La administración Trump acelera sus esfuerzos para revocar la ciudadanía de naturalizados mediante una directiva interna del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). El documento establece cuotas de 100 a 200 casos mensuales para el año fiscal 2026, un salto drástico frente a los 120 procesos totales entre 2017 y 2025.
Matthew J. Tragesser, portavoz del USCIS, justificó la medida como una forma de “combatir el fraude” y “restaurar la integridad del sistema migratorio”. Las autoridades priorizan a quienes “mintieron o tergiversaron su identidad” en sus trámites.
La ley federal solo permite la desnaturalización por fraude comprobado u omisión deliberada de información clave.
Cuotas que politizan un proceso judicial
Exfuncionarios y defensores de derechos civiles critican las cuotas mensuales como una politización del proceso. Históricamente, la revocación de ciudadanía se aplica con extrema cautela desde los años 90.
El temor crece entre los 26 millones de ciudadanos naturalizados, que representan cerca del 8% de la población adulta. Muchos temen que errores administrativos menores terminen en investigaciones costosas.
La Corte Suprema estableció en 2018 un estándar alto: el fraude debe ser determinante para obtener la ciudadanía. Cada caso pasa al Departamento de Justicia para juicio federal.
Aumento exponencial de investigaciones
Durante la primera administración Trump, el Departamento de Justicia abrió más de 100 casos de desnaturalización. El gobierno de Biden registró solo 24 procesos.
Este año, ya suman 13 casos con 8 fallos favorables al gobierno. La nueva directiva busca elevar ese ritmo a niveles sin precedentes.
El USCIS identifica sospechas de fraude, pero no revoca la ciudadanía directamente. Remite expedientes al Departamento de Justicia para juicio.
Contexto de endurecimiento migratorio
La iniciativa se integra a políticas más amplias de control migratorio. Incluyen restricciones al asilo, suspensiones de visas y campañas de deportación masiva.
Trump vincula estas medidas a la “seguridad nacional” y la necesidad de eliminar fraudes del sistema. Sus aliados celebran la directiva como un paso para “limpiar” el proceso de naturalización.
Sin embargo, críticos advierten sobre el impacto en comunidades inmigrantes legales. La incertidumbre afecta a familias, empresas y comunidades enteras.
El temor de millones de naturalizados
La ciudadanía representa uno de los derechos más preciados en democracia, según la Corte Suprema. Revocarla exige pruebas irrefutables de fraude intencional.
Abogados migratorios temen que las cuotas presionen a investigadores para encontrar irregularidades en trámites antiguos. Errores humanos o traducciones imprecisas podrían interpretarse como dolo.
Comunidades de origen latino, asiático y africano, principales fuentes de naturalizaciones, expresan mayor preocupación. Muchos naturalizados construyeron vidas enteras tras décadas en el país.
Reacciones políticas y legales
Republicanos conservadores aplauden la medida como defensa de la “integridad nacional”. Algunos demócratas ya preparan demandas contra lo que llaman “caza de brujas”.
Organizaciones de derechos civiles anticipan un aumento en litigios. Grupos como la ACLU planean monitorear casos para detectar abusos procesales.
El Departamento de Justicia confirmó en junio su prioridad en desnaturalizaciones de personas con antecedentes criminales graves.
Implicaciones para el futuro
La directiva interna transforma un proceso raro en una operación sistemática. USCIS debe entregar cuotas mensuales al Departamento de Justicia.
Analistas migratorios predicen desafíos judiciales masivos. La Corte Suprema podría intervenir si percibe violaciones al debido proceso.
Mientras tanto, naturalizados de todo el país revisan sus trámites antiguos con temor. La nueva política coloca bajo escrutinio a millones que creían su ciudadanía segura.
