El gobierno del presidente Donald Trump presentó este viernes una petición de emergencia ante la Corte Suprema para poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a más de 300.000 venezolanos en Estados Unidos. La solicitud busca suspender la decisión de un juez federal de San Francisco que declaró ilegal la terminación de esas protecciones, y pide al máximo tribunal que permita al Ejecutivo seguir adelante con la revocación mientras se tramita la apelación.
¿Qué dictó el juez y por qué se recurre al Supremo?
A comienzos de septiembre, el juez Edward Chen falló que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, actuó de forma irregular al anular y vacaturar las designaciones de TPS para ciertos venezolanos y haitianos, y bloqueó la terminación mientras el caso avanzaba. Chen sostuvo que la decisión del departamento se tomó con “velocidad y sesgo” y que no cumplió los requisitos administrativos exigidos por la ley. Frente a ese fallo, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia recurrieron a la Corte Suprema alegando que tribunales inferiores están desoyendo decisiones previas del alto tribunal.
La petición de emergencia del Departamento de Justicia
La petición presentada por el Departamento de Justicia —firmada por el procurador general John Sauer— solicita a la Corte Suprema que emita una orden de emergencia para levantar el fallo del juez Chen mientras la cuestión se resuelve en tribunales de apelación. El Gobierno argumenta que la continuidad del TPS para este grupo es “contraria al interés nacional” y que la alta corte ya concedió una medida similar en mayo que limitó un bloqueo previo.
¿Qué es el TPS y a quién protege?
El Estatus de Protección Temporal es un programa humanitario que permite a nacionales de países afectados por conflictos, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias permanecer y trabajar legalmente en EE. UU. por periodos renovables. En el caso de Venezuela, designaciones previas y extensiones habían protegido a cientos de miles de personas, que obtuvieron permisos de trabajo y cobertura contra la deportación mientras persistieran las condiciones en su país.
Cómo llegó el caso hasta aquí
La disputa se enraizó cuando la administración anterior extendió y redesignó TPS para Venezuela, y la administración actual, encabezada por Noem en el Departamento de Seguridad Nacional, decidió vacaturar y terminar una de esas designaciones a principios de 2025. Las órdenes de los tribunales inferiores —incluido el bloqueo de Chen— provocaron idas y venidas legales: en mayo la Corte Suprema otorgó una suspensión de emergencia sobre una orden preliminar de Chen, pero el magistrado más tarde resolvió el fondo del asunto en favor de los demandantes, lo que reavivó el conflicto. Ahora el Gobierno vuelve a pedir intervención del máximo tribunal.
Qué está en juego para los beneficiarios
Si la Corte Suprema acepta la petición del Ejecutivo y permite avanzar la terminación del TPS para este grupo, cientos de miles de venezolanos podrían perder protección legal, permisos de trabajo y quedar expuestos a procesos de deportación mientras se resuelve la guerra judicial. En cambio, si el tribunal rechaza la solicitud del Gobierno o confirma el fallo de Chen en apelación, el estatus de esos beneficiarios permanecería vigente al menos hasta que se decida el fondo del asunto.
Reacciones y contexto político
La presentación ante la Corte Suprema se da en un clima de fuerte debate sobre la política migratoria del Gobierno, que ha intentado cancelar protecciones para grupos de migrantes y ha defendido su autoridad discrecional para designar o terminar TPS. Por su parte, organizaciones que representan a beneficiarios y grupos de derechos civiles sostienen que la revocación se hizo sin la debida evaluación y que dejaría a familias en situación de vulnerabilidad.
