El presidente Donald Trump avanza con un plan para aumentar drásticamente la capacidad de detención de inmigrantes en Estados Unidos. Su administración pretende crear más de veinte megacentros del ICE que podrían albergar hasta 5.000 personas cada uno. Las nuevas instalaciones se ubicarían en antiguos depósitos industriales y buscan acelerar los procesos de deportación a partir de 2026.
La propuesta surge después de que el Congreso asignara 45.000 millones de dólares para ampliar la infraestructura migratoria. Según cálculos oficiales, el objetivo es lograr un millón de deportaciones anuales, meta que requiere superar las 100.000 plazas actuales de detención. Hoy, unas 65.000 personas permanecen bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en centros existentes y temporales.
¿Por qué el gobierno impulsa estos nuevos centros?
El plan se justifica bajo el argumento de mayor eficiencia operativa. Para el gobierno, los megacentros permitirán centralizar la gestión de deportaciones y reducir costos logísticos. La medida llega tras experiencias limitadas con campamentos de carpas, como el de Fort Bliss, en Texas, que enfrentó denuncias por condiciones deficientes.
Sin embargo, la reutilización de grandes depósitos industriales todavía genera incertidumbre. Expertos señalan que estos espacios requerirán adaptaciones costosas para cumplir con los estándares humanitarios mínimos. Además, la magnitud del proyecto podría redefinir el mapa de la detención migratoria en Estados Unidos.
Según información oficial, el ICE adjudicó un contrato de 29,9 millones de dólares a la empresa Kpb Services LLC para diseñar y analizar los nuevos centros. El contrato fue otorgado sin licitación pública, lo que ha despertado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. La cifra se ubicó justo debajo del umbral que exige justificar la ausencia de competencia.
Reacciones y polémica en torno al proyecto
La comunidad indígena Prairie Band Potawatomi, inicialmente asociada con Kpb, decidió retirarse del acuerdo tras recibir críticas de sus propios miembros. Su presidente, Joseph “Zeke” Rupnick, expresó su desaprobación y afirmó que “el desarrollo económico no debe estar por encima de las obligaciones morales”.
Además, organizaciones civiles han manifestado preocupación por potenciales violaciones a los derechos humanos. Los centros de detención en Florida y Texas ya enfrentan denuncias por uso excesivo de la fuerza, condiciones inhumanas y presiones a detenidos. El ICE negó esas acusaciones y aseguró que todas las operaciones cumplen las normas legales establecidas.
Mientras tanto, el control externo de estas instalaciones continúa en debate. Tras una orden judicial reciente, se restablecieron las visitas sin aviso previo de legisladores a los centros, una medida que busca mayor supervisión institucional.
¿Qué impacto podría tener esta expansión?
El proyecto de megacentros de ICE representa un nuevo cambio de escala en la política migratoria estadounidense. Si se concreta, marcaría la mayor expansión de centros de detención de las últimas décadas. Analistas consideran que la medida podría reforzar la política de deportación masiva y acentuar el debate sobre derechos humanos en el país.
El uso de grandes depósitos como centros migratorios no es completamente nuevo. Durante la administración de Barack Obama, un depósito en el sur de Texas fue adaptado para alojar a más de mil personas. No obstante, el plan actual multiplica esa capacidad por cinco, lo que evidencia una intención de permanencia y control ampliado.
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Aún no se ha detallado el costo final de adaptar los almacenes ni los tiempos de ejecución previstos. Pero el gobierno asegura que este paso es esencial para sostener su nueva estrategia migratoria, una que combina velocidad administrativa, mayor retención y procesamiento masivo de casos.
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