¿Tu cuenta en riesgo? Bancos pedirán prueba de ciudadanía

El gobierno de Trump retrasó una orden ejecutiva que habría exigido prueba de ciudadanía para abrir cuentas bancarias en Estados Unidos.
¿Tu cuenta en riesgo? Bancos pedirán prueba de ciudadanía
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La reciente propuesta del gobierno de Estados Unidos de exigir una prueba formal de ciudadanía para poder abrir o mantener cuentas bancarias generó una enorme inquietud en millones de familias. Por lo tanto, esta polémica iniciativa del presidente Donald Trump amenazó con transformar drásticamente el acceso financiero para toda la comunidad inmigrante. También afectaría tanto a personas indocumentadas como a residentes legales.

A principios de año, la administración republicana evaluó emitir una orden ejecutiva que obligaría a todas las instituciones financieras del país a recopilar información detallada sobre el estatus migratorio de sus clientes. Hasta ese momento, las reglas bancarias vigentes no exigían comprobar la ciudadanía como parte de los controles habituales. Esto permitía a millones de inmigrantes operar libremente dentro del sistema económico utilizando pasaportes extranjeros o números de identificación fiscal (ITIN).

Sin embargo, a pesar de los fuertes rumores y el pánico generalizado en las redes sociales, diversos medios especializados y verificadores de datos confirmaron que dicha orden ejecutiva federal no ha sido promulgada oficialmente. Además, la administración Trump decidió retrasar indefinidamente la firma de este documento tras recibir fuertes presiones y críticas directas por parte de la propia industria financiera y de Wall Street.

¿Qué impacto económico tendría esta medida?

Si la estricta exigencia de presentar una prueba de ciudadanía se hiciera realidad, el impacto para la comunidad migrante sería absolutamente devastador. De esta manera, la medida eliminaría por completo el acceso al sistema bancario formal para millones de inmigrantes indocumentados. También los obligaría a realizar todas sus transacciones cotidianas y comerciales operando únicamente con dinero en efectivo.

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Economistas y defensores de los derechos civiles advirtieron que esta situación incrementaría drásticamente riesgos de robos callejeros, pérdida de ahorros y peligrosas estafas financieras. Además, miles de familias hispanas y asiáticas quedarían totalmente excluidas de servicios bancarios básicos y vitales como las cuentas de ahorro seguro, las tarjetas de débito internacionales o el acceso necesario a créditos para comprar una vivienda o iniciar un pequeño negocio familiar en el país.

Incluso los inmigrantes con estatus migratorio regular sufrieron recortes reales durante este año. En marzo de 2026, el gobierno federal implementó nuevas reglas administrativas que excluyeron a los portadores de residencia permanente (Green Card) de acceder a los importantes préstamos comerciales administrados por la Small Business Administration (SBA). Por consiguiente, la nueva normativa estableció que solo las empresas que sean propiedad al 100% de ciudadanos estadounidenses pueden recibir estos fondos federales.

¿Por qué los bancos rechazaron la propuesta?

La agresiva propuesta de la Casa Blanca encontró una férrea e inesperada resistencia dentro del poderoso sector financiero estadounidense. Por consiguiente, los directivos de los grandes bancos, instituciones financieras y prestamistas comunitarios calificaron públicamente la iniciativa gubernamental como un proyecto totalmente “inviable” desde el punto de vista operativo, técnico y comercial.

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El proceso de implementación de esta orden habría generado enormes complicaciones logísticas y sobrecostos millonarios. Para permitir a los bancos verificar la ciudadanía de cada persona, habría sido necesario readaptar por completo sus complejos sistemas informáticos internos. Además, tendrían que capacitar masivamente a todo su personal administrativo. Por otra parte, la industria temía perder automáticamente a millones de clientes rentables y una gigantesca cantidad de capital depositado en sus propias bóvedas financieras.

Otro factor importante que frenó la propuesta gubernamental es la realidad de los propios ciudadanos estadounidenses. Según estimaciones oficiales, aproximadamente la mitad de la población nacida en Estados Unidos no posee un pasaporte válido que acredite fácilmente su ciudadanía ante un cajero bancario. Por ello, esto habría complicado enormemente el rápido cumplimiento del requisito incluso para los propios ciudadanos nacidos en el país. También habría generado un caos administrativo sin precedentes a nivel nacional.

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