En Estados Unidos, el DHS enfrenta un nuevo foco de polémica: agentes federales de inmigración han disparado a 14 personas desde setiembre. Este alarmante dato sale a la luz mientras el Gobierno de Trump intensifica operativos de deportación en varias ciudades. Y, aunque el departamento defiende a sus agentes, las preguntas se multiplican en comunidades y tribunales.
El caso más reciente, el 24 de enero, terminó con la muerte de Alex Pretti, de 37 años, durante un operativo en Minneapolis. Semanas antes, también murió Renee Good, de 37 años, en un incidente separado en la misma ciudad. Ambos eran ciudadanos estadounidenses y residentes locales, un detalle que elevó la tensión.
Además, varios de esos episodios tienen un elemento repetido: disparos dirigidos a vehículos. Esa táctica se considera de alto riesgo, porque puede escalar una detención y aumentar daños colaterales. Por eso, el debate ya no es solo migratorio, sino también de uso de la fuerza.
¿Qué se sabe de los 14 tiroteos reportados?
De acuerdo con el recuento incluido en el material difundido, los disparos ocurrieron desde setiembre en distintos puntos del país. Los heridos incluyen sospechosos de delitos, inmigrantes sin estatus permanente y también ciudadanos de EE.UU. En total, se reporta que cuatro personas murieron.
El DHS sostiene que, en varios incidentes, los oficiales creyeron que sus vidas estaban en peligro. También afirma que hubo agentes lesionados en algunos enfrentamientos. En esa línea, la vocera Tricia McLaughlin negó un patrón de fuerza letal injustificada.
Sin embargo, voces del ámbito policial advierten que no son hechos aislados. Señalan que la frecuencia y el tipo de escenarios se parecen demasiado entre sí. Y, por lo tanto, piden mirar el conjunto, no solo cada caso por separado. Al mismo tiempo, el propio departamento dice que cada uso de la fuerza se reporta y se revisa. También asegura que los tiroteos se evalúan con apoyo de agencias correspondientes. Aun así, no se mencionan conclusiones públicas en todos los casos.
La preocupación de las tácticas del DHS
En varios de los incidentes, los agentes abrieron fuego porque el vehículo se movía y lo interpretaron como una amenaza. El problema es que disparar a un conductor puede provocar un auto fuera de control. Y eso, a su vez, puede herir a terceros, incluidos peatones.
Expertos en prácticas policiales llevan décadas intentando reducir este tipo de disparos. La razón es simple: a veces el oficial cree que será atropellado, pero el desenlace resulta evitable con otras tácticas. Por eso, muchas agencias recomiendan no colocarse frente a un auto.
En el material citado, se menciona una política del DHS que limita disparar a vehículos en movimiento. Se permitiría solo con una creencia razonable de amenaza inminente de muerte o lesión grave. Aun así, algunos exjefes de policía se preguntan si el entrenamiento real acompaña esa norma.
Además, existe otro efecto: cuando el operativo se vuelve caótico, la desescalada se vuelve más difícil. Y, en un contexto de redadas más frecuentes, ese riesgo se multiplica. En consecuencia, el debate se trasladó de la frontera al corazón de ciudades estadounidenses.
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¿Qué casos encendieron el debate público?
Minneapolis se convirtió en un punto de tensión por la seguidilla de episodios. En el caso de Renee Good, la secuencia descrita incluye vehículos federales bloqueando el paso y órdenes de bajar del auto. Luego, la conductora se movió, y en ese momento se disparó, con un desenlace fatal.
Después, el 24 de enero, ocurrió el caso de Alex Pretti. Según la versión oficial, los agentes actuaron en defensa propia y el hombre estaba armado. Sin embargo, en el material se menciona que videos de testigos abrieron dudas sobre esa narrativa.
Además, hay otros casos con giros judiciales que alimentan la discusión. En algunos, personas baleadas fueron acusadas y luego los cargos se desestimaron. Referente a otros, se habla de evidencia posterior que contradijo relatos iniciales, lo cual incrementó el escrutinio.
En paralelo, creció un movimiento de protesta contra los operativos. Esto añade un ingrediente político al tema, porque cada detención queda grabada y circula rápido. Y, cuando hay disparos, el impacto público se vuelve inmediato. La Casa Blanca ha defendido públicamente una línea dura en materia migratoria en conferencias de prensa recientes.
¿Qué preguntas quedan abiertas para DHS y la justicia?
Por su parte, la exigencia principal de las familias y autoridades locales gira en torno a la transparencia gubernamental. Todavía no está claro cuántos de estos oficiales han enfrentado medidas disciplinarias formales tras accionar sus armas. Además, el rápido despliegue de miles de agentes genera serias dudas sobre la calidad real de su supervisión.
Por lo pronto, diversas entidades federales han tenido que intervenir para esclarecer judicialmente los hechos más graves. El Departamento de Justicia ya inició una exhaustiva investigación de derechos civiles por la muerte de Alex Pretti. Asimismo, la Oficina de Responsabilidad Profesional de Aduanas realiza sus propias auditorías internas sobre el accionar táctico.
Mientras tanto, la opinión pública espera que en las próximas semanas se difundan más videos de cámaras corporales. Estas grabaciones inéditas serán piezas documentales fundamentales para corroborar o desmentir las versiones iniciales de los oficiales involucrados. De este modo, el intenso escrutinio sobre las tácticas migratorias se mantendrá sumamente activo en los tribunales y calles.
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