Boston se encuentra en el centro de una creciente disputa con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras la negativa de la alcaldesa Michelle Wu a eliminar las políticas de santuario de la ciudad. El director interino de ICE, Todd Lyons, amenazó con “inundar” la ciudad con agentes federales, intensificando las tensiones con la administración del presidente Donald Trump, que busca desmantelar las protecciones migratorias en todo el país. La batalla, que enfrenta los valores de inclusión de Boston contra las políticas migratorias de mano dura, ha generado un debate nacional sobre seguridad, derechos y autonomía local.
La amenaza de ICE a Boston
El miércoles, durante una entrevista en The Howie Carr Show, Lyons anunció que ICE aumentará su presencia en Boston en respuesta a la postura de Wu. “Definitivamente vamos a inundar la zona, especialmente en jurisdicciones santuario como Boston y Massachusetts”, afirmó, criticando las políticas locales por “liberar amenazas a la seguridad pública”. Lyons destacó la Operación Patriota de marzo, que resultó en 370 arrestos en Massachusetts, incluyendo a personas con cargos por delitos graves como asesinato y agresiones sexuales, según un comunicado de ICE.
Por su parte, Wu respondió el jueves en un evento no relacionado, defendiendo la diversidad de Boston. “Esta es una ciudad hermosa e increíble, y esta administración debe dejar de atacar a las ciudades para ocultar sus propios fracasos”, dijo. Con un 28% de residentes nacidos en el extranjero, principalmente de China, República Dominicana, Haití y Vietnam, Boston ha mantenido una baja histórica en homicidios en 2024, según datos estatales.
La Ley de Confianza y las políticas de santuario
Las políticas de santuario de Boston, consagradas en la Ley de Confianza de 2014 y reforzadas en 2019, prohíben a la policía local colaborar con ICE en detenciones por motivos migratorios civiles, salvo en casos de “seguridad pública significativa” como tráfico de drogas o trata de personas. Esta legislación busca fomentar la confianza entre los inmigrantes y las autoridades, permitiendo que reporten crímenes sin temor a la deportación. En diciembre de 2024, el Ayuntamiento reafirmó esta postura, destacando que “las disposiciones de la Ley de Confianza han sido clave para un entorno seguro y acogedor”.
Sin embargo, la administración Trump considera estas políticas un obstáculo para sus planes de deportación masiva. El Departamento de Justicia, liderado por la fiscal general Pam Bondi, envió cartas a 35 jurisdicciones santuario, incluyendo Boston, exigiendo el fin de estas protecciones antes del 19 de agosto. Bondi advirtió que el incumplimiento podría derivar en recortes de fondos federales o acciones legales, según un comunicado del 12 de agosto.
La respuesta de Boston y sus aliados
Wu no retrocedió. En una carta a Bondi, calificó las demandas como un “ataque” a las ciudades y una táctica para “sembrar miedo entre los estadounidenses”. “Boston nunca dejará de ser un faro de libertad y un hogar para todos”, escribió. Durante una conferencia de prensa frente al Ayuntamiento, añadió: “Se equivocan en la ley y en la seguridad”. La alcaldesa también señaló que Boston solicitó información a ICE en junio sobre sus operaciones, sin recibir respuesta, y anunció que la ciudad apelará para exigir transparencia.
Además, otras ciudades de Massachusetts, como Chelsea y Somerville, han presentado demandas contra la administración Trump por intentar desfinanciar sus departamentos de policía, según reportes del 27 de febrero. Estas ciudades, junto a Boston, argumentan que las políticas de santuario protegen los derechos de los inmigrantes y no violan la ley federal, citando fallos como City and County of San Francisco v. Trump de 2018, que declaró ilegal retirar fondos a jurisdicciones santuario sin autorización del Congreso.
Un debate que trasciende Boston
El conflicto no es exclusivo de Boston. Ciudades como Chicago, Nueva York y Denver enfrentan demandas similares del Departamento de Justicia. En Massachusetts, la gobernadora Maura Healey también fue criticada por el “border czar” Tom Homan, quien afirmó que las políticas de santuario “ponen en riesgo a las comunidades”. Sin embargo, activistas como Lisa Knox, de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes, sostienen que estas políticas permiten a los inmigrantes acceder a servicios esenciales sin temor. En Boston, el 65% de los residentes apoya las políticas de santuario, según una encuesta de WBUR de julio.
Pese a todo, el enfrentamiento entre Boston y ICE está lejos de resolverse. Mientras Wu y otros líderes locales defienden su autonomía, la administración Trump intensifica sus esfuerzos, con operativos como el de Washington D.C., donde la Guardia Nacional y agentes federales han tomado roles policiales. En Boston, la presencia de ICE crece, con 44 kilogramos de metanfetaminas y cinco de fentanilo incautados en marzo, según la fiscalía. La ciudad, conocida por su historia de resistencia, se prepara para un nuevo capítulo en esta lucha.
