Estados Unidos confiscó $700 millones en activos vinculados al presidente venezolano Nicolás Maduro, en lo que la fiscal general Pamela Bondi describió como la mayor operación contra el “cabecilla de una sociedad criminal”. La acción, anunciada el 13 de agosto de 2025, incluye dos jets de lujo, mansiones en Florida y República Dominicana, una granja de caballos, nueve vehículos y joyas. La medida refuerza la ofensiva del presidente Donald Trump contra el régimen chavista, acusado de narcotráfico y vínculos con el Cártel de los Soles, en un contexto de creciente presión diplomática y militar.
Una incautación histórica
En una entrevista con Fox News, Bondi detalló que los activos incluyen propiedades valuadas en millones, como una mansión en Punta Cana y casas en Miami, además de $12 millones en efectivo y joyas. “Esto es crimen organizado, no diferente de la mafia”, afirmó, subrayando que la operación apunta a desmantelar las redes financieras de Maduro. La acción se enmarca en la estrategia de Trump para combatir organizaciones criminales transnacionales, con el Cártel de los Soles designado como grupo terrorista por su rol en el tráfico de cocaína y fentanilo hacia EE.UU.
Por lo tanto, la confiscación marca un hito. Desde 2020, EE.UU. ha intensificado sanciones contra el régimen venezolano, congelando activos por más de $1,400 millones, según el Departamento del Tesoro. La operación de agosto, ejecutada tras meses de investigación por la DEA y el FBI, representa el mayor golpe financiero directo contra Maduro, superando la incautación de un avión presidencial venezolano en 2024, valuado en $13 millones, según Reuters.
Recompensa récord y respuesta militar
El Departamento de Justicia elevó la recompensa por información que lleve al arresto de Maduro a $50 millones, la más alta en la historia, duplicando los $25 millones ofrecidos previamente. Bondi acusó a Maduro de ser “uno de los mayores narcotraficantes del mundo”, señalando su relación con figuras como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. El 7 de agosto, Trump firmó una directiva autorizando a las Fuerzas Armadas a actuar contra cárteles latinoamericanos, incluyendo el Cártel de los Soles, según el secretario de Estado Marco Rubio.
En consecuencia, Rubio calificó al régimen de Maduro como una “organización criminal” que no solo trafica drogas, sino que colabora con grupos como Hezbolá y el Tren de Aragua, este último añadido a la lista de organizaciones terroristas en febrero de 2025. “No reconocemos la legitimidad de Maduro; es una amenaza a la seguridad nacional”, afirmó Rubio, justificando las acciones como un esfuerzo para proteger a EE.UU. de la violencia y las drogas provenientes de Venezuela.
La reacción desde Caracas
Desde Venezuela, Maduro respondió con una “ofensiva especial” para reforzar la seguridad en los 24 estados y Caracas, integrando fuerzas civiles y militares en los llamados “cuadrantes de paz”. El canciller Yván Gil denunció la confiscación como una “burda operación de propaganda” y una “amenaza militar” para convertir a Latinoamérica en un “escenario de guerra colonial”. Gil pidió a la comunidad internacional rechazar lo que calificó de “actos terroristas” orquestados por EE.UU. y la oposición venezolana, según Telesur.
Pese a todo, las acusaciones de Gil no han frenado la presión estadounidense. El Departamento de Estado señaló que las sanciones y confiscaciones buscan aislar al círculo de Maduro, incluyendo a Cilia Flores y Tareck El Aissami, vinculados a redes de lavado de dinero. En Florida, donde se incautaron varias propiedades, las autoridades locales colaboraron con agentes federales para identificar activos adquiridos con fondos ilícitos, según Miami Herald.
Un mensaje a los cárteles
La operación envía un mensaje claro a los cárteles y regímenes aliados, según Bondi. En 2024, EE.UU. sancionó a 14 empresas venezolanas por su rol en el comercio ilícito de petróleo, que generó $2,300 millones para el régimen, según el Departamento del Tesoro. La confiscación de los $700 millones refuerza la estrategia de Trump para debilitar financieramente a Maduro, mientras la DEA intensifica investigaciones sobre el flujo de fentanilo desde Venezuela a través de México. Por ahora, las tensiones entre Washington y Caracas siguen escalando, con el régimen chavista prometiendo resistir lo que llama una “agresión imperialista”.
