Solo 25 de las más de 140 personas detenidas durante una redada masiva en San Antonio (Texas) el 16 de noviembre tenían antecedentes penales. Las autoridades realizaron el operativo en un terreno con puestos de comida ambulante donde, según los investigadores, también operaba un local de fiestas clandestinas vinculado al crimen organizado. El caso encendió las alarmas entre organizaciones de derechos humanos y defensores de migrantes.
Las autoridades federales informaron que en total se detuvo a 143 personas de distintas nacionalidades. La mayoría, 98, son de origen venezolano, mientras que también se identificó a 21 hondureños y 14 mexicanos. Además, quedaron bajo custodia cuatro cubanos, dos ecuatorianos, un nicaragüense, un peruano, un guatemalteco y un salvadoreño. Todos fueron trasladados a instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para continuar con los procesos migratorios.
Solo una minoría con antecedentes
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) detalló que únicamente 25 de los detenidos registraban antecedentes criminales, 13 por delitos federales y 12 por faltas menores. Pese a todo, las autoridades describieron el operativo como un “golpe importante” contra el Tren de Aragua, una organización delictiva de origen venezolano. Afirmaron que alrededor de 50 de los arrestados serían miembros “confirmados” de esa pandilla.
Sin embargo, las autoridades no presentaron pruebas concretas que demostraran la relación entre la mayoría de las personas detenidas y el grupo criminal. En consecuencia, abogados y activistas cuestionan que se utilice la etiqueta de “pandilleros” para justificar arrestos masivos. Señalan que muchos migrantes terminan asociados a bandas peligrosas sin evidencias sólidas, solo por su nacionalidad o por perfiles elaborados de manera opaca.
Un operativo respaldado por meses de vigilancia
La orden judicial que autorizó la redada, firmada por un juez del condado de Bexar, se basó en una investigación del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS). Un agente especial indicó que, durante varios meses, un testigo confidencial señaló que en uno de los locales se vendía droga y se realizaban fiestas clandestinas. Según ese testimonio, al lugar acudían presuntos miembros del Tren de Aragua para consumir y distribuir estupefacientes.
Con apoyo del testigo, el DPS aseguró haber documentado que el responsable del establecimiento vendía cocaína en el sitio. A partir de esa información, la policía estatal solicitó la orden de registro que permitió el ingreso coordinado de agentes federales y locales. El operativo se ejecutó alrededor de las 3 a.m., cuando decenas de personas se encontraban aún en la zona de puestos de comida y en los espacios usados para las fiestas.
Críticas por falta de transparencia y miedo en la comunidad
La redada provocó fuertes críticas de legisladores demócratas que representan distritos de San Antonio en el Congreso. Dirigentes como el congresista Joaquín Castro reclamaron más transparencia al Gobierno de Donald Trump sobre los motivos del operativo y el destino de los detenidos. Denuncian que la Administración no publica listas de nombres ni brinda información clara a las familias.
Organizaciones como Human Rights Watch y American Gateways advierten que este tipo de acciones generan miedo entre las comunidades latinas. La abogada Laura Flores-Dixit explicó que su organización ya asiste a familiares de al menos cinco jóvenes arrestados, todos de entre 20 y 24 años. Además, señaló que muchos de ellos carecen de antecedentes y podrían tener defensas migratorias que no se respetan cuando se les trata como criminales peligrosos desde el inicio.
El Tren de Aragua como argumento oficial
El Gobierno de Trump ha recurrido de forma insistente al Tren de Aragua para justificar redadas contra migrantes venezolanos. Diversos informes de organizaciones de derechos humanos sostienen que las autoridades identifican a personas como supuestos miembros de la banda sin pruebas suficientes. En muchos casos, la única base serían tatuajes, contactos en redes sociales o simples coincidencias de origen.
En instancias anteriores, Washington envió a centenares de venezolanos a un penal de máxima seguridad en El Salvador o a instalaciones como la base naval de Guantánamo. Investigaciones periodísticas y reportes de ONG concluyeron que buena parte de esos detenidos no tenía antecedentes ni vínculos comprobables con el crimen organizado. Por lo tanto, la redada en San Antonio se ve como la continuación de una estrategia más amplia de detenciones masivas bajo el paraguas del combate al Tren de Aragua.
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