La Administración de Donald Trump anunció este lunes acciones legales destinadas a revocar la ciudadanía estadounidense a inmigrantes naturalizados. El esfuerzo forma parte de una nueva ofensiva gubernamental dirigida a quienes, según las autoridades, cometieron fraude durante sus procesos migratorios. En total, el Gobierno busca quitar este derecho a 17 personas de diversos orígenes.
En un comunicado oficial, el Departamento de Justicia informó que presentó demandas ante varios tribunales federales de distrito. Los acusados enfrentan cargos por presuntos delitos graves, entre los que figuran abuso sexual a menores, fraude bancario y narcotráfico.
El fiscal general interino, Todd Blanche, justificó la medida aludiendo a las consecuencias de mentir al sistema. “Cuando los extranjeros con antecedentes penales se aprovechan del proceso de naturalización infringiendo la ley, hay consecuencias”, declaró el funcionario. Esta ofensiva marca una de las campañas de desnaturalización más agresivas de la historia reciente del país.
Entre los 17 individuos afectados figuran ciudadanos naturalizados originarios de múltiples naciones. La lista incluye personas procedentes de Cuba, Haití, Colombia, México, India, Somalia, Filipinas y Jamaica, según detallaron las autoridades federales y reportó la agencia EFE.
¿Por qué el Gobierno busca revocar estas ciudadanías?
La campaña de desnaturalización no es un recurso nuevo, pero históricamente se utilizaba de forma limitada. Antes, el proceso se reservaba para casos muy específicos relacionados con crímenes de guerra, terrorismo o amenazas directas a la seguridad nacional de Estados Unidos. Ahora, la Administración de Trump busca ampliar las categorías de los delitos que pueden motivar esta acción legal.
El Departamento de Justicia argumenta que estas 17 personas mintieron u ocultaron información clave durante sus solicitudes de naturalización. Entre los casos recientes figura un ex sacerdote católico acusado de abusar de un menor. También hay individuos involucrados en fraudes de visas H-1B, fraudes en el sistema de salud y distribución ilícita de medicamentos recetados.
Todd Blanche reconoció recientemente en una entrevista que revocar la ciudadanía es una “consecuencia drástica”. Sin embargo, enfatizó que cometer fraude para obtenerla en primer lugar también constituye una “acción drástica” por parte del inmigrante.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, respaldó la iniciativa y aseguró que utilizarán “todas las vías legales” para expulsar del país a quienes cometan estos delitos. En su cuenta de la red social X, Mullin escribió: “La ciudadanía estadounidense es un privilegio y debe ganarse honestamente. Si vienes aquí, infringes nuestras leyes y mientes en tus procedimientos migratorios, pierdes ese privilegio”.
¿Qué pasará con estas personas si pierden sus casos?
Si los procedimientos judiciales prosperan, las personas afectadas enfrentarán consecuencias legales inmediatas y severas. Regresarían a su estatus migratorio previo y perderían todos los derechos asociados a la ciudadanía estadounidense. Esto incluye la eliminación de su derecho al voto, a portar pasaporte y, sobre todo, a la protección frente a una posible deportación.
La revocación de la ciudadanía es un proceso judicial que debe realizarse en cortes federales y no en tribunales de inmigración. Esto significa que los acusados tienen el derecho de presentar defensas y apelar las decisiones si el fallo no les favorece. El Departamento de Justicia debe probar de manera contundente que la persona cometió fraude para poder anular el estatus obtenido.
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This Department of Justice has filed DENATURALIZATION ACTIONS in various U.S. district courts against 17 individuals accused of serious offenses.
“When criminal aliens exploit the naturalization process by breaking the law, there are consequences. Criminal aliens are lying about… pic.twitter.com/mhr1D9xxT8
— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) June 8, 2026
Markwayne Mullin añadió que el Departamento de Seguridad Nacional no permanecerá de brazos cruzados mientras ciudadanos estadounidenses se vean perjudicados por criminales. Según él, estas personas “han explotado la generosidad de EE. UU. y se han aprovechado de su sistema migratorio”.
Este movimiento generó preocupación en organizaciones defensoras de los derechos civiles. Advierten que expandir las categorías de desnaturalización crea un clima de miedo para millones de inmigrantes legalizados. Pese a las críticas, la Administración de Trump defendió la medida como parte del cumplimiento estricto de las leyes migratorias desde su regreso a la Casa Blanca en 2025.
¿Existen precedentes de una medida como esta?
Como señaló la agencia EFE y medios como NPR, la desnaturalización es una de las herramientas más complejas y menos utilizadas por el Gobierno federal. Sin embargo, la actual Administración la ha convertido en un eje central de su estrategia de endurecimiento migratorio. Durante los últimos meses, el Departamento de Justicia inició más de 60 casos de este tipo en tribunales de todo el país.
El proceso es complicado porque el Gobierno enfrenta una carga de prueba muy alta. Los abogados federales deben convencer a un juez de que el acusado actuó con dolor y ocultó información que habría descalificado su solicitud originalmente. Para agilizar estos esfuerzos, el Departamento de Justicia instruyó a fiscales locales en todo el país a priorizar casos relacionados con fraudes financieros y otros delitos.
Aunque Blanche declinó ofrecer una cifra exacta de cuántos ciudadanos podrían perder su estatus, aseguró que la Administración está investigando a fondo. “Hay muchos individuos que son ciudadanos y que no deberían serlo”, sentenció el funcionario en una entrevista reciente con CBS News. Según él, los inmigrantes que hicieron las cosas mal deben estar “preocupados”.
El Departamento de Justicia ya ha logrado quitar la ciudadanía en 11 de los más de 60 casos que se hicieron públicos recientemente. Esta ofensiva forma parte de la política de “cero tolerancia” de la Administración. Las agencias seguirán revisando miles de archivos migratorios en busca de irregularidades que justifiquen acciones en tribunales federales.
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