La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este martes una inyección de 70 000 millones de dólares para la ofensiva antiinmigración. Con 213 votos a favor y 211 en contra, los congresistas validaron el proyecto de ley de Reconciliación. Norman impulsa las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, también conocido como ICE.
El presidente Donald Trump ha promovido esta norma para financiar su promesa electoral de llevar a cabo la mayor deportación de la historia. La regla no incluye concesiones a los demócratas, que exigían reformas en las agencias migratorias clave. Estos legisladores votaron en contra en bloque, mostrando su oposición total al paquete financiero.
El texto, aprobado la semana pasada en el Senado sin el voto demócrata, pasa ahora a la mesa del presidente. La norma asigna 38 000 millones de dólares al ICE y 26 000 millones a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la CBP. Además, otorga 5 000 millones para cubrir costos imprevistos durante las operaciones de deportación masiva.
¿Cómo se distribuirán los millones de dólares?
La asignación de fondos es específica y directa para las agencias de control migratorio federal. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas recibe la mayor parte con 38 000 millones de dólares destinados a sus operaciones. Esto permitirá contratar más agentes y reabrir cárceles para albergar migrantes detenidos.
La CBP obtiene 26 000 millones para reforzar la seguridad en la frontera y aumentar la capacidad de detención. Este presupuesto incluye la construcción de infraestructura y la compra de vehículos para la Patrulla Fronteriza. Los nuevos fondos se suman a los 170 000 millones de dólares de la ley presupuestaria de Trump.
El objetivo es llevar a cabo la mayor deportación de la historia de EE.UU. La Administración ha hecho uso de los fondos previos para reabrir cárceles cerradas y cerrar contratos con empresas privadas. También se lanzaron campañas de publicidad contra los extranjeros y se impulsaron las deportaciones a terceros países.
El nuevo secretario de DHS, Markwayne Mullin, promete sacar a las agencias migratorias de los titulares. En una comparecencia ante el Senado, insinuó que su departamento desobedecerá los fallos judiciales que considere politizados. Ya se ha reemplazado a Kristi Noem con el nuevo líder en marzo.
La tramitación de la legislación se demoró varias semanas en el Senado. Algunos legisladores republicanos se opusieron a dos propuestas polémicas de Trump, rebelándose por primera vez contra sus deseos desde su regreso. Una propuesta era un fondo de 1 800 millones para indemnizar a aliados del presidente procesados injustamente.
¿Por qué los demócratas se oponen al financiamiento de las agencias?
Los demócratas se opusieron a asignar más fondos a las agencias sin cambios significativos en su forma de operar. La agresividad demostrada por los agentes en la Operación Metro Surge en Minneapolis se saldó con muertes a tiros. Los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Good perdieron la vida en ese operativo.
Entre otras reformas, los demócratas insistieron en exigir a los agentes mostrar sus placas de identificación durante los operativos. También reclamaron obtener una orden judicial antes de ingresar en propiedades privadas para evitar abusos. Pero ninguna de sus peticiones fue recogida en la ley aprobada por la Cámara.
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Las desavenencias entre los dos partidos mantuvieron congelados los fondos para financiar el Departamento de Seguridad Nacional por más de dos meses. Esto supuso el mayor cierre administrativo de la historia de la administración federal. Curiosamente, el ICE y la CBP se mantuvieron operativos porque contaban con fondos aprobados en verano.
El representante Jamie Raskin, de Maryland, declaró que otorgar otros 70 000 millones a estas agencias descontroladas sería ser cómplice. Dijo que todavía tienen 100 000 millones en caja procedentes del año pasado. Criticó la creciente corrupción y las vergonzosas acciones de este departamento de seguridad.
Los republicanos replicaron que están cumpliendo con su deber de proteger a la nación y apoyar a los agentes. La representante Michelle Fischbach, de Minnesota, afirmó que se trata de la seguridad pública y de mantener a salvo a los estadounidenses. El bloque republicano votó unido para sacar adelante la ley.
Hasta ahora, la Administración no ha alcanzado su objetivo de 1 millón de deportaciones anuales. Sin embargo, Tom Homan, responsable de la política fronteriza de Trump, ha prometido que habrá más medidas. Incluso insinúa acciones de control migratorio en Nueva York, la ciudad más grande del país.
¿Qué otras medidas restringen los permisos de inmigrantes legales?
Al mismo tiempo, la Administración está dificultando la permanencia de los inmigrantes legales en Estados Unidos mediante la eliminación del Estatus de Protección Temporal. El TPS es un programa vital para muchos extranjeros que no pueden regresar a sus países por conflictos o desastres.
También hay cambios en los programas de asilo y de refugiados, afectando la protección humanitaria. Se modifican los requisitos para la obtención de la residencia permanente, lo que retrasa la naturalización. Además, se cancelan permisos que permitían a los llamados dreamers trabajar y residir legalmente.
Varias de estas medidas han recibido fallos judiciales en contra y tienen procesos abiertos en los tribunales. La Corte Suprema y otros jueces federales han bloqueado intentos de eliminar protecciones consolidadas. Esto crea un escenario de incertidumbre legal para miles de familias inmigrantes.
La imposibilidad de llegar a un acuerdo bipartidista propició que los conservadores echaran mano del proceso de reconciliación. Esta maniobra compleja solo se usa en casos de emergencia y no requiere los 60 votos reglamentarios. Con 52 votos a favor y 47 en contra, el bloque republicano votó unido.
Solo la senadora por Alaska, Lisa Murkowski, se unió a los demócratas para oponerse al paquete total. La votación final valida la inyección de recursos masivos para la ofensiva antiinmigración de Trump. El proyecto de ley está listo para ser firmado por el presidente Donald Trump.
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