Trump pide prisión para el alcalde de Chicago y el gobernador de Illinois.
En un nuevo pico de confrontación política, el presidente Donald Trump ha escalado su retórica contra las autoridades demócratas de Illinois, exigiendo públicamente el encarcelamiento del gobernador J.B. Pritzker y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson. La declaración, emitida en Truth Social, acusa a ambos de “no proteger a los agentes de ICE” durante operativos migratorios federales en la ciudad. “¡El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel! ¡Y el gobernador Pritzker también!”, escribió Trump, rompiendo tabúes sobre la independencia del Departamento de Justicia.
Esta andanada llega en medio de la “Operación Midway Blitz”, una ofensiva de ICE que ha generado protestas masivas y un despliegue controvertido de la Guardia Nacional. Pritzker y Johnson, aliados en la resistencia, respondieron con desafío: “No daré un paso atrás”, tuiteó el gobernador, advirtiendo de un “camino hacia el autoritarismo total”. Johnson, evocando su identidad racial, agregó: “Esta no es la primera vez que Trump intenta arrestar injustamente a un hombre negro. No iré a ningún lado”.
Redadas y resistencia local en Illinois
Chicago, con su estatus de “ciudad santuario”, ha sido epicentro de la agenda antiinmigratoria de Trump. Illinois y la urbe limitan la colaboración policial con ICE, protegiendo a residentes indocumentados. Johnson, en su primer mandato, reforzó estas barreras con órdenes ejecutivas que prohíben a agentes federales usar propiedades municipales para preparar redadas.
Pritzker, heredero de la fortuna Hyatt y posible contendiente presidencial en 2028, ha calificado las acciones de Trump como una “cruzada obsesiva” contra la inmigración, comparándolo con Vladimir Putin y cuestionando su salud mental.
La tensión estalló el fin de semana con un tiroteo en el South Side. Agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon cinco veces a Marimar Martínez, de 30 años, y Anthony Ruiz, de 21, acusados de embestir y acorralar un vehículo federal. Martínez, ciudadana estadounidense, y Ruiz fueron liberados bajo fianza, pese a cargos de agresión a un oficial. Su abogado, Christopher Parente, alega que videos de body cams contradicen la versión del Gobierno, pintando un incidente de escalada innecesaria.
Trump, que tilda a Chicago de “infierno criminal”, ignora datos del Departamento de Policía que muestran caídas drásticas: homicidios bajaron 28% interanual y 50% en cuatro años. En cambio, ha desplegado 200 soldados de la Guardia Nacional de Texas fuera de la ciudad, con 300 más de Illinois en reserva. La misión: respaldar a ICE ante protestas en Broadview, un centro de detención donde multitudes han chocado con federales usando gas lacrimógeno.
Demanda y amenazas de escalada en Illinois
Illinois y Chicago demandaron para bloquear el despliegue, argumentando que viola límites constitucionales al involucrar al Ejército en asuntos internos sin “insurrección” justificada. Una jueza federal decidirá sobre una restricción temporal. Trump, desde el Despacho Oval, insinuó invocar la Ley de Insurrección de 1807 —un poder de emergencia no usado en décadas— para sofocar manifestaciones, similar a amenazas en Portland.
El senador Bernie Sanders condenó la retórica: “Esto no es democracia. Es autoritarismo”. Pritzker ve en ello un complot electoral: militarizar bastiones demócratas para desanimar votantes de cara a 2026. “Debería enfocarse en problemas globales, no invadir nuestro estado”, dijo el gobernador en agosto durante una visita al South Side.
Choque en el Senado: Bondi vs. Durbin
La fiscal general Pam Bondi avivó las llamas en su testimonio ante el Comité Judicial del Senado. Interpelada por el senador Dick Durbin (D-IL), quien cuestionó la legalidad del despliegue, Bondi replicó: “Ojalá amaran a Chicago tanto como odian al presidente Trump”. Defendió las tropas como protectoras de residentes ante “delitos que la policía local no contiene”, citando cientos de homicidios anuales —pese a las estadísticas contradictorias—.
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Durbin insistió: “Es mi responsabilidad preguntar la justificación legal”. Bondi retó: “Dígame una subvención rechazada para la policía de Illinois; trabajaré con usted”. Anunció envíos de su adjunto Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, a Chicago, intensificando la percepción de politización.
Este episodio evoca investigaciones del DOJ contra rivales de Trump: el exdirector del FBI James Comey se declaró inocente en Virginia de cargos “cargados de significado histórico”; el senador Adam Schiff, la fiscal Letitia James y Andrew Cuomo enfrentan pruebas que ellos llaman “venganza política”. Durante su campaña 2024, Trump prometió: “Soy su retribución”.
¿Hacia un autoritarismo declarado?
Pritzker, quien rechazó ser compañero de fórmula de Kamala Harris en 2024, busca un tercer mandato como gobernador en 2026. Su alianza con Johnson —quien acusa a Trump de “guerra contra Chicago” y “animadversión a personas de color” (un tercio de sus 2.7 millones de habitantes son negros o hispanos)— simboliza la brecha partidista. “Es un monstruo”, dijo Johnson en mayo.
Mientras las protestas persisten y la jueza evalúa la demanda, la pregunta resuena: ¿es esta protección federal o erosión democrática? Con el shutdown gubernamental acechando y elecciones midterm en el horizonte, Illinois se erige como campo de batalla. Trump no responde consultas de la Casa Blanca, pero su Truth Social late con furia. Para los demócratas, es un llamado a “levantar la voz” contra un “dictador aspirante”. La decisión podría inclinar la balanza —o avivar el fuego.
