Un fallo de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) del 23 de julio de 2025, designado como precedente por la fiscal general Pam Bondi, ha elevado el estándar de “miedo creíble” para solicitudes de asilo en Estados Unidos, afectando a miles de casos pendientes, especialmente de venezolanos. La decisión, conocida como Matter of O-Y-A-E, revirtió la protección otorgada a una exmilitar venezolana y podría endurecer los criterios para obtener asilo bajo la Convención contra la Tortura (CAT). Con cerca de 3 millones de casos de asilo pendientes, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR), este precedente marca un cambio significativo en el proceso migratorio.
El caso de O-Y-A-E
La protagonista del caso, identificada como O-Y-A-E, es una exoficial de contrainteligencia del Ejército venezolano que solicitó asilo en 2024, alegando temor a ser golpeada, secuestrada, torturada o asesinada si regresaba a Venezuela. Su argumento se basó en la negativa a falsificar un documento ordenado por su superior, el comandante Ortado, quien la amenazó a ella y a su familia. Según documentos judiciales, O-Y-A-E presenció la tortura de otro oficial y afirmó que Ortado envió una unidad militar armada a su casa tras su retiro del Ejército en julio de 2021.
Por ejemplo, el juez de inmigración inicialmente consideró su testimonio creíble y le otorgó protección bajo la CAT en diciembre de 2024, argumentando que el gobierno venezolano podría identificarla y torturarla. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) apeló, señalando que O-Y-A-E no sufrió amenazas ni daños después de julio de 2021 y permaneció en Venezuela hasta febrero de 2024 sin contacto con Ortado.
La decisión que cambia el panorama
La BIA, tras revisar el caso, determinó que el juez de inmigración cometió un “error evidente” al basar su decisión en hechos inexactos, como la supuesta persecución posterior a 2021. La Junta concluyó que O-Y-A-E no demostró un “riesgo individualizado de tortura”, revocando la protección otorgada y emitiendo una orden de deportación. La fiscal general Bondi, en su orden del 20 de agosto de 2025, estableció este fallo como precedente para todos los casos similares, exigiendo pruebas más contundentes de amenazas recientes y específicas.
Además, la decisión subraya que los solicitantes deben demostrar un riesgo actual y directo de persecución. En 2024, USCIS reportó 83,204 solicitudes de asilo de venezolanos, la nacionalidad con más casos pendientes, superando a El Salvador y Guatemala. Este precedente podría complicar las solicitudes basadas en temores históricos, como los presentados durante el gobierno de Hugo Chávez, según el abogado de inmigración José Guerrero.
Impacto en miles de casos
El fallo de la BIA afecta directamente a los 2.9 millones de casos de asilo pendientes en las cortes de inmigración y USCIS, según datos de 2025. Guerrero, con práctica en Miami, advirtió que el precedente podría usarse para rechazar casos con pruebas similares, especialmente aquellos de venezolanos que alegan persecución por motivos políticos. “Muchos casos presentados hace una década podrían ser desestimados si no hay evidencia reciente de amenazas”, señaló.
Por su parte, las nuevas facultades discrecionales otorgadas a los jueces en marzo de 2025 permiten rechazar casos sin audiencia si carecen de base legal sólida, acelerando deportaciones. En el primer semestre de 2025, las cortes de inmigración emitieron 47,312 órdenes de deportación, un aumento del 18% respecto a 2024, según EOIR. Los inmigrantes que no cumplan con estas órdenes enfrentan multas de 998 dólares diarios, según el Departamento de Justicia.
¿Qué pueden hacer los solicitantes?
Ante este escenario, los expertos recomiendan a los solicitantes de asilo, especialmente venezolanos, actualizar sus expedientes con evidencia reciente y específica. “Es crucial consultar con un abogado para fortalecer los casos antes de las audiencias”, afirmó Guerrero. Organizaciones como la Coalición por los Inmigrantes Venezolanos han criticado el fallo, argumentando que la situación en Venezuela sigue siendo peligrosa, con 7.7 millones de personas desplazadas, según la ONU.
Pese a todo, el precedente de O-Y-A-E refuerza la postura de la administración del presidente Donald Trump para agilizar los procesos migratorios. Mientras los solicitantes enfrentan plazos estrictos de 30 días para apelar ante la BIA, la comunidad migrante se prepara para un panorama más exigente en la búsqueda de protección en Estados Unidos.
