Casa Blanca respalda ley que obligaría a probar ciudadanía para votar

Esta iniciativa busca obligar a los votantes a presentar una prueba documental de ciudadanía estadounidense y una identificación con fotografía para registrarse.
Casa Blanca respalda ley que obligaría a probar ciudadanía para votar
Fotografía tomada de la cuenta oficial @Sec_Noem en la red social X de la Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, hablando durante su visita a la frontera este miércoles, en Arizona (Estados Unidos). EFE/ @sec_noem

La administración de Donald Trump lanzó una fuerte ofensiva este viernes para respaldar el proyecto legislativo SAVE America Act. Esta iniciativa busca obligar a los votantes a presentar una prueba documental de ciudadanía estadounidense y una identificación con fotografía para registrarse y sufragar en elecciones federales. Además, la iniciativa fue aprobada esta semana por una estrecha mayoría en la Cámara de Representantes. Ahora enfrenta un camino complicado en el Senado.

¿Qué exige exactamente la Ley SAVE America Act?

La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió el proyecto desde Phoenix, Arizona, argumentando que es vital para proteger la integridad electoral. La ley exigiría que cualquier persona que se registre para votar presente documentos que prueben su ciudadanía, como un pasaporte estadounidense, un certificado de nacimiento o una identificación militar. Por eso, una licencia de conducir estándar sin el sello “Real ID” ya no sería suficiente.

Además, el proyecto impone requisitos más estrictos para el voto:

  • Presentación obligatoria de identificación con foto al momento de votar en persona.
  • Para el voto por correo, se requeriría enviar una copia de la identificación válida junto con la boleta.
  • Obligación para los estados de depurar sus padrones electorales eliminando a no ciudadanos, utilizando bases de datos federales como las del DHS.

¿Cuál es el argumento para impulsar esta ley?

Noem insistió en que el objetivo es evitar que inmigrantes indocumentados voten, afirmando que “no hay lugar en nuestro sistema electoral para quienes no son estadounidenses”. Esta postura se alinea con la retórica de Trump, quien ha sugerido repetidamente —sin pruebas masivas— que el voto de no ciudadanos es un problema grave.

Casa Blanca respalda ley que obligaría a probar ciudadanía para votar
Un votante rellena su papeleta para las elecciones de Virginia de 2025 en el centro de votación del Fairfax County Government Center en Fairfax, Virginia, EE.UU. EFE/EPA/SHAWN THEW

El presidente incluso amenazó con emitir una orden ejecutiva si el Senado bloquea la ley, declarando en Truth Social: “¡Habrá identificación de votante para las elecciones intermedias, aprobado por el Congreso o no!”. Trump argumenta que una mayoría de estadounidenses, incluidos demócratas, apoya medidas de identificación para votar.

El problema del voto de no ciudadanos

A pesar de la insistencia republicana, las investigaciones muestran que el voto de no ciudadanos es extremadamente raro. Un estudio exhaustivo del Brennan Center for Justice analizó 23,5 millones de votos en 2016 y encontró solo un 0,0001% de casos sospechosos de voto de no ciudadanos.

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De igual manera, la Heritage Foundation, un grupo conservador, identificó apenas 23 casos de voto de no ciudadanos entre 2003 y 2022 en todo el país. Sin embargo, críticos demócratas califican la ley como una táctica de supresión de votantes. Sostienen que dificultaría el acceso a las urnas para millones de ciudadanos legítimos que carecen de fácil acceso a documentos como pasaportes o certificados de nacimiento.

¿Qué futuro tiene la ley en el Congreso?

El proyecto pasó en la Cámara Baja con 218 votos a favor y 213 en contra, con apoyo casi exclusivamente republicano. En el Senado, su aprobación es improbable, ya que necesitaría apoyo demócrata para superar el filibusterismo. Además, senadores clave como Lisa Murkowski (republicana de Alaska) ya han expresado su oposición.

Además, la Constitución otorga a los estados el control principal sobre las elecciones. Esto, por consiguiente, podría generar batallas legales si el gobierno federal intenta imponer estos requisitos unilateralmente, especialmente en estados como Arizona, donde intentos locales similares ya han enfrentado obstáculos legales.

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