleo Temporal o SALUTE) y otros servicios de inmigración se aplazarían indefinidamente hasta la reapertura.
¿Hay precedentes de cierres presupuestarios en la historia reciente?
Sí. El cierre más reciente duró 43 días (octubre-noviembre 2025). Antes de eso, el cierre de 2018-2019 bajo la administración anterior duró 35 días. Ambos causaron daños económicos significativos y sufrimiento para empleados federales.
¿Qué pueden hacer los ciudadanos ahora para expresar sus preferencias?
Los ciudadanos pueden contactar directamente a sus senadores para expresar sus preferencias políticas. El sitio oficial www.senate.gov permite a personas encontrar información de contacto de sus representantes. Además, pueden apoyar organizaciones de derechos civiles como la ACLU que han presentado demandas federales por violaciones de derechos durante estos operativos.
¿Cuándo se reanudarían los servicios si ocurre el cierre?
Depende completamente de cuándo el Senado apruebe la financiación. Durante el cierre anterior, tardó aproximadamente 1 semana reabrir servicios completamente después del acuerdo legislativo, aunque algunos servicios específicos tardaron más tiempo en recuperarse completamente a niveles normales de operación.
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