EN PORTADA: LA 25ª ENMIENDA

Aquí te explicamos cómo funciona el mecanismo constitucional que permite declarar incapacitado a un presidente en funciones.

EN PORTADA

9 de abril del 2026
06:27 am EST

Grupo bipartidista pidió que se invoque la 25ª Enmienda para destituir a Trump.

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El panorama político en Washington ha alcanzado un punto de ebullición sin precedentes. La estabilidad del Poder Ejecutivo se encuentra bajo el escrutinio público tras una serie de advertencias bélicas extremas. Recientemente, un grupo bipartidista ecléctico ha solicitado formalmente invocar la 25ª Enmienda para destituir a Donald Trump. Esta iniciativa surge como respuesta a la retórica del mandatario sobre el conflicto con Irán. Los críticos consideran que sus palabras reflejan una preocupante incapacidad para ejercer la presidencia de manera segura.

El debate constitucional resurgió con fuerza tras declaraciones emitidas por Trump el martes por la mañana. En su mensaje, el presidente advirtió que “toda una civilización” podría morir esa misma noche. Esta amenaza se produjo en el marco de un ultimátum dirigido al régimen de Teherán. Aunque finalmente se anunció un alto el fuego de dos semanas, el impacto psicológico fue profundo. Legisladores de ambos espectros políticos manifestaron su inquietud ante lo que consideran impulsos peligrosos y desmedidos.

Históricamente, la 25ª Enmienda se diseñó para situaciones de incapacidad física o mental clara del líder. Fue ratificada tras el asesinato de John F. Kennedy para evitar vacíos de poder. No obstante, su uso para destituir a un presidente en funciones es sumamente complejo. Requiere el respaldo unánime del vicepresidente y de la mayoría de los miembros del gabinete. Hasta ahora, no existen indicios de que J. D. Vance esté dispuesto a liderar tal proceso.

¿Qué factores motivaron este llamado bipartidista inusual?

La principal causa de alarma radica en la naturaleza de las amenazas militares recientes. Trump sugirió ataques directos contra centrales eléctricas y diversas infraestructuras civiles iraníes. Diversos expertos en derecho internacional denunciaron estas acciones como potenciales crímenes de guerra. La preocupación escaló ante la sospecha del posible uso de armamento nuclear en la región. Aunque la Casa Blanca negó tajantemente esta posibilidad, el temor ya se había instalado en el Capitolio.

Lo que hace este episodio diferente es el origen de las críticas recibidas. Ya no se trata únicamente de la oposición demócrata, encabezada por figuras como J. B. Pritzker. Ahora, voces influyentes de la derecha se han sumado a la exigencia de destitución. Alex Jones, conocido por sus posturas extremistas, cuestionó públicamente cómo aplicar la enmienda al mandatario. Asimismo, la excongresista Marjorie Taylor Greene calificó las palabras del presidente como “malvadas y propias de la locura”.

Esta amalgama de voces incluye también a exfuncionarios del propio círculo de confianza de Trump. Anthony Scaramucci, antiguo director de comunicaciones, fue uno de los más vocales al respecto. Scaramucci afirmó que el presidente está pidiendo un ataque nuclear y urgió a su destitución inmediata. Incluso figuras del movimiento “Never Trump” y columnistas conservadores moderados coinciden en el diagnóstico. Argumentan que el escenario actual exige una intervención constitucional urgente para proteger la seguridad global.

¿Cómo funciona el mecanismo de destitución según la Constitución?

La sección cuarta de la 25ª Enmienda establece el procedimiento para declarar a un presidente incapaz. El vicepresidente y la mayoría de los secretarios del gabinete deben enviar una declaración escrita al Congreso. En ese instante, el vicepresidente asume inmediatamente las funciones como presidente interino del país. Si el presidente impugna esta decisión, el Congreso debe decidir el resultado mediante una votación. Se requiere una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para ratificar la destitución permanente.

Este proceso está diseñado para ser extremadamente difícil de ejecutar por motivos políticos. Busca prevenir golpes de Estado internos o destituciones basadas meramente en diferencias ideológicas. Durante el primer mandato de Trump, se reveló que el gabinete discutió esta opción en secreto. Aquello ocurrió tras los sucesos del asalto al Capitolio en enero de 2021. Sin embargo, en aquel entonces, el debate se mantuvo oculto hasta que terminó su periodo presidencial.

Hoy, la diferencia fundamental es que el debate se ha trasladado al ámbito público. Los aliados de Trump ya no guardan silencio ante sus dudas sobre el juicio del líder. El vicepresidente J. D. Vance, por su parte, mantiene una lealtad pública inquebrantable hacia el mandatario. El martes, mientras se encontraba en Hungría, Vance facilitó que Trump hablara en un mitin político. Esta cercanía hace que la invocación de la enmienda sea improbable en el futuro cercano.

¿Qué riesgos perciben los antiguos aliados del presidente?

Figuras como Tucker Carlson han manifestado una inquietud sin precedentes sobre las intenciones del Ejecutivo. Carlson criticó duramente las amenazas de atacar infraestructuras que provocarían muertes masivas de civiles. El presentador describió estas tácticas como un “crimen moral” de proporciones históricas. Por otro lado, el senador republicano Ron Johnson advirtió que Trump perdería su apoyo de inmediato. Johnson subrayó que los ataques a objetivos civiles son, de hecho, actos ilegales.

La Casa Blanca ha intentado calmar las aguas mediante aclaraciones oficiales constantes. Han negado que el arsenal nuclear esté sobre la mesa de negociaciones con Irán. Sin embargo, las declaraciones ambiguas del vicepresidente Vance no ayudaron a disipar las dudas. Vance mencionó el uso de “herramientas del arsenal” que aún no han sido utilizadas. Para muchos analistas, este lenguaje críptico solo aumentó la desconfianza de los legisladores más experimentados.

El uso de la 25ª Enmienda como amenaza política tiene un peso simbólico muy fuerte. Funciona como una advertencia intimidatoria para que el presidente reflexione sobre sus próximas acciones bélicas. Los demócratas y republicanos disidentes parecen enviar un mensaje claro sobre los límites del poder presidencial. La posibilidad de un juicio político o una destitución forzada siempre genera inestabilidad en los mercados. Por ello, la administración busca desesperadamente proyectar una imagen de control y racionalidad diplomática.

¿Cuál es el precedente histórico de este mecanismo legal?

El origen de esta norma constitucional se remonta a la salud de Dwight Eisenhower. El expresidente sufrió infartos graves que lo inhabilitaron temporalmente durante su mandato en los años cincuenta. En aquel momento, no existía una regla clara para transferir el poder al vicepresidente. Eisenhower tuvo que realizar un acuerdo privado con Richard Nixon para gestionar tales contingencias. Tras la tragedia de Dallas en 1963, el país comprendió la urgencia de legislar sobre la sucesión.

En la era moderna, la administración de Ronald Reagan llegó a redactar borradores para este proceso. Tras el atentado sufrido por Reagan en 1981, se consideró seriamente transferir el poder al Senado. Aquellas cartas nunca se enviaron, pero permanecen archivadas como testimonio de la fragilidad del mando. Históricamente, el mecanismo se pensó para situaciones de coma o derrames cerebrales súbitos. Nunca se ha utilizado para remover a un presidente por cuestiones de temperamento o juicio político.

A pesar de las dificultades legales, el clamor popular no parece disminuir con el alto el fuego. Los opositores sostienen que el patrón de comportamiento de Trump es cíclico y altamente volátil. Argumentan que una tregua de dos semanas no garantiza que el peligro haya desaparecido por completo. El grupo bipartidista insiste en que el Congreso debe estar alerta ante cualquier nueva señal de impulsividad. La seguridad nacional, afirman, debe estar por encima de cualquier lealtad partidista o personal.

¿Qué significa este debate para el futuro político de Trump?

La reaparición de la 25ª Enmienda en el discurso público debilita la autoridad moral del presidente. Muestra una fractura profunda incluso entre quienes lo ayudaron a llegar nuevamente a la Casa Blanca. Los llamados a su destitución provenientes de la derecha son especialmente dañinos para su base electoral. Indican que el temor a un conflicto nuclear global supera las afinidades políticas tradicionales. Este fenómeno podría influir en las próximas decisiones legislativas sobre el presupuesto militar y los poderes de guerra.

La administración Trump enfrenta ahora el desafío de demostrar que su estrategia es coherente. El acuerdo de alto el fuego con Irán fue presentado como una victoria diplomática personal. No obstante, sus detractores lo ven como una reacción tardía ante la presión interna y externa. El hecho de que antiguos aliados lo comparen con figuras apocalípticas refleja un nivel de alarma extremo. La política exterior de Estados Unidos se encuentra en un punto de inflexión donde la diplomacia parece ser la única alternativa.

Finalmente, la 25ª Enmienda seguirá siendo un fantasma que recorre los pasillos de Washington. Aunque su aplicación efectiva sea remota, su sola mención altera el equilibrio del poder. El presidente deberá navegar estas dos semanas de tregua con una cautela inusual para evitar nuevas crisis. El mundo observa con atención si los mecanismos de control constitucional son capaces de contener las ambiciones bélicas. La democracia estadounidense se pone a prueba una vez más ante la posibilidad de una transición forzada.