Proponen sacar a enfermeros y a otros trabajadores de la categoría de “profesionales”.
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Una de las medidas más polémicas incluidas en la “Gran y Bella Ley” promulgada por el presidente Donald Trump a mediados de año comienza a tomar forma definitiva. A partir del 1 de julio de 2026, el Departamento de Educación aplicará límites estrictos a los préstamos federales para estudiantes de posgrado y restringirá drásticamente qué carreras seguirán considerándose “profesionales” a efectos de financiación. Entre las grandes afectadas está la enfermería avanzada, la fisioterapia, la terapia ocupacional, la higiene dental y el trabajo social, profesiones que hasta ahora podían acceder a préstamos ilimitados a través del programa Grad PLUS.
La reforma elimina este programa y lo sustituye por el nuevo Plan de Asistencia para el Reembolso (RAP). Este impone topes de 50.000 dólares anuales (máximo 200.000 en total) solo para los títulos que el gobierno clasifique como profesionales. El resto –incluida la enfermería– quedará limitado a 20.500 dólares al año y 100.000 dólares en total. Esta misma cifra reciben los estudiantes de máster académicos ordinarios.
La decisión ha desatado la indignación de decenas de asociaciones sanitarias, que la califican de “bofetada” a quienes sostuvieron el sistema de salud durante la pandemia.
¿Qué carreras quedan fuera de la categoría “profesional”?
El Departamento de Educación ha optado por una interpretación restrictiva de la Ley de Educación Superior de 1965. Aunque esa norma histórica ofrecía ejemplos de títulos profesionales (medicina, derecho, farmacia, odontología, veterinaria, optometría, quiropráctica, podología, medicina osteopática y teología) y aclaraba que la lista no era exhaustiva, la nueva regulación cierra la puerta: solo esas diez áreas mantendrán el estatus privilegiado.
Enfermería avanzada (enfermeras practicantes, anestesistas, matronas y especialistas clínicos), fisioterapia, terapia ocupacional, audiología, logopedia, higiene dental y trabajo social quedan excluidas. También pierden la categoría profesiones no sanitarias como arquitectura, contabilidad o educación. En la práctica, esto significa que miles de estudiantes que aspiran a roles avanzados en la atención directa al paciente verán reducida a la mitad la ayuda federal disponible.
Los números que preocupan al sector
Según la Asociación Estadounidense de Facultades de Enfermería, uno de cada seis enfermeros registrados en Estados Unidos poseía un máster en 2022. Actualmente hay más de 260.000 estudiantes en programas de Licenciatura en Ciencias de Enfermería y 42.000 en programas asociados. La mayoría de quienes cursan posgrados clínicos trabajan a tiempo parcial o abandonan sus empleos para estudiar. Es por ello que dependen casi exclusivamente de los préstamos federales.
Kim Litwack, decana de la Facultad de Profesiones y Ciencias de la Salud de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, explicó a medios nacionales que “prácticamente el 100 % de nuestros estudiantes de posgrado depende de la ayuda federal. Si desaparece, tendremos serias amenazas para la atención primaria”.
El argumento oficial y sus críticas
La administración Trump defiende la medida como parte de una estrategia para contener el aumento descontrolado de las matrículas universitarias. Según el Departamento de Educación, limitar los préstamos forzará a las facultades con precios inflados a competir bajando costos. Además, asegura que el impacto será mínimo: el 95 % de los estudiantes de enfermería, dicen, cursa programas cuyo coste total está por debajo de los 100.000 dólares que seguirán disponibles.
Sin embargo, las asociaciones replican que esa cifra ignora los programas de enfermería avanzada más prestigiosos y los doctorados clínicos (DNP). Estos fácilmente superan los 150.000 dólares. También señalan que los estudiantes que necesiten más financiación tendrán que recurrir a préstamos privados con intereses que duplican o triplican los federales.
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Un golpe especialmente duro a las mujeres y a zonas rurales
Tres de cada cuatro trabajadores sanitarios a tiempo completo en Estados Unidos son mujeres, según datos de la Oficina del Censo de 2019, y la proporción sube al 90 % en enfermería y profesiones afines. Las organizaciones denuncian que la medida tiene un claro sesgo de género y racial, ya que muchas de estas carreras son también puerta de entrada a la clase media para mujeres de minorías.
En áreas rurales y comunidades desatendidas, las enfermeras practicantes son frecuentemente el único proveedor de atención primaria disponible. “En muchas regiones, si no hay enfermeras tituladas de práctica avanzada, simplemente no hay atención”, advirtió una portavoz de la Asociación Estadounidense de Enfermeras.
“Durante la pandemia estuvimos ahí; este es el agradecimiento”
Susan Pratt, enfermera y presidenta del sindicato de enfermeros de Toledo (Ohio), no oculta su indignación: “Es una bofetada en la cara. Cuando el país nos necesitaba, las enfermeras estuvimos en primera línea, muchas veces sin equipos de protección adecuados. Y ahora, cuando queremos seguir formándonos para dar una atención mejor, nos cierran la puerta”.
Pratt teme que la medida disuada a los jóvenes de elegir la profesión. “La posibilidad de avanzar, de hacer un máster y convertirse en enfermera practicante o anestesista, ha sido uno de los grandes atractivos para las nuevas generaciones. Si lo encarecemos tanto, simplemente elegirán otras carreras”.
Hacia un déficit aún mayor de personal sanitario
Las proyecciones no son alentadoras. Distintas organizaciones estiman que para 2030 Estados Unidos podría enfrentar un déficit de hasta 500.000 enfermeros registrados. Reducir el acceso a la formación avanzada, advierten, no hará más que agravar la crisis.
Las asociaciones han lanzado campañas nacionales y peticiones al Departamento de Educación para que incluya al menos los títulos sanitarios que requieren licencia estatal y práctica clínica autónoma dentro de la categoría profesional. Hasta ahora, la respuesta oficial ha sido silencio.
Mientras tanto, decenas de miles de futuros estudiantes aguardan con incertidumbre el 1 de julio de 2026, fecha en que la “Gran y Bella Ley” convertirá en realidad uno de los cambios más profundos en el financiamiento de la educación superior sanitaria de las últimas décadas. Para muchos, el mensaje parece claro: ciertas profesiones que sostienen la salud del país ya no serán consideradas “profesionales” por el gobierno que dicen representar a todos los estadounidenses.
